Como lo determina el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la encargada de vigilar y operar el diseño, ejecución y coordinación de políticas públicas en materia de generación de empleos, las relaciones contractuales, y de los derechos laborales y sociales que emanan de lo anterior. La operación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para dirimir disputas laborales entre empleados y empleadores, la dirección de los sistemas de formación profesional para el trabajo, cursos de capacitación para el trabajo, revisión de contratos colectivos, estatutos sindicales, reglamentos o políticas empresariales, procesos de producción y la normatividad relativa a empleos, para que no sean violatorias; además de dirigir la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Todo ello seguirá en manos del joven Marath Baruch Bolaños López, internacionalista de la UNAM, después de que el 20 de junio fuera designado por el presidente López Obrador como secretario del Trabajo, ya que Luisa María Alcalde Luján fue removida a la secretaría de Gobernación.
La operación puntual se encuentra descrita en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (DOF 01-04-2024), pero los retos se dibujan en nuestro panorama nacional. Por lo pronto, las tres propuestas laborales: reducción de la jornada laboral, incremento al aguinaldo y la licencia de paternidad, quedaron pendientes de discusión en las Comisiones de la Cámara de Diputados. Todas ellas impactan directamente en los costos de las empresas, que por otro lado buscan sobrevivir a los embates de la macroeconomía. Además, continuar con los incrementos al salario mínimo, las normas NOM 035 (norma contra el estrés laboral) y la NOM 037 (que regula el trabajo desde casa), configuran un escenario complejo para el estado, que debe velar por los derechos de los trabajadores mexicanos.
El joven secretario estuvo a cargo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y del Servicio Nacional de Empleo, que deberá responder a las promesas no sólo de su impulsor sino de la continuidad con la nueva administración, un reto que debe impactar al 23.5% de la población joven de 15 a 29 años en el país (INEGI, 2023). Un permiso que se da a través del Registro de Prestadores de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE), habilitado en 2021 por la STyPS, de la que no se ha publicado evaluación alguna.
De hecho, con la reforma al outsourcing se determina como sancionable a la subcontratación que hagan empresas sin registro hasta con penas de 13 años y medio de cárcel. Además de que pueda elevarse a rango constitucional, el secretario deberá esclarecer las irregularidades de la Cuenta Pública que determinó la Auditoría Superior de la Federación en 2022 “(…) anomalías por 5.1 millones de pesos en la operación del programa social se suman a las detectadas desde su creación en 2019. La ASF ha identificado irregularidades en este programa durante cuatro años consecutivos, acumulando un total de más de 175 millones de pesos en irregularidades.” (EXPANSIÓN, Nancy Malacara, 19jul2024). Igualmente, ante un T-MEC sujeto a renegociación en 2026, las políticas proteccionistas de Estados Unidos para sus productores automotrices, tendría un efecto negativo en la revisión para las empresas europeas, como a la planta de Volkswagen, ya que solicitaron revisar presuntas violaciones de derechos laborales.
A estos retos, el complejo entorno laboral en México seguirá padeciendo como el país en el que se trabaja más horas, un promedio de 44.52 horas a la semana, pero su productividad mensual equivale a poco más de 61 mil pesos; cuando hay países donde traban menos horas y superan los 100 mil pesos al mes (OCDE, 2023).
*Politóloga, profesora-investigadora. Miembro Fundadora de la AMECIP y secretaria de Membresías. Mail: margarita_arguelles@hotmail.com
