En voga en al menos los últimos 25 años, primero llamado economía de los cuidados, popularmente hoy considerado cómo “los cuidados”, el tema se ha colocado en el último lustro en la discusión internacional entre gobiernos, concluyendo que “el cuidado” es un nuevo derecho para todas las personas: “derecho a ser cuidado”, donde ese derecho se extiende a quienes cuidan, mujeres principalmente.

Un asunto que nos ha ocupado históricamente. Desde el momento en que las feministas ubicamos cómo la maternidad y la familia, atención sentimental, física, nutricional, a otros y otras, labores asignadas a las mujeres desde la sociedad primitiva, que consideramos es el origen de la esclavitud de las mujeres: fuente de control social y reproducción en el sistema capitalista, tal como el feminismo socialista lo planteó desde principios del siglo XXI.

Lo que dicen los gobiernos, a través de la Organización de Naciones Unidas (ONU), es que las tareas de los “cuidados” deberán ser asumidas por el Estado, involucrando a muy distintos actores y desarrollando políticas públicas para dotar a todas las personas de cuidados -del nacimiento a la muerte-, asumiendo estas tareas a través de políticas e instituciones públicas.

Lo cierto es que los cuidados están a debate desde la perspectiva feminista; su definición, interpretación, análisis y enfoque, aunque son abordados desde distintas posiciones donde algunas reconocen a las mujeres por su tarea milenaria, con diferencias de enfoque se afirma que “los cuidados” son aquellas actividades que se realizan para el mantenimiento de la vida y la salud, históricamente invisibilizados, relegados al ámbito doméstico, sin remuneración y que atribuidos a las mujeres, no formaron parte de la economía, pero deben asumirse por todas y todos. En México, según las mediciones de INEGI, el trabajo no remunerado de las mujeres significa el 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Los “cuidados” hoy forman parte de la Agenda 2030, un plan de acción de las Naciones Unidas que dice buscar la prosperidad, la paz universal y el acceso a la justicia. Conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que abordan metas sociales, económicas y ambientales.

Su quinto objetivo es lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres: Eliminar prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado, y la mutilación genital femenina; reconocer y valorar el trabajo doméstico y los cuidados no remunerados; promover la responsabilidad compartida en el hogar y la familia; poner fin a la violencia contra las mujeres; promover la participación política y el liderazgo de las mujeres y promover el empoderamiento económico de las mujeres. Una definición repetida desde 1995 durante la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing y otros numerosos acuerdos.

La inclusión del cuidado en las políticas públicas ha suscitado una tensión entre diversos sectores sociales, porque revertiría la histórica familia patriarcal. En teoría sería la revolución necesaria para liberar a las mujeres.

Sin embargo, uno de los puntos de discusión ha sido entre el movimiento de las personas con discapacidad, las organizaciones de personas cuidadoras y los colectivos feministas, por incapacitarlas aún más a través de representaciones del cuidado como una carga.

Así nació la propuesta actual

Se requiere implementar políticas de cuidado que tengan en cuenta las transformaciones familiares y ponderen la igualdad de género, para que no recaiga sobre las mujeres el peso del cuidado de la población dependiente; por otra parte, se creó consciencia sobre la importancia de valorar los cambios demográficos que muestran el rápido incremento de las personas mayores y equilibrar la puesta en marcha de políticas de cuidado en la vejez en igualdad de importancia que las políticas de cuidado infantil.

La reflexión para los cambios constitucionales en México consideran establecer que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Se indica que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, así como a los servicios para la atención, cuidado, y desarrollo integral infantil, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Se precisa que toda persona tiene derecho al cuidado digno que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Se indica que el Estado promoverá la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las actividades de cuidado, así como la libertad que tienen las personas para decidir si adquieren o no como obligación el cuidar a quien lo requiera, y el derecho para decidir la distribución del tiempo propio acorde a sus necesidades e intereses. Para garantizar el derecho al cuidado digno se implementará el Sistema Nacional de Cuidados.

Tendrán prioridad en dicho sistema las personas que requieran cuidados por enfermedad, discapacidad, niñas, niños, adolescentes y personas mayores quienes vivan en condiciones de extrema pobreza, y las personas que realicen actividades de cuidados sin remuneración alguna. Personas por mujeres y la prioridad es el derecho de todos y todas a los cuidados.

Se considera que muchas actividades que se realizan dentro del hogar o la comunidad que son de vital importancia para el funcionamiento del sistema económico y social.

Actividades como la preparación de los alimentos, el arreglo y mantenimiento del hogar y las prendas de vestir, actividades de cuidado a personas mayores, con discapacidad o niños (enseñanza de valores y habilidades), entre otras, también son necesarias para la reproducción del capital humano, dado que sirven para la manutención de los trabajadores actuales y futuros.

Sin embargo, estas actividades son poco valoradas por la sociedad, principalmente porque la mayoría de ellas se realizan sin recibir una remuneración monetaria a cambio.

Expulsión del trabajo

Según INEGI y el Senado de la República, las renuncias laborales de las mujeres, en 2021 casi una de cada cuatro mujeres (22%) ha renunciado a todo o parte de su trabajo para cuidar de sus hijos e hijas. El 11 por ciento solicitó reducción de jornada y 74 por ciento renunció a sus vacaciones por atender a los menores.

Estos argumentos son la base de las propuestas para reconocer que las mujeres, solas, ya no pueden hacerse cargo de “los cuidados”.

En México:

- 80% quienes cuidan a personas con discapacidad son mujeres

- 96% de quienes cuidan a niñas y niños de cero a cinco años son mujeres

- 90% de las cuidadoras de infantes y adolescentes de seis a 17 años son mujeres

- Y 67% de quienes están a cargo de personas de 60 años y más son mujeres.

La propuesta pendiente en el Senado para crear un Sistema Nacional de Cuidados es la posibilidad de que el Estado ofrezca una estrategia coordinada de servicios básicos de cuidado, que garantice la autonomía de las personas, para que todas esas mujeres puedan acceder al mercado laboral formal; todas esas mujeres estarían aportando a su seguridad social, a su pensión y a ese sistema de cuidados. No solo la vida de las mujeres cambiaría, sino también la economía del país.