La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que son 10mil 312 millones de pesos cuyo destino deben aclarar los gobiernos federal, estatales y municipales, correspondientes a la Cuenta Pública 2021. Ese monto corresponde a la segunda entrega de la fiscalización a la Cuenta Pública de 2021.
La primera, presentada en San Lázaro en junio pasado, dio cuenta de un monto por aclarar de 836.2 millones de pesos.
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Al entregar su informe a la Cámara de Diputados, el titular de la ASF, David Colmenares, indicó que se realizaron 690 auditorías. De los más de 10 mil millones por aclarar en esta segunda parte de la fiscalización, 65 por ciento son participaciones que la Federación transfirió a estados y municipios. Un 17 por ciento (mil 837 millones 28 mil pesos) son recursos que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deben comprobar.
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría de la Federación, Pablo Angulo, dijo que procederán a revisar los informes y los remitirán a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que tomen en cuenta los resultados para la dictaminación de la Cuenta Pública 2021. Del dinero que falta por comprobar, mil 93 millones de pesos corresponden a las participaciones federales que el Gobierno central entrega a estados, alcaldías y municipios para seguridad.
La ASF realizó 101 auditorías a municipios, cuatro a alcaldías de la Ciudad de México y 25 a estados, que hasta el momento no han justificado el gasto de dichos recursos. Cada una de las localidades auditadas ha gastado, en promedio, más de 13 millones 304 mil pesos de los que no se conoce el destino o para qué fueron utilizados.
De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2021, todas estas irregularidades se encontraron en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del que hace entrega el Gobierno federal para aumentar la capacidad de respuesta de los ayuntamientos y alcaldías de la Ciudad de México para cubrir las demandas generales −y no sólo en seguridad− de la población.
Otro de los programas donde la Auditoría detectó irregularidades fue en el mantenimiento y rehabilitación de las pistas del aeródromo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), entre las que destacan la formalización de contratos sin relación con las obras y pagos en exceso.
La ASF detectó presuntos desvíos por 417 mil 503 pesos en las obras para reparar las pistas 05L-23R y 05R-23L, esta última donde se abrió un bache en julio pasado lo que afectó las operaciones del aeropuerto durante casi una semana.
De acuerdo con el Informe de la Cuenta Pública 2021, las autoridades aeroportuarias formalizaron tres contratos que no tenían relación con el programa de inversión para conservar las pistas. También el proyecto del Tren Interurbano México-Toluca tiene dinero sin comprobar, en este caso 188 millones de pesos. De acuerdo con el Informe, las mayores irregularidades se encontraron en la construcción del túnel ferroviario del Portal Poniente al Oriente así como en las modificaciones al proyecto ejecutivo, donde detectaron 145.4 millones de pesos por aclarar.
En otra auditoría realizada a la construcción del tramo ferroviario Zinacantepec, la autoridad encontró probables desvíos por cerca de 42.7 millones de pesos, correspondientes a pagos excesivos por actualización de costos.
Por otra lado, en las revisiones de los trabajos de mantenimiento de las refinerías de Veracruz, Guanajuato e Hidalgo, se encontraron contratos no justificados y recursos no aclarados.
De estas tres refinerías, la de Tula, Hidalgo, es la que tiene el mayor monto por aclarar, por 28 millones 50 mil 86 pesos.
Según el informe de la ASF, los recursos pendientes de aclaración son por la contratación de servicios de mantenimiento, que en su mayoría no fueron justificados, faltó precisión en los contratos, se retrasó la ejecución de las obras o se acreditaron como una supuesta contratación de emergencia.
Por su parte, la refinería de Minatitlán, en Veracruz, tiene pendientes por aclarar siete millones 224 mil 879 pesos, que también corresponden a contratos injustificados o labores retardadas.
La ASF también reveló que la refinería de Salamanca, Guanajuato, es la que tiene el menor monto por aclarar. El dictamen emitido señala que en estas instalaciones hay cuatro millones 925 mil 675 pesos pendientes.
El sector educativo también tiene dinero por comprobar, debido a que 33 instituciones educativas de nivel medio superior del país tienen irregularidades de las transferencias recibidas por el Gobierno federal por un total de 496.5 millones.
La ASF también puso la lupa en el gasto de las universidades tecnológicas y politécnicas del país, donde detectó anomalías en 19 instituciones educativas de este tipo, por un monto total de 148.7 mdp.
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La institución de educación superior con más irregularidades fue la Universidad “Fidel Velazquez”, ubicada en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, la cual registró anomalías por 44.4 millones de pesos; mientras que la segunda institución con más irregularidades fue la Universidad Tecnológica de la Selva, en Chiapas, con 22.1 millones, sin aclarar.
Finalmente, el tema de los presuntos desfalcos en Seguridad Alimentaria (Segalmex) fue abordado en una sesión previa a la entrega de la Cuenta Pública. La diputada María Elena Pérez-Jaén, del PAN, solicitó que el auditor brinde información sobre el caso y reiteró que es necesario que acuda a comparecer el extitular de dicho organismo de gobierno, Ignacio Ovalle, lo que fue respaldado por diputados morenistas. Con información de Alfredo Fuentes, Juan Luis Ramos, Miguel Ensástegui y Rafael Ramírez
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