Los informes de gobierno son un mandato constitucional desde 1824, un ejercicio de rendición de cuentas que se instituyó en el artículo 69 para que se presentara en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de ejercicio del Congreso. El propósito: dar cuenta del estado que guarda la administración pública del país. Se estableció un protocolo con actividades que inspiraron análisis de política simbólica.
Cuando el PRI dejó de tener mayoría en el Congreso, en 1997, también hubo modificaciones en el protocolo. Es significativo que en el 2006 la bancada perredista impidió que el presidente Fox rindiera su informe ante el Congreso. Así que en el 2008 se modificó el artículo, se eliminó la obligación presidencial de comparecer ante el Congreso al que se le faculta solicitar al presidente de la República amplíe la información de su informe con lo que se conoce como glosa del Informe, con preguntas por escrito y citas a los secretarios de su gabinete y directores de las entidades paraestatales para que rindan informes.
El sentido del Informe está descrito en el artículo 6º de la Ley de Planeación, dar a conocer las acciones y resultados de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, de los Programas Sectoriales y programas especiales que el Congreso vota para su publicación en la gaceta parlamentaria y en el Diario Oficial de la Federación. El ejercicio implica entonces un requerimiento de aclaraciones y ampliaciones de información desde el congreso, que fortalecía los pesos y contrapesos. Esto, desde el 2 de junio de 2024 ya cambió, en la LXV Legislatura no habrá pesos ni contrapesos con 373 de 500 diputados y 84 de 128 senadores de Morena, PT y PVEM, mayoría calificada para el Congreso y a un voto de ella en el Senado.
¿Mucha política y poca administración? El riesgo persiste, el régimen que tomará posesión el 1º de octubre tiene toda la mesa puesta para actuar porque la mayoría calificada, las dos terceras partes de legisladores, implica que en las votaciones tienen la posibilidad de aprobar reformas constitucionales y tratados internacionales. Ahora, para efectos del Informe que estará ofreciendo el próximo año, desde el 15 de agosto que recibió constancia de mayoría la primera presidente mujer, está elaborando su Plan Nacional de Desarrollo para que sea publicado y considerado en cada entidad en la elaboración de los propios, hasta los ayuntamientos.
El 1º de septiembre de 2024 será el último Informe que rendirá el actual presidente, que en realidad no será el 6º porque ha rebasado los 13 desde que inició el 1 de diciembre de 2018; la ubicación será en el zócalo capitalino, un acto sin mayor protocolo y que dará cuenta de lo que ha concentrado la administración federal: obras emblemáticas y austeridad en los gastos administrativos. Cómo se gastó el presupuesto en los cuatro ejes de su Plan Nacional de Desarrollo: Política y Gobierno, Política Social, Economía y la Visión 2024, y qué resultados tuvo.
Sin un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (CONEVAL), que fue creado en 2004 con el Sistema de Monitoreo y Evaluación en México, como organismo autónomo, con autonomía técnica y de gestión para medir la pobreza y evaluar la política de desarrollo social, los datos que registren las acciones administrativas a través de las políticas públicas en el nuevo PND 2024-2030, no es claro cómo medirán su impacto. Las llamadas “políticas neoliberales” que se implementaron para evaluar y orientar el gasto público, van a dejar un libro blanco, literalmente, para escribir la historia de la mayoría calificada en el poder legislativo y un poder concentrado sin pesos ni contrapesos, lo cual implica una mayor responsabilidad de los que dirigirán el futuro nacional. La “Democracia de mayoría calificada” no podrá excusarse de los logros, ni de los fracasos. Al tiempo.
*Politóloga, profesora-investigadora. Miembro Fundadora de la AMECIP y secretaria de Membresías. Mail: margarita_arguelles@hotmail.com
