Durante el 2022, las autoridades laborales del estado de Puebla captaron a través de las conciliaciones un total de 210 millones 945 mil 791 pesos a favor de los trabajadores de la entidad, los cuales tenían algún conflicto individual o colectivo con sus empleadores.
La Secretaría del Trabajo informó que de dicho monto, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) captó 189 millones 216 mil 311 pesos por la resolución de 7 mil 183 conflictos.
Por su parte, los Tribunales Laborales de Puebla y Tehuacán evitaron 265 juicios, con los cuales recuperaron 21 millones 729 mil 480 pesos en litigios que mantenían empleados y patrones.
Sobre estos números, Gabriel Biestro Medinilla, titular de la dependencia, afirmó que son buenas noticias para el trabajador, ya que se está haciendo justicia laboral por algún despido injustificado o falta de pagos.
Incluso, precisó que como parte del trabajo coordinado con el Gobierno Federal periódicamente son revisados los avances en la implementación del nuevo modelo de justicia laboral por parte de las instancias involucradas, como lo son los poderes Judicial y Legislativo, así como la autoridad estatal.
Es por ello, que dijo que sea reanudaron las reuniones del “Grupo Interinstitucional para la Implementación de la Reforma Laboral en el Estado de Puebla”, en las cuales se reportan los avances.
La última sesión se llevó a cabo el pasado jueves 12 de enero, donde asistieron autoridades como Jorge Ramón Morales Díaz, magistrado presidente de la Comisión de Implementación y Consolidación de la Reforma Constitucional en Materia de Impartición de Justicia Laboral del Poder Judicial del Estado de Puebla; Alejandro Varela López, juez del Primer Tribunal Laboral del Estado de Puebla y enlace del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, y Josefina Morales Guerrero, titular de la Unidad de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
También estuvo presente Sandra Rosas Castillo, directora general del Centro Conciliación Laboral; Alejandro Álvarez Tecua, procurador de la Defensa del Trabajo y Patricia Olarte Córdoba, directora general de la Defensoría Pública.
