Desde la administración del priísta Manuel Bartlett Díaz (1996) hasta el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta (2020), el rescate del río Atoyac, además del lago de Valsequillo, en los últimos 24 años, sólo se ha tratado de un discurso político y promesas de campaña sin cumplir, señalaron especialistas en medio ambiente.
“Cada sexenio es un tema de campaña, cada sexenio se destina recursos a cuidado del río o al menos anuncian. No se podría evaluar el impacto de esos recursos en mejoras en el río, al contrario, creo que el río cada vez está más contaminado, es tierra de nadie”, opinó María Eugenia Ibarrarán Viniegra, directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente de la Universidad Iberoamericana de Puebla.
La investigadora, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente –establecido por la ONU el 5 de junio–, comentó que en Puebla no hay nada que celebrar porque la contaminación en el Atoyac y Valsequillo han impactado negativamente en la salud: “las enfermedades son el resultado de la contaminación”.
Al respecto, la Verónica Mastretta, refirió que los gobernadores no invierten o realizan un plan solido en la materia porque no genera votos ni mejora su promoción personal: “Los políticos no le entran, porque no da frutos inmediatos. Normalmente quieren trabajar para cosechar ellos un triunfo, un éxito que quieran enseñar. En el agua no es posible. Mejorar el agua, los ríos y lagos lleva años”.
Los tres niveles de gobierno han invertido miles de millones de pesos para combatir la contaminación en el río Atoyac y el lago de Valsequillo, sin embargo, los elementos tóxicos en el agua crecen cada día y no existe una solución al afluente desahuciado más importante de Puebla.
Actualmente la cifra de inversiones no se puede cuantificar por la falta de transparencia en los tres niveles de gobierno, lo mismo sucede con los resultados. Hasta ahora, no hay un monitoreo de organizaciones civiles, universitarias o de la iniciativa privada que mida los logros, o bien, retrocesos que cada administración se compromete en campaña en esta materia.
La subcuenca del río Atoyac tiene una superficie total de 2,189.4 km2, de esta superficie poco más de tres cuartas partes (75.6%) se ubica en Puebla; y el 17.0% de Tlaxcala, refiere la Asociación Mexicana de Ingeniería Ciencia y Gestión Ambiental (AMICA).
GOBIERNOS Y FRACASOS
Durante el gobierno de Manuel Bartlett, en 1996, se anunció por primera vez el inicio de los trabajos de saneamiento del río Atoyac, el cual desemboca hacia la presa de Valsequillo. No hay información de la inversión, pero sí un análisis sobre la fallida estrategia en la región de San Martín Texmelucan.
Verónica Mastretta, activista y consejera de Dale la Cara al Atoyac, expuso en el estudio “Desgobierno del agua” que el proyecto a cargo del ahora titular de la CFE sobre la planta de tratamiento de San Martín nunca cumplió su propósito de disminuir los residuos tóxicos de las empresas en el corredor industrial, junto con parte de las aguas residuales procedentes de Huejotzingo.
En el análisis expone todas las tropelías de las autoridades municipales en la obra que finalmente no fue funcional: “La planta está abandonada y todas las aguas altamente contaminadas provenientes de Huejotzingo y San Martín aún corren hacia Tlaxcala por un canal de riego”.
En entrevista con El Sol de Puebla, Verónica Mastretta, expuso que el problema en la contaminación del río Atoyac y la presa de Valsequillo se debe a la falta de un orden de mando, la coordinación del gobierno del estado con los ayuntamientos, además de que no se hace valer la ley para sancionar a los responsables.
Denunció que en la gestión del priísta Melquiades Morales (1999-2005) en Huejotzingo se creó el corredor industrial Morelos, actualmente con 49 empresas, pese a que no se tenía infraestructura hídrica: “El estado debió acordar con las industrias la colocación de plantas tratadoras de agua y que ellos las pagaran”.
Las inversiones en pro del Atoyac siguieron, pero sin resultados. Para la administración de Mario Marín Torres (1999-2002) se conoce que se destinaron 5 mil millones de pesos, a través de lo que se denominó “La Carta de la Tierra”.
Mientras, su sucesor y ahora occiso, el panista Rafael Moreno Valle Rosas erogó 40 millones 58 mil pesos “para rehabilitar” 11 plantas de tratamiento, de las 25 existentes.
En la investigación de Mastretta, de 2017, refiere que la cuenca alta del Balsas en la parte que corresponde a Puebla, al menos 11 plantas no funcionan.
“Siguen sin funcionar (aunque han pasado tres años). Había una en Santa Ana Xamimilulco que se echó a andar y los dos días ya estaba parada. Se rehabilitó con Moreno Valle y cuando la visitamos la planta ya estaba parada y desmantelada, porque no pudieron pagar el recibo de luz los Ayuntamientos”, agregó la exregidora.
En tanto, para octubre de 2018, el entonces gobierno panista de Antonio Gali adquirió barcos para limpiar el lago de Valsequillo, que pretendían inyectar oxígeno y con una máquina se retirará el lirio para usarlo como abono. El contrato fue para Dellepere Enterprises Corp, una empresa de Estados Unidos. En total, le compraron tres embarcaciones modelo Scavenger 2000 por un monto superior a los 209 millones 744 mil pesos. El objetivo no se cumplió.
Casi un año después, en agosto de 2019, la actual titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara, confirmó que son investigados los barcos que se adquirieron para la limpieza del lago de Valsequillo, además de que solicitó un informe a la administración saliente para atender la contaminación del río Atoyac, proceso que se realizará en conjunto con la Comisión Nacional del Agua y la colaboración de los municipios.
Al respecto, Mastretta advirtió que la falta de atención a Valsequillo podría generar su muerte y en un futuro, sólo tener los sedimentos tóxicos.
Verónica Mastretta señaló que junto con miembros de la organización Dale la Cara al Atoyac han mantenido un acercamiento de diálogo con Beatriz Manrique, pero que “aún no se sabe que se puede hacer” a favor del afluente, por los recortes al presupuesto desde la Federación.
Actualmente, el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, de la administración de Miguel Barbosa, contempla la recuperación integral de la cuenca del río Atoyac. Sin embargo, el documento no detalla las acciones específicas ni alguna inversión.
El pasado febrero, el Observatorio Ciudadano “IGAVIM” publicó documentos que refieren que este gobierno planea invertir 434 millones 797 mil 691 pesos en la construcción de colectores y subcolectores en los municipios de Coronango, Cuautlancingo, Chiautzingo, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, San Miguel Xoxtla y Tlaltenango.
NO ATIENDEN RECOMENDACIONES DE CNDH
Por su parte, María Eugenia Ibarrarán, investigadora de la Ibero Puebla, alertó que a corto plazo no atender la contaminación del Atoyac y Valsequillo representa un riesgo a la salud de los habitantes cercanos que podrían derivar de enfermedades en la piel, neurológicos, diarreas hasta cáncer.
“En el largo plazo, si a esto le sumamos cambio climático, lo que va a suceder es que se va a evaporar más el agua, (el río) va a estar más concentrado y toxico (…) Es muy triste hablar del medio ambiente en México y más en el 5 de junio, donde no veo avance en ningún ámbito”.
La académica condenó que no se atiendan las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos que lanzó desde 2017, dado a los altos contaminantes en el Atoyac.
“Las comunidades han presionado, y ni siquiera se han reunido a crear el Comité de la recuperación del Plan”.
En 2015, la AMICA halló en el Atoyac que las descargas industriales sobrepasaron cuando menos en una ocasión la NOM-001-SEMARNAT-1996. Asimismo, entre otras cosas, encontraron: 27 elemento de grasas y aceites (G y A); 30 para sólidos suspendidos totales (SST), 16 para sólidos sedimentables, 10 para nitrógeno total, 37 para coliformes fecales: “Sí se excedió la norma para cromo y el plomo en dos y tres descargas, respectivamente; dichas industrias pertenecen el giro textil y químicofarmacéutico para el cromo y metalúrgico y químicofarmacéutico para el plomo”.
Ante lo anterior expuesto, la especialista sugirió que para hacer efectiva una medida eficaz para atender la contaminación, se necesita establecer un plan rector por un periodo, al menos, por un plazo de 30 años.
También que se haga cumplir la ley para sancionar a empresas y regular las descargas en los municipios. Asimismo, en esa medida, establecer planes de gobierno con metas e indicadores, que permitan ver su funcionalidad.
En su opinión, declaró que las construcciones de plantas de tratamiento no son funcionales si solo se da responsabilidad al Ayuntamiento de su operación, pero sí aclaró que se necesitan estudios particulares sobre la situación de cada tramo y la solución.
SIN FONDOS EN CONACYT
Eugenia Ibarrarán, directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente de Ibero Puebla, declaró que tienen proyectos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que aportarían a disminuir la contaminación en el Atoyac, pero que se encuentran detenidos por falta de recursos. Uno de los temas pendientes es: la elaboración de un mapa de las enfermedades y donde podrían atenderse los casos.
“Esto es un llamado importante: para hacer buenos planes, no se pueden hacer una noche antes, cuando el problema nos rebasó como es el caso. En el Atoyac ya se pasó el tiempo, es apremiante. Sé que están haciendo algo a nivel Semarnat por la emergencia ambiental, pero no veo que haya avances más que juntas de organización”.
Finalmente, ambas especialistas coincidieron que es momento, sin buscar un interés político, de que el gobernador en turno realice un eje rector. Ya no más decretos, planes de colaboración, exhortos, firmas de convenio y “Plan Estatales de Desarrollo” sin cumplir como las promesas de campaña de cada candidato gobernador para su sexenio.