Investigan al INPODE por falta de pago a entrenadores y otras inconsistencias

El INPODE, a dos meses de la salida de Yadira Lira Navarro, debe rendir cuentas por un posible faltante millonario ante la Secretaría de la Función Pública

Alland Jhonnathan / El Sol de Puebla

  · lunes 26 de agosto de 2024

Yadira Lira Navarro, extitular del INPODE. Foto: INPODE

Previo a los Juegos Nacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), el Instituto Poblano del Deporte (INPODE) entonces dirigido por Yadira Lira Navarro dejó de pagar a entrenadores e inclusive en ciertos casos los congeló, alegando que sus servicios resultaban por entonces innecesarios; aunque más tarde para la justa nacional infantil y juvenil los recontrató.

Esta semana, el miércoles a más tardar y a dos meses de la salida de Lira Navarro de dicho organismo “para emprender nuevos proyectos”, el INPODE debe de responder cuentas del 2022 y del 2023 por conceptos de uniformes y viáticos de etapas clasificatorias estatales, regionales y macrorregionales ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).

➡️ Únete al canal de El Sol de Puebla en WhatsApp para no perderte la información más importante

El INPODE si bien se halla en el último tramo de la verificación de sus números, corre el riesgo de no comprobarlos cuando ha trascendido un presunto faltante de más de 20 millones de pesos que no han sido probados por el instituto.

Dicho monto se refiere a alimentación, hospedaje e inclusive uniformes.

Todo esto a unos meses de lo de los entrenadores y cuando a finales de la semana pasada el INPODE desconoció el apoyo que se le prometió al olímpico Gibrán Zea. La beca para Zea ayudaría al esgrimista para sus gastos de preparación tras los Juegos Olímpicos París 2024, donde trepó casi 20 lugares en el ranking mundial a pesar de no ganar metales o medallas para México.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El asunto llegó a la Función Pública del estado, pues éste es el órgano capacitado para efectuar la Fiscalización Superior, mediante la práctica de auditorías, evaluaciones y revisiones para comprobar el cumplimiento de las disposiciones que regulan los ingresos, gastos públicos, así como la deuda pública. Todo esto para la revisión de hechos y evidencias que permitan detectar e investigar actos u omisiones que impliquen probables irregularidades o conductas ilícitas.