La desaparición forzada de personas en nuestro país, es un fenómeno que se ha suscitado desde la mitad del siglo XX, principalmente por expresarse en contra de las formas de gobierno, y la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco ha marcado un antes y un después en la protección y defensa de los derechos humanos en México.
Rosendo Radilla Pacheco fue desaparecido el 25 de agosto de 1974 por los militares debido a los cuestionamientos que hacía al gobierno de manera recurrente. Eran los tiempos de la Guerra Sucia; Rosendo Radilla viajaba en autobús con su hijo, desde Chilpancingo hacia Atoyac. Entre Cacalutla y Alcholoa, un retén militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) detuvo al camión. Uno de los militares lo reconoció y no le permitió continuar su viaje. Cuando Rosendo les preguntó de qué se le acusaba, los militares le respondieron “De componer corridos a Lucio Cabañas”. Se lo llevaron preso al ex Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez donde fue visto por última vez. Víctima de desaparición forzada, y hasta la fecha nada se sabe de él.
https://www.corteidh.or.cr/ver_ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=360&lang=es
El 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitió una sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano por la violación a los derechos a la libertad, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento a la personalidad jurídica de Radilla Pacheco, así como los derechos a la integridad física y mental, a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares. Dicha resolución le fue notificada al Estado mexicano en fecha el 09 de febrero del 2010.
https://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=121589&SeguimientoID=225
El caso Rosendo Radilla ha tenido un gran impacto en el sistema jurídico mexicano, propiciando avances significativos en materia de derechos humanos. Como lo es:
Fijó los criterios de interpretación en materia de derechos humanos, que culminaron con la aprobación de una Reforma Constitucional en el 2011.
Impulsó la adecuada tipificación del delito de Desaparición Forzada de personas.
La Reforma Constitucional de 2011 otorgó estatus constitucional a los derechos humanos contenidos en Tratados Internacionales, lo que ha ampliado y fortalecido la exigibilidad de los derechos humanos, potenciando así las herramientas y capacidades de la sociedad civil para la defensa de sus intereses y la denuncia de los actos y omisiones de funcionarios públicos en México.
https://www.cndh.org.mx/noticia/desaparicion-forzada-de-rosendo-radilla-pacheco
De acuerdo a la antropóloga Olimpia Muñoz Ojeda, algunas causas de desapariciones tienen que ver con concesiones mineras, tala de árboles y despojo de tierras”. Sin embargo, vale la pena subrayar que también es producto de la corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y la colusión de diversas personas servidoras públicas con grupos delictivos que han contribuido de manera importante en el incremento de este delito y que está relacionado con otros como: narcotráfico, la trata de personas, la tortura, la privación de la vida, entre otros.
En una desaparición se violenta: el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la libertad y seguridad de la persona, el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida; el derecho a una identidad, el derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales, el derecho a un recurso efectivo con reparación e indemnización, el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición.
Si bien es cierto, que de un día para otro, no se resolverá esta problemática, pero podemos empezar por inhabilitar y sancionar penalmente a los servidores públicos que han participado directa o indirectamente en las desapariciones, así como a todos aquellos que están coludidos con el crimen organizado por dejarlos actuar e informarlos de las investigaciones que se siguen en su contra. Es cuestión de voluntad y sensibilidad por parte de la administración pública.
Es Doctor en Derecho por la BUAP y miembro del Instituto Latinoamericano del Ombudsman.
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