Los operativos mochila son acciones que se realizan en las escuelas con el objetivo de revisar las pertenencias de los alumnos de diferentes niveles educativos, esta práctica ha estado presente desde hace muchos años; sin embargo, ha recibido varias críticas y señalamientos, por lo que algunas instituciones han dejado de realizarlas.
Este tipo de procedimientos se hacen por lo regular en las secundarias, preparatorias y bachilleratos. Esto se lleva a cabo con la intención de verificar que los estudiantes no tengan objetos que puedan resultar peligrosos, como armas o sustancias. Mientras que en otros casos hay quien lo hace cuando se pierde algo.
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Debido a la presión de los padres de familia, los operativos se han suspendido, incluso hay quien ha señalado que puede desencadenar en otras acciones que pueden poner en riesgo la integridad de los jóvenes. Es así, como a continuación te diremos que dice la ley al respecto:
El operativo mochila es inconstitucional
Fue en febrero del 2022 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los operativos mochila son inconstitucionales, lo que quiere decir que estas revisiones no cuentan con ningún sustento legal, por lo que no tienen normas que puedan regular la forma en la que se realiza.
Los ministros indicaron a través de un comunicado que esto puede violar los derechos fundamentales de los menores. Por eso les solicitaron a las autoridades educativas que se ajusten a los marcos legales.
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Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que tampoco está a favor de este tipo de prácticas; también les pidieron a los directivos y encargados que no las lleven a cabo:
“El organismo ratifica su posición de considerar los operativos mochila como revisiones que atentan contra la dignidad de los menores estudiantes. Se pide a las autoridades abstenerse de llevar a cabo medidas que carezcan de sustento legal y protocolos que garanticen ante todo los derechos humanos del alumnado”, se puntualizó.
En algunos casos puede aplicarse
La SCJN indicó que los operativos pueden aplicarse en grado menor, lo que quiere decir que en casos justificados, al igual que en grados mayores, que son cuando hay un riesgo alto de que se cometa un delito.
“Así, resulta razonable mitigar los riesgos de seguridad en las escuelas, a partir de la adopción de medidas que permitan generar un adecuado balance entre los derechos de cada educando en lo individual, y aquellos que pertenecen a la comunidad educativa en su conjunto”, se precisó.
Aun así, se especificó que las revisiones se pueden hacer cuando los involucrados estén de acuerdo, además, no se consideran obligatorias. Fue de esta forma que aseguraron que pueden realizarse “siempre y cuando dichos esquemas respeten la oposición de quienes no acepten sujetarse a dichas medidas”.
