Tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum han sostenido una y otra vez que la cruenta crisis de inseguridad que vive nuestro país se solventará pronto, pues antes que enfrentamientos armados y persecuciones en contra de los criminales, se están atendiendo las causas de la problemática, por ejemplo, en la implementación de programas sociales que apoyen monetariamente a las y los jóvenes, para que no sean susceptibles ante la falta de oportunidades y empleo, además de una creciente necesidad económica, de ser reclutados por el narcotráfico, motivados a través del engaño del dinero fácil y rápido.

Sin embargo ante esto hay que analizar la delicada situación que atraviesa nuestro país no solamente en materia de seguridad, sino también en materia financiera, está de más decir que no crecimos económicamente como se nos prometió en aquel 2018 al 4%, pues por el contrario, el último sexenio registró la tasa de crecimiento más baja desde la administración de Miguel de la Madrid, con un 0.9% en comparación con el 1.5% de Felipe Calderón, el 1.8% de Vicente Fox y el 1.9% de Enrique Peña Nieto de acuerdo a datos del INEGI.

Sumado a esto, el mandato de Andrés Manuel López Obrador dejó el aumento de deuda más grande en la historia reciente de nuestro país, alcanzando la cantidad de 6.6 billones de pesos, lo que sin duda significará una herencia maldita en materia financiera para la actual presidencia de Claudia Sheinbaum, la cual en su primer Paquete Económico para el 2025, tuvo que emplear las tijeras y recortar el presupuesto de 22 de 26 dependencias, de las cuales resaltan inentendiblemente las del sector salud y de seguridad.

El rumor de que el gobierno comienza a quedarse sin dinero para los programas sociales, podría sustentarse en la urgencia con la que se aprobó el Plan C de López Obrador y todas sus variantes, desde el despido injustificado y por tómbola de miles de empleadas y empleados de carrera en el Poder Judicial, hasta la extinción de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, por lo que siguiendo con el discurso transexenal entre Amlo y Sheinbaum, la seguridad se mitigará mediante la implementación de programas sociales que atiendan las necesidades de la gente y por ende, las causas de su involucramiento con el crimen organizado.

El principal problema con lo anteriormente relatado, es el hecho de que el gobierno pudiera estar prometiendo dinero que no sabe si tendrá para terminar con la inseguridad, sin embargo aun si tuviera este dinero disponible, la realidad les explota una vez más en la cara, y es que para responder la pregunta de si funcionará esta estrategia para combatir la inseguridad, es menester centrarnos en el estado de Chiapas, pues de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y al CONEVAL (Otro de los organismos extintos por el Plan C), el estado sureño redujo sus niveles de pobreza en un 10.6% en los últimos 6 años, es decir que el número de personas en desventaja económica disminuyó de 4.2 millones a 3.8 millones, sin embargo la violencia no sólo no bajó, sino que subió.

Pues en información del periódico “Diario del Sur” de Tapachula, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública reveló un aumento del 9% en el número de ejecuciones de 2019 a 2024 en esa entidad, lo que quiere decir que no obstante la atención a las causas vía programas sociales que tanto se presume el gobierno, e incluso la reducción en los indicadores de pobreza, que es sin duda un logro aparte, resulta que no son garantía de una disminución en la escalada de violencia, alertandonos que de acuerdo a cifras concretas, de continuar con esa estrategia podríamos podríamos estar agravando una crisis que nos costó tan solo en el último sexenio más de 190 mil vidas, a ver si en unos años México no es el reflejo de lo que hoy ocurre en Chiapas.

El caso antes descrito en territorio chiapaneco, se suma a una larga lista de episodios violentos en menos de dos meses de gestión de la presidenta Sheinbaum, llegando al grado de ataques que solamente en México, no son considerados como terroristas, tales como los coches bomba en las localidades de Acámbaro y Jerécuaro en el estado de Guanajuato, un bombardeo aéreo en las localidades de Vascogil y Tamazula en Durango o la masacre en el bar “Los Cantaritos”, en el centro de Querétaro, que muestra el cruento músculo del crimen, ante la paupérrima eficacia de las autoridades mexicanas, pero principalmente, ante una estrategia de seguridad del gobierno federal, que podría estar condenada al fracaso.