Los próximos mandos de las Fuerzas Armadas fueron anunciados por la presidenta electa, Ricardo Trevilla Trejo y Raymundo Pedro Morales Ángeles como titulares de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) respectivamente. Los problemas pendientes que se deben atender están centrados en las decisiones que tomen ambos personajes, con la dirección del Ejecutivo. ¿Qué se debe resolver de la Seguridad Nacional? De entrada, un asunto no resuelto desde la década de los 70.
El 4 de enero de 1999 bajo la presidencia de Ernesto Zedillo se creó la Policía Federal Preventiva como parte de la Secretaría de Gobernación con facultades preventivas. Se integraron por ley a la Policía Federal de Caminos, Policía Fiscal Federal y Policía de Migración. Más adelante, el presidente Fox creó la Secretaría de Seguridad Pública con una Policía Federal Preventiva, así entonces separa la seguridad pública de la Secretaría de Gobernación (Centro de Estudios Constitucionales, SCJN/25junio 2020).
Pero fue con el presidente Calderón que a la Policía Federal también se faculta para investigar, en 2009, para colaborar con la Procuraduría General de la República y auxiliar para las policías estatales, municipales y del entonces Distrito Federal. Las decisiones fueron justificadas desde la presidencia por el incremento de la violencia, secuestros y corrupción que evidenciaba la complicidad de los cuerpos policiacos que desde los años 70 se coludieron como protectores del crimen organizado, en particular con el cartel de Guadalajara, liderado por los sinaloenses Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca y Rafael Caro Quintero.
Después de estos cambios, el nuevo gobierno con el regreso del PRI a la presidencia desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y crea la Comisión Nacional de Seguridad, vinculando ahí a la Policía Federal, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; en 2013 se anunció que sería una Gendarmería dependiente del ejército. Pero Ayotzinapa llegó en septiembre 2014 y fue señalada la colusión de esta corporación con grupos criminales en la desaparición de los 43 normalistas.
El artículo 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece que “La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia (…)”, además, “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, (…)” que sujeta a unas bases mínimas. Así que, la dependencia de la GN al Ejército Mexicano es una violación constitucional.
El pendiente sigue siendo el mismo, la corrupción que fue señalada por el agente Enrique Camarena Salazar y el grupo de la Drug Enforcement Administration (DEA), registrada en las grabaciones obtenidas por sus torturadores. Efectivamente, un antes y un después con su asesinato en la forma de proceder del gobierno norteamericano. Tal es el caso de las últimas detenciones no anunciadas al gobierno federal ¿Sería suficiente un cambio en la constitución para que la GN dependa del Ejército? La militarización como solución en pleno siglo XXI.
*Politóloga, profesora-investigadora. Miembro Fundadora de la AMECIP y secretaria de Membresías. Mail: margarita_arguelles@hotmail.com
