Ante el intento que está llevando a cabo Morena y sus aliados en el Congreso para vulnerar las instituciones autónomas de México con el denominado “Plan B de la Reforma Electoral”, hoy más que nunca los ciudadanos debemos estar unidos en la defensa de nuestra democracia.
Desde el pasado 6 de diciembre de 2022, el Ejecutivo federal presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el famoso “Plan B”, que consiste en un par de iniciativas con proyectos de decreto de reformas a diversos ordenamientos legales en materia electoral, que consisten en lo siguiente:
1.Reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social, así como de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
2.Derogación y adición de diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Expedición de una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El gobierno morenista pretende atentar contra la voluntad popular y eliminar a los partidos de oposición, ya que con estas disposiciones pone en riesgo la autonomía del Instituto Nacional Electoral, la estructura territorial de los órganos ejecutivos del INE en los 300 distritos electorales y en las 32 entidades federativas, la capacitación y organización electoral que sirve de base del ejercicio del sufragio, y el conteo escrupuloso de votos.
También, vulnera los avances contra la violencia política de las mujeres en razón de género, las acciones afirmativas para potenciar la representación política de núcleos de la población tradicionalmente desfavorecidos, la fiscalización de los ingresos y gastos de los actores políticos, la protección de los datos personales de la ciudadanía, los derechos laborales de quienes integran el Servicio Profesional Electoral Nacional y la rama administrativa de los Organismos Públicos Locales, el respeto al pacto federal, así como la libre configuración legislativa de las entidades federativas.
El PRI está de lado de la democracia y trabajando para evitar que se destruyan las instituciones democráticas del país que nos han permitido elegir liberalmente a nuestras autoridades y representantes populares, además de gozar de libertades, por ello promovimos acciones de inconstitucionalidad en contra del “Plan B”, al igual que lo hicieron en su momento todos los partidos políticos de oposición.
El Plan B de la Reforma Electoral, pretende eliminar las 300 Juntas Ejecutivas Distritales (JED) del INE, que son las encargadas de realizar el trabajo sustantivo en todo el territorio nacional, para la preparación, organización y celebración de elecciones. En lugar de esos 300 órganos distritales, proponen que exista una Oficina Auxiliar ocupada por una sola persona (vocalía operativa).
Además, plantean la reducción de la estructura de las 32 Juntas Ejecutivas Locales, que pasarían de cinco a tres vocalías, y afectarán las tareas de actualización del Padrón Electoral, la Lista Nominal de Electores y la cartografía electoral. Su propuesta establece que los Módulos de Atención Ciudadana del INE (oficinas donde se obtiene la credencial para votar) deberán instalarse preferentemente en oficinas gubernamentales, escuelas o centros de salud, donde no hay garantía de que exista la infraestructura informática y de resguardo de que permita proteger datos personales sensibles, como son las fotografías y las huellas dactilares.
Además, la reforma suprime la Junta General Ejecutiva del INE, para ser sustituida por una Comisión de Administración integrada por cinco consejeros electorales, contrario a la Constitución que distingue entre órganos de dirección -de los cuales, el de mayor responsabilidad es el Consejo General donde se integran los consejeros electorales- y órganos ejecutivos.
La reforma impacta fuertemente las finanzas del INE, pues propone liquidar a miles de personas, quienes por concepto de compensación por término de la relación laboral, tienen derecho legal a recibir 3 meses de su remuneración y adicionalmente 20 días por cada año de servicio.
Asimismo, este proyecto retrasa tanto el inicio del Proceso Electoral Federal como la instalación de los consejos locales y distritales. En lugar de comenzar las actividades preparatorias de la elección durante la primera semana de septiembre, como hoy sucede, lo pospone a la tercera semana de noviembre del año previo de la elección.
Contario a debilitar y atentar contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se debería pensar en mantenerlos sanos, o en su caso fortalecerlos, con el propósito de estar en condiciones de llevar a cabo procesos electorales transparentes, confiables, legítimos e imparciales.
Con voluntad y fuerza, juntos, todas y todos debemos defender nuestros derechos y a los órganos constitucionales autónomos de México.
