Nombrar las cosas por su nombre es el primer paso para reconocer la existencia de un problema. En veinticinco entidades federativas no se consideran graves los ataques con sustancias corrosivas, tóxicas o inflamables, a pesar de que tiene alrededor de dos décadas que se registró el primer caso de violencia ácida.
No visibilizar estos hechos, no sólo coloca en la indefensión a quienes sufren esta agresión, genera a su vez, un ambiente de impunidad, que provoca un daño físico, psicológico y emocional irreversible.
El pasado martes tuve la oportunidad de encabezar un foro en el que participaron sobrevivientes de estos cobardes actos, entre las que destacaron representantes de Fundación Carmen Sánchez, organización que apoya a mujeres que se han enfrentado a este tipo de violencia extrema que antecede al feminicidio.
Esmeralda es una de las siete poblanas afectadas por la violencia ácida. Desde que sufrió el ataque ha tenido varias cirugías reconstructivas que han afectado su calidad de vida, economía y han tocado su entorno cercano, quien ha sido objeto de señalamientos por parte de la sociedad, que ha demostrado insensibilidad ante esta lamentable situación.
Asimismo, los testimonios de Leslie y Andrea hacen evidente que no ha existido justicia en ninguno de los casos, los agresores siguen gozando de su libertad a pesar de que su intención fue, desde el principio, dejarlas marcadas, dañándolas gravemente e incluso que perdieran la vida.
Es inconcebible que prevalezcan los derechos de los agresores sobre los de las víctimas, esto a pesar de que en la mayor parte de los casos las afectadas aseguran reconocer a los autores del crimen, haciendo evidente la falta de protocolos de actuación ante estos casos.
Como diputado, pero sobre todo como ser humano, considero que es urgente establecer en el Código Penal el concepto de violencia ácida, y en consecuencia, los ataques con las sustancias antes mencionadas no sean considerados como lesiones.
Es por ello que en el mes de junio presenté una iniciativa para adicionar el artículo 309 BIS al Código Penal, que consiste en aplicar sanciones que van de 7 a hasta 21 años de cárcel a quien agreda a una mujer con cualquier sustancia corrosiva, inflamable, cáustica, irritante, tóxica, alcalina o sustancias similares, incluyendo las que necesiten de otro agente para reaccionar, que provoque daño o enfermedad incurable, pérdida de una extremidad u órgano cuando le sea perjudicada cualquier función orgánica, creando una discapacidad o deformidad incorregible en la piel, así como multas que van de 300 a 700 UMAS (Unidad de Medida y Actualización)
Durante el foro “Violencia Ácida” tuve la oportunidad de escuchar de viva voz de las víctimas, su sentir y los planteamientos para generar una iniciativa que imponga sanciones enérgicas que inhiban ese tipo de conductas, como bien lo refiere Carmen Sánchez, presidenta de la Fundación que lleva su nombre.
Para las afectadas no existe retroactividad que pueda sanar las heridas causadas por esta violencia, pero sí el compromiso social de que esto no le suceda a alguien más.
Esta lucha no es partidista, ni de colores o posiciones ideológicas, es una causa que a través de este foro ha sido visibilizada, por ello he mencionado que no busco protagonizar y mucho menos obtener un beneficio a costa del sufrimiento de estas mujeres, lo que debemos privilegiar es la creación de un marco jurídico robusto, que atienda de manera integral estos sucesos.
Por mi parte quiero manifestar mi respaldo, para que en la medida de las atribuciones que me confiere la Ley, pueda impulsar, en conjunto con mis compañeras legisladoras proponentes, los cambios y adiciones que requieran las iniciativas presentadas en mesas trabajo conjunto con colectivos, fundaciones y sociedad civil, para aprobar un dictamen sólido que pueda ser presentado y aprobado en el Pleno del Congreso.
Reitero mi apoyo incondicional a las causas de las mujeres.
¡Con ellas todo, sin ellas nada!