/ miércoles 7 de agosto de 2024

Reformas electorales en puerta

Desde el mes de febrero de este año se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del palacio de San Lázaro la propuesta del ejecutivo para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia electoral de la cual bien vale la pena repasar.

Comencemos sabiendo que se está proponiendo modificar el conocido Instituto Nacional Electoral (INE), previamente llamado federal, para complementar y robustecer dando pie a un INSTITUTO NACIONAL DE ELECCIONES Y CONSULTAS (INEC), que elimina los órganos electorales locales, concentrando en un solo organismo autónomo a nivel nacional la responsabilidad de organizar y todo lo que implica elegir a nuestros gobernantes. Así es, los OPL y sus 13,000 millones de pesos que nos cuestan, desaparecen bajo la reingeniería en la Administración Pública electoral.

En este proyecto el mandatario mexicano propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones referentes a nuestra República ya que en esencia está enfocada a optimizar desde la óptica administrativa, las estructuras de gobierno dentro de nuestro sistema electoral. En ella también se habla de la eliminación de representantes ante los poderes de la unión de estados dentro de nuestra Federación. Comencemos por ahí, ya que de 500 curules en la cámara de diputados, se propone eliminar definitivamente los 200 representantes elegidos de manera proporcional quedando únicamente los 300 escaños, mismos que corresponden a los representantes de cada distrito federal, elegidos mediante el voto popular; artículo 52 (CPEUM). Por consiguiente los artículos 53 y 54, desaparecen.

El senado de la república no se libra de esta “optimización” porque se eliminan los 32 representantes actualmente elegidos por la primera minoría que no era más que darle un boleto al segundo lugar en votos. Al igual que los representantes del pueblo se descartan acá los otros 32 representantes de los estados elegidos por listas plurinominales; de tal manera que el Senado de la República se integra por únicamente 64 senadoras y senadores, es decir dos por cada entidad y la ciudad de México. Todo esto modifica artículos 56, 60 y 63 de la CPEUM.

Ahí no acaba, llegamos hasta el orden de gobierno básico que es el municipio donde se propone reducir el número de regidores, eliminando las cuotas de partido y quedando exclusivamente los representantes de conformidad al número de habitantes y propuestos en las planillas inscritas.

Finalmente habla de la tan mencionada sobrerrepresentación estatal, es decir se limita hasta quince diputados por estado en aquellas entidades cuya población sea menor a un millón de personas, y por cada medio millón de habitantes adicionales, podrá incrementarse en un diputado o diputada hasta un máximo de cuarenta y cinco diputados.

Así como se eliminan los Órganos Públicos Locales (OPL) dejando todas las tareas a nuevo INEC, de igual forma se deja el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) absorba todas las controversias locales del país, con el argumento de que en la actualidad prácticamente todos los asuntos estatales se acaban resolviendo en las instancias federales.

Toda esta propuesta es sustancial en la reducción de gasto y duplicidad de funciones sin embargo faltará ver si son suficientes estas estructuras para lograr mantener la buena imagen y credibilidad que se a logrado del instituto, porque no hemos de negar que aunque no estemos totalmente satisfechos con los resultados electorales en algún momento de la historia, si se ha logrado mantener una estabilidad país, y eso en gran medida se debe a la fortaleza del INE.

Lo que sí es cierto es que la Administración Pública y sus Gobiernos están en constante dinámica de cambio gracias a la participación que cada día se logra aumentar por parte de la ciudadanía en el quehacer público. Nos encontramos en el proceso de gobiernos autoritarios a gobiernos participativos en el camino de un bienestar común. No dejemos de exigir sólo transparencia sino resultados cuantitativos en la búsqueda de la igualdad que tantos años y etapas de nuestro México ha llevado. Hoy estamos en una re-Evolución que justamente da paso a un cuarto poder, el autónomo y está dictado por la inclusión cívica, el espacio de la sociedad organizada y participativa.

Hagamos buen uso de nuestro artículo 39 (CPEUM) que nos da la libertad de escoger las formas de gobierno que mejor se adaptan de quien emana el poder, el pueblo.

@serdan.mx

Desde el mes de febrero de este año se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del palacio de San Lázaro la propuesta del ejecutivo para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia electoral de la cual bien vale la pena repasar.

Comencemos sabiendo que se está proponiendo modificar el conocido Instituto Nacional Electoral (INE), previamente llamado federal, para complementar y robustecer dando pie a un INSTITUTO NACIONAL DE ELECCIONES Y CONSULTAS (INEC), que elimina los órganos electorales locales, concentrando en un solo organismo autónomo a nivel nacional la responsabilidad de organizar y todo lo que implica elegir a nuestros gobernantes. Así es, los OPL y sus 13,000 millones de pesos que nos cuestan, desaparecen bajo la reingeniería en la Administración Pública electoral.

En este proyecto el mandatario mexicano propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones referentes a nuestra República ya que en esencia está enfocada a optimizar desde la óptica administrativa, las estructuras de gobierno dentro de nuestro sistema electoral. En ella también se habla de la eliminación de representantes ante los poderes de la unión de estados dentro de nuestra Federación. Comencemos por ahí, ya que de 500 curules en la cámara de diputados, se propone eliminar definitivamente los 200 representantes elegidos de manera proporcional quedando únicamente los 300 escaños, mismos que corresponden a los representantes de cada distrito federal, elegidos mediante el voto popular; artículo 52 (CPEUM). Por consiguiente los artículos 53 y 54, desaparecen.

El senado de la república no se libra de esta “optimización” porque se eliminan los 32 representantes actualmente elegidos por la primera minoría que no era más que darle un boleto al segundo lugar en votos. Al igual que los representantes del pueblo se descartan acá los otros 32 representantes de los estados elegidos por listas plurinominales; de tal manera que el Senado de la República se integra por únicamente 64 senadoras y senadores, es decir dos por cada entidad y la ciudad de México. Todo esto modifica artículos 56, 60 y 63 de la CPEUM.

Ahí no acaba, llegamos hasta el orden de gobierno básico que es el municipio donde se propone reducir el número de regidores, eliminando las cuotas de partido y quedando exclusivamente los representantes de conformidad al número de habitantes y propuestos en las planillas inscritas.

Finalmente habla de la tan mencionada sobrerrepresentación estatal, es decir se limita hasta quince diputados por estado en aquellas entidades cuya población sea menor a un millón de personas, y por cada medio millón de habitantes adicionales, podrá incrementarse en un diputado o diputada hasta un máximo de cuarenta y cinco diputados.

Así como se eliminan los Órganos Públicos Locales (OPL) dejando todas las tareas a nuevo INEC, de igual forma se deja el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) absorba todas las controversias locales del país, con el argumento de que en la actualidad prácticamente todos los asuntos estatales se acaban resolviendo en las instancias federales.

Toda esta propuesta es sustancial en la reducción de gasto y duplicidad de funciones sin embargo faltará ver si son suficientes estas estructuras para lograr mantener la buena imagen y credibilidad que se a logrado del instituto, porque no hemos de negar que aunque no estemos totalmente satisfechos con los resultados electorales en algún momento de la historia, si se ha logrado mantener una estabilidad país, y eso en gran medida se debe a la fortaleza del INE.

Lo que sí es cierto es que la Administración Pública y sus Gobiernos están en constante dinámica de cambio gracias a la participación que cada día se logra aumentar por parte de la ciudadanía en el quehacer público. Nos encontramos en el proceso de gobiernos autoritarios a gobiernos participativos en el camino de un bienestar común. No dejemos de exigir sólo transparencia sino resultados cuantitativos en la búsqueda de la igualdad que tantos años y etapas de nuestro México ha llevado. Hoy estamos en una re-Evolución que justamente da paso a un cuarto poder, el autónomo y está dictado por la inclusión cívica, el espacio de la sociedad organizada y participativa.

Hagamos buen uso de nuestro artículo 39 (CPEUM) que nos da la libertad de escoger las formas de gobierno que mejor se adaptan de quien emana el poder, el pueblo.

@serdan.mx