Las personas senectas en muchos casos son objeto de innumerables vejaciones pues son vistas como una carga económica por no disponer de ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades, lo que los obliga a depender de sus hijos o algunos otros familiares; no tienen acceso a los servicios de salud, por lo que deben ocuparse laboralmente en trabajos muy precarios, o dedicarse a la mendicidad; otros son abandonados en hospitales, algunos son olvidados en casas de asistencia social, algunos más son echados a la calle a su suerte por familiares sin escrúpulos.\u0009
Las personas senectas aunque no se quiera reconocer son un sector marginado en México, su vejez hace que se vuelvan más vulnerables, así como en algunos casos su bajo nivel educativo no les permite seguir participando en las actividades económicas, quedando destinados al cuidado y a la educación de los nietos, a la organización doméstica, al cuidado de enfermos, el cuidado de mascotas, como personal de apoyo en los supermercados, es decir, tareas con una reducida proyección social y personal (Finley, 1989).
En muchos casos, las mujeres al llegar a la vejez se encuentran sin pareja, producto de separaciones o enviudes, lo que ocasiona que se ven condicionadas a alguna pensión económica muy reducida o a la dependencia de familiares con los que sufren maltratos y discriminación.
De acuerdo a la Organización Panamericana de Salud; la población envejece en todo el mundo con más rapidez que en el pasado, pero en América Latina y el Caribe esta transición demográfica tiene lugar incluso con mayor celeridad. Más del 8% de la población tenía 65 años o más en el 2020 y se estima que ese porcentaje se duplicará para el 2050 y superará el 30% para finales de siglo.
A nivel federal y estatal se cuenta con instrumentos que permiten el acceso y la utilización de bienes y servicios para las personas de edad avanzada, sin embargo, se requiere incorporar políticas de largo plazo que garanticen los derechos humanos de los adultos mayores tales como: educación, alimentación, vivienda, fondos destinados a su desarrollo y el cuidado a la salud debido a su edad, trato preferencial, entre otros.
Por ello, se debe atender a los principios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en favor de las personas de edad, que resaltan “la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras posibilidades de obtener ingresos” (ONU, 1999, s/p).
Acorde con estos principios, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, establece en su artículo 5º, que las personas de 60 años o más deben tener la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio, y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las Comisiones Estatales, junto con el Consejo Nacional para la Discriminación (CONAPRED), deben unir esfuerzos para promover y proteger con mayor firmeza los derechos de las personas senectas; no olvidemos que si la vida nos lo permite seremos adultos mayores y quizás no tengamos la entereza para exigir nuestros derechos. Las personas adultas mayores, merecen tener una vida digna, y ser tomadas en cuenta, los años dan sabiduría que debemos aprovechar.
Es Doctor en Derecho por la BUAP y miembro del Instituto Latinoamericano del Ombudsman
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