Juan Manuel Mecinas y Hervey Rivera
Distintos ejidatarios cerraron las principales carreteras que comunican al centro con el sureste del país. López Obrador afirmó que todo es culpa de abogados que los estafaron. El secretario de Gobernación de Puebla mostró cheques del supuesto pago de las tierras, aunque los ejidatarios afirman que nunca les fueron pagadas cuando se construyeron o renovaron las carreteras cerradas. Después de cinco días, las carreteras fueron reabiertas pues gobierno y ejidatarios alcanzaron un acuerdo. El caos fue mayúsculo y las afectaciones aún se cuantifican.
JM: En el país está extraviado el concepto de orden público. El gobierno (no importa si es federal, estatal o municipal) no quiere actuar contra nadie. Se puede afectar la vida de millones de personas y los funcionarios solo atinan a decir que a nadie reprimirán. Malentienden la exigencia: nadie pide golpear, encarcelar o torturar a los manifestantes. Solo se reclama liberar una vía de comunicación después de días de manifestación y afectaciones mayúsculas. Y hay una contradicción en los gobiernos (de todos los niveles): si ya les habían pagado a los ejidatarios, entonces el cierre es un mero capricho. Si no les habían pagado, es su obligación negociar. La actitud indolente del gobierno durante los primeros días en nada ayuda a los afectados y quedó desnudada con la negociación final.
HR: La sombra de la represión y autoritarismo acompaña a diversos gobiernos, desde el federal hasta el local. Contamos con trágicos ejemplos históricos: 2 de octubre, jueves de corpus, el caso Chalchihuapan en Puebla, en los que se perdieron vidas y se hirieron gravemente a manifestantes. El actual gobierno de la república no quiere ser acusado de "represor". Sin embargo, la delgada línea entre el derecho a la manifestación y el derecho a la circulación, en muchas de las vías de comunicación más importantes del sureste del país, pierde sus límites porque las afectaciones, no solo económicas sino al bienestar de las personas que transitan por esas carreteras, es claramente mayor a los que protestan.
JM: El miedo a ser calificado de represor es superior a la necesidad del Estado de imponer el orden público, según se puede observar de la pasividad gubernamental; una muestra más de la ausencia del Estado de derecho. Los manifestantes triunfaron porque llamaron la atención y obligaron al gobierno a negociar. Solo hasta que hubo un acuerdo se liberaron las carreteras. La consecuencia es desastrosa para los gobiernos, aunque el federal y el estatal quieran mostrar algo distinto: negociando se podía evitar la afectación a miles de personas. Una falta de previsión espantosa y un miedo incomprensible a utilizar la fuerza para mantener el orden. No puede haber orden si cualquiera afecta a millones por tanto tiempo. O se debió evitar o se debió actuar. Los derechos de los ejidatarios son importantes, pero también la salud o los negocios de cientos de personas afectadas por esta situación. Si el gobierno es incapaz de ser el garante de los derechos de ambas partes, el país se convierte en la selva que parece ser: reina el más fuerte o quien impone su voluntad afectando la vida y derechos de otros.
HR: Los gobiernos (federal y locales) que asumirán funciones en las próximas semanas, así como las siguientes legislaturas del congreso general y de los congresos subnacionales tienen una gran oportunidad de abrir un debate amplio y serio sobre los límites y alcances del derecho de manifestación, porque lo que se pone en riesgo es la convivencia y bienestar de la población en su conjunto. Encontrar el justo medio será una tarea complicada pero en extremo necesaria: ni la represión indiscriminada ni la complacencia cínica. Evitar el aprovechamiento de parte de grupos o “líderes” que en no pocas ocasiones medran con una causa en el fondo justa, pero afectada por los los medios que usan para solucionarla, afectando derechos de una mayoría. La transformación de la vida pública pasa por un debate que diversos actores políticos prefieren postergar porque la aplicación de la ley con la fuerza legal y legitima ha estado ausente en este tipo de casos.
