La situación de pobreza en nuestro país ha ido en aumento en los últimos años, debido a factores externos e internos, entre los externos destaca: la pandemia de Covid-19, de la que aún no salimos completamente, y que nos hizo valorar la vida aún más, e intentar sobreponernos de las pérdidas humanas de nuestro entorno, asimismo, la pandemia ha generado un impacto económico negativo a nivel mundial; agudizando la escasez de insumos para la producción de automóviles, aparatos eléctricos, materiales de construcción, de equipos médicos para realizar estudios clínicos, igualmente, el conflicto bélico que se suscita en Europa del este ha coadyuvado a incrementar la inflación que todos resentimos a diario, por otro lado, en los factores internos encontramos: el acelerado crecimiento demográfico en determinadas zonas del país, el aumento en delitos como los homicidios dolosos, extracción de hidrocarburos, narcomenudeo, monopolios de frutas, extorsión, secuestros, robo a establecimientos, trata de personas, tráfico de migrantes, que cometen los grupos de delincuencia organizada con mayor frecuencia en determinadas zonas del país, así como el desempleo, los bajos salarios, la baja escolaridad de la población, entre otros, que propiciado que el número de pobres aumente en México.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en este año 2022, se calcula que los pobres en México serán 58.1 millones, o sea, dos y medio millones más que en el 2020.
Según CONEVAL, se define a una persona que se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.
La pobreza y la falta de desarrollo golpea con mayor dureza a las mujeres, a la niñez, a las personas senectas, a las personas con discapacidad, a las personas de los pueblos originarios, que en su gran mayoría son pobres, a los refugiados y a los migrantes; impidiendo la mejora de su bienestar humano fundamental para el goce de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, al que cada individuo y todos los pueblos deberían tener acceso.
El derecho al desarrollo pronostica el goce de todos los derechos humanos, es decir; los derechos civiles, políticos y sociales, así como también el goce de la más amplia libertad y dignidad de cada ser humano.
La plena realización del derecho al desarrollo constituye una necesidad vital, no solo para los países en desarrollo, sino también para los países desarrollados. El principal responsable del derecho al desarrollo es el Estado, a quien le corresponde crear las condiciones favorables para el desarrollo de los pueblos y los individuos, tal como lo establece el artículo 2.3 de la Declaración sobre el derecho al desarrollo.
Parafraseando a la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena; urgen en nuestro país, la ejecución de políticas para una recuperación transformadora con énfasis en la inversión, que generen empleos de calidad, fortalezcan y reestructuren los sistemas de salud y educación, universalizar un ingreso básico de emergencia, implementar recursos contra el hambre, asegurar el acceso a una canasta básica, Impulsar políticas transversales y sectoriales para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo.
“La pobreza atenta contra la dignidad humana, arrebata la posibilidad de tener una mejor calidad de vida, hunde al ser humano en la incertidumbre, la impotencia y la tristeza, esclavizando por completo a la humanidad”.
Es Doctor en Derecho por la BUAP, donde se desempeña como: Defensor Adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios y Profesor en la Facultad de Derecho y C.S.
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