Mariana tenía 23 años cuando dio a luz a su primer hijo, el recuerdo del nacimiento no es del todo feliz. Aunque estaba cerca de conocer al primero de sus hijos, se enfrentó a violencia psicológica por parte del personal que debía guiarla y acompañarla en el proceso, que no dejaba de decirle que no lo estaba haciendo bien, el trabajo de parto, y le recriminaban por embarazarse tan joven.
“Ellos no dejaban de gritarme, sobre todo una enfermera que se encontraba en la sala de parto, me decía que no lo estaba haciendo bien, que dejara de gritar porque retrasaba el proceso y podía matar a mi bebé, yo me espanté demasiado y trate de calmarme para que terminara pronto”, recordó.
Una persona embarazada, en trabajo de parto y en el periodo de posparto, puede ser agredida por llorar, ser sometida a una cesárea innecesaria y ser esterilizada sin su consentimiento. Este maltrato ejercido por el personal de salud se llama violencia obstétrica, está relacionado con la violencia de género y es una violación a los derechos humanos.
De acuerdo con Carlos Patiño Mijangos, gineco-obstetra y coordinador de la clínica médica universitaria de la UPAEP, esta práctica se debe a la falta de comunicación entre médico-paciente, al tiempo que aseguró que este tipo de violencia está desapareciendo. “La clave de combatir la violencia obstétrica es que entendamos que ambos queremos lo mejor para el bebé; médicos de la vieja escuela creen que son los expertos y la paciente no tiene forma de opinar”, expuso.
En contraste con esta postura, Cinayini Carrasco Colotla, directora general del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC (Odesyr), comentó que esto no está desapareciendo, sino que es la falta de información lo que provoca que no se visibilice y no se denuncie, que no haya quejas de las víctimas.
“Muchas mujeres no ven esto como una violencia, sino como un proceso al cual van a tener que enfrentarse porque las mujeres de su familia se enfrentaron a esto y lo ven con normalidad, es decir, que lo ven como algo común y natural, agregando que existe poca información referente al tema como para guiarlas”, indicó.
El 34.8 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron un hijo o hija entre el 2011 y 2016 en Puebla sufrió algún tipo de violencia por parte del personal de salud, según los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH-2016) del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI).
Estas son 163 mil 109 personas a las que los profesionales de la medicina dañaron física o psicológicamente durante su embarazo, parto o puerperio inmediato, es decir, las primeras 24 horas después del parto.
Es importante mencionar que es la medición más reciente que existe en el país, lo que deja en evidencia que existe un rezago importante de datos sobre este tema.
En lo que respecta al maltrato durante el parto por tipo de incidente, los datos que presenta el órgano autónomo son a nivel nacional, mismos que arrojaron que de dos millones 921 mil 514 personas que fueron violentadas, el 11.2 por ciento de los maltratos estuvieron relacionados con ser objeto de gritos o regaños por parte del personal, siendo el incidente más común.
Natalia también fue víctima de esta violencia. Durante el proceso de parto escuchó constantemente la frase “Si estuviste buena para embarazarte tienes que aguantar el dolor”, aunque asegura que después de tener a su hija entre sus brazos olvidó las agresiones verbales sufridas durante el proceso.
“Recuerdo la voz de una mujer diciendo que si estuve buena para embarazarme también tenía que aguantar el dolor del parto; yo estaba sufriendo mucho, a mi pareja no la dejaron pasar y estuve sola escuchando esa frase todo el tiempo; nadie le decía nada, yo quería que terminara pronto. Nunca pensé poner una queja, no sabía que eso se podía y al tener a mi bebé pues ya no importaba más”, señaló.
La segunda situación de maltrato denunciado por las personas gestantes fue que retrasaron el acceso a la atención médica por estar gritando o quejándose mucho, con el 10.3 por ciento de las menciones, mientras que otro 9.9 por ciento fue ignorada cuando preguntaba sobre el parto o su bebé; al 9.2 por ciento las obligaron a parir en posiciones molestas y al 4.8 por ciento les negaron anestesia sin explicación alguna.
En el caso de las 3 millones 752 mil 863 personas que tuvieron un nacimiento por cesárea, al 10.3 por ciento se las practicaron sin previamente haberles informado, y al 9.7 por ciento hicieron este procedimiento sin su consentimiento.
Para Patiño Mijangos, las esterilizaciones forzadas y las cesáreas sin consentimiento hoy están en desuso, pues asegura que esa actividad desapareció hace más de una década. Argumentó que son los factores educativos los que han erradicado este tipo de práctica, comentando que ahora lo que busca el personal de salud es convencer a la paciente y no obligarla.
En este sentido, refirió que el enemigo de los servidores de la salud es la falta de recurso económico y la densidad de población; aunque se busque dotar de información a la paciente, el tiempo de consulta es poco, razón por la que no se puede lograr.
MALTRATO DURANTE EL PARTO, SEGÚN CONDICIÓN ÉTNICA
De las personas encuestadas que vivieron maltrato en alguno de los tres escenarios antes mencionados, el 37.9 por ciento de los casos reportados de violencia obstétrica se registró en personas de habla indígena o que se consideran indígenas, siendo el sector más vulnerado en comparación con las personas que no hablan una lengua indígena o no se consideran como tal, que fue de 33.18 por ciento.
Esta razón que colocó a Puebla entre los 18 estados donde este sector de la población fue mayormente violentado en comparación con las mujeres que no se consideran indígenas. En el listado también figuraron Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz, entre otros.
Sobre la prevalencia de maltrato durante la atención del último parto en territorio poblano, de las más de 163 mil personas con incidencia de maltrato, el 36 por ciento perteneció a la zona urbana, mientras que el 31.7 en área rural.
IMSS, CON MÁS INCIDENTES REPORTADOS
Los datos presentados por el órgano autónomo también reflejan a nivel nacional el lugar de atención donde se registró el maltrato en el periodo de tiempo antes mencionado, en donde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue el prestador de servicios de salud con más incidentes reportados, con el 40.8 por ciento de incidentes.
También figuraron los hospitales o clínicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el 30.7 por ciento; las clínicas públicas de las entidades federativas reportaron el 38.7 por ciento, y los hospitales o clínicas privadas reportaron el 18.2 por ciento.
En el otro extremo, las casas con partera o curandera tienen los porcentajes más bajos de maltrato durante el embarazo, parto o posparto, con el 4.5 por ciento de quejas de incidentes de violencia.
De acuerdo con el ginecólogo Roberto Mendiola, en el medio privado se abusa de la cesárea: “En un buen hospital debe existir un 15 por ciento de cesáreas por un 85 por ciento de partos tradicionales; en cualquier hospital privado es al revés”.
VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN LA LEGISLACIÓN
A nivel nacional la violencia obstétrica no se ignora, pero tampoco se castiga. En el sistema de salud la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016 dicta las disposiciones para la atención de la persona durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida.
Sin embargo, estas prácticas todavía no se incluyen como un tipo de violencia de género en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En Puebla, el artículo 356 Bis señala que, se considera violencia obstétrica, cuando: la atención médica tiene un trato deshumanizado, discriminatorio o de humillación; se omite la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas; se realiza una cesárea sin justificación médica y sin el consentimiento de la mujer; se impone el uso de métodos anticonceptivos o de esterilización sin consentimiento de la mujer.
Además, cuando se obstaculiza que la madre cargue y amamante al recién nacido inmediatamente después del parto sin causa médica justificada; se niega que una persona de confianza acompañe a la mujer durante la prestación de los servicios si las normas lo permiten; se tomen fotografías o videos durante cualquier procedimiento de atención médica sin consentimiento voluntario; y se permite que personal externo no acreditado ni justificado médicamente ingrese, atienda o intervenga sin consentimiento voluntario.
Es importante mencionar que en general esta actividad no está penada, pero al responsable de provocar esterilidad en el estado de Puebla se le impondrán de diez a 15 años de prisión y multa de 4 mil 344 a 21 mil 720 pesos; además se sancionará con la suspensión de la profesión por no más de diez años.
Sin embargo, a decir de Carrasco Colotla, la tipificación del delito no asegura que se termine con esta práctica, sino que se debe de atacar el problema de fondo: “Si el personal médico no se capacita para saber por qué es un tipo de violencia, va a seguir ocurriendo, aunque vayan a la cárcel o se les castigue de alguna manera”.
QUEJAS ANTE LA CDH
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en el estado de Puebla se presentaron 35 quejas en la Comisión de Derechos Humanos del estado (CDH) contra la Secretaría de Salud local, por violencia obstétrica, en el periodo de 2012 a 2017.
Según el informe “La pieza faltante, justicia reproductiva”, en el estado se presentaron 12 quejas contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuatro para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y una para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
De acuerdo con una revisión realizada por EL SOL DE PUEBLA, el órgano estatal autónomo emitió tres recomendaciones más dirigidas a la Secretaría de Salud y al director general de los Servicios de Salud, esto en el último año.
Las recomendaciones 7/2020 y 9/2020 fueron emitidas por malas prácticas médicas en el Hospital General de Cuetzalan del Progreso. La otra (8/2020) se emitió por no brindar atención oportuna a una mujer embarazada en el Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán.
