Las materias en las que operaban los órganos autónomos y que fueron dictaminados para desaparecer con la reforma a 14 artículos de la Constitución desde agosto de 2024, se verán afectadas, pero ¿cómo? a saber: de competencia, telecomunicaciones, transparencia, energía, educación y política social, se verán.
La Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso finalmente revisó siete órganos y el pasado 20 de noviembre con 347 votos a favor aprobó en lo general el dictamen para desaparecer a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Por un lado, la presidenta electa retomó el discurso de su predecesor en el sentido de que la creación de esos organismos se dio para generar una burocracia dorada. Por otro lado, México Evalúa afirma que “impactan negativamente en el bienestar de la población” específicamente porque “la autonomía de estos órganos se fundamenta en la necesidad de permitirles operar y resolver de manera separada de los ciclos políticos, sin conflictos de interés en sus resultados”, además de que “representa sólo el 0.05%” del erario.
Además, ¿afectarán el T-MEC? ¿Morena asegura control faccioso? ¿cómo operarán sus materias? ¿sólo se trata de una “simplificación orgánica”? ¿realmente es el fin de la etapa neoliberal? En el discurso, el planteamiento de la iniciativa es que se transfieran las funciones de esos organismos a dependencias de gobierno, pero con el carácter de descentralizados y manteniendo su independencia técnica y patrimonio propio.
La promesa de la presidenta es que en las leyes secundarias se determinarán los nombramientos, que pueden ser por parte del Ejecutivo o ratificados por el Senado. Así pues: la CRE se integrará a la Secretaría de Energía e incluirá ciudadanos para que revisen y hagan los procesos y criterios técnicos de forma transparente; el INAI desaparece por completo y sus funciones serán asumidas por la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, además de que el INE atenderá las solicitudes de información y recursos de revisión de los partidos políticos; el INEGI absorberá las funciones del CONEVAL para medir la pobreza y evaluar los programas sociales federales; a la SEP se trasladan las funciones de MEJOREDU, la evaluación de los estudiantes de educación básica.
Como ciudadana común se vislumbra un panorama de control de esas siete materias desde el ejecutivo, nada alentador para el federalismo que hasta ahora no ha sido posible fortalecer. La República implica la separación de poderes, la no concentración en uno, aunque el argumento sea orientado hacia “va a haber más transparencia ahora, pero no corruptelas”. Mientras tanto, el desconcierto y el reclamo porque haya una gobernanza real, esa que obliga a la participación social. Ciertamente entonces, la balanza se inclina hacia la concentración del poder, sobre todo donde la ligereza de una mayoría en el congreso avanza implacable para configurar un modelo “democrático” donde no hay contrapesos. Ya veremos las leyes secundarias.
*Politóloga, profesora-investigadora. Miembro Fundadora de la AMECIP y secretaria de Membresías. Mail: margarita_arguelles@hotmail.com
