La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) del estado de Puebla terminará el 2024 con un total de 31 mil 699 juicios laborales sin resolver, los cuales se iniciaron por despidos injustificados, falta de pago de utilidades y horas extras, así como salarios devengados.
De acuerdo con información de la Secretaría de Trabajo estatal, aunque dicha cifra sigue siendo alta, representará un avance del 7.4 por ciento en el rezago de casos que mantienen de manera histórica.
➡️ Únete al canal de El Sol de Puebla en WhatsApp para no perderte la información más importante
Lo anterior, debido a que serían 2 mil 500 casos menos que los registrados durante todo el 2023, cuando el archivo reportaba un total de 34 mil 199 expedientes pendientes.
Por tipo de Junta Especial, la dependencia indicó que la número 3 es la que cerrará el año con el mayor rezago, con 7 mil 774 casos pendientes, seguido por la 1, con 6 mil 155.
Por debajo se ubicó la número 2, con 6 mil 026; la 6, con 5 mil 669; la 4, con 4 mil 017; la 7, con 2 mil 225, y la 5, con 255. La oficina con menos casos es la 8, con únicamente 169.
Según Leobardo Soto Martínez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la mayor cantidad de juicios sin resolver que la central obrera tiene están relacionados principalmente con los sectores de la construcción, comercio, transporte, hoteles y restaurantes.
Todos estos, se iniciaron debido a despidos injustificados, bajos salarios y el no pago de prestaciones de ley, tales como aguinaldo, reparto de utilidades y vacaciones dignas.
“Estos son los sectores con más casos sin resolver, y se debe a que los gobiernos estatales no le quisieron apostar al tripartismo en cuanto a la impartición de justicia, que para mí sigue siendo el mejor modelo del mundo, pero sin recursos no hay justicia y no hay ley que se aplique”, señaló.
El rezago terminará dentro de 24 años
De acuerdo con Carlos Alberto Toriz Morales, encargado de despacho de la dependencia, el lento ritmo de resolución de juicios que han mantenido en los últimos años, hará que el rezago se termine en un periodo de 24 años, es decir, hasta el 2048.
En entrevista con medios de comunicación, reconoció que la problemática proviene principalmente de su falta de infraestructura y de personal, por lo que el trabajo de la junta es lento.
➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo
Por ello, adelantó que están generando una serie de acciones y programas para atacar el problema y así, agilizar cada vez más el análisis, procesos y conclusión de los casos.
Por ejemplo, propuso digitalizar la administración de justicia laboral, es decir, donde la gran mayoría de los litigantes podrían hacer sus trámites en línea para agilizar los procedimientos.
Por su parte, los usuarios también tendrían la facultad para presentar sus demandas a través de medios digitales, así como llevar a cabo sus audiencias bajo la misma modalidad.
Para él, este tema es de suma importancia, ya que se debe demostrar ante los socios comerciales que esta es una entidad donde los conflictos laborales se resuelven de forma rápida.
Una de las vías para solucionar el problema, es el diálogo con empresarios para sugerir esquemas de conciliación y remediar con ello los conflictos que llevan años parados y sin una solución.
Dicho rezago fue provocado en las administraciones morenovallistas
En su momento, el extitular de la dependencia, Abelardo Cuéllar Delgado, dio a conocer que este rezago en la JLCA fue causado durante las administraciones morenovallistas.
En esos años se despidió a casi a la mitad de trabajadores y el presupuesto destinado para este órgano fue reducido de manera significativa, por lo que dejó de contar con el recurso humano y financiero adecuado para cumplir con sus funciones de manera eficiente.
“Es una crisis acumulada porque en la época que gobernó el PAN despidieron a cerca de la mitad de los trabajadores en la Junta y como ustedes saben la cuestión presupuestal no está al 100 por ciento recuperada”, indicó en su momento el exfuncionario.
Refirió que la dependencia estaba operando con aproximadamente 48 personas, cuando el personal ideal para un correcto funcionamiento debería ser de 91, que incluyen ocho auxiliares, igual número de actuarios y también de secretarios, cuatro conciliadores y 10 empleados para la parte administrativa.
Esa cantidad de trabajadores representa únicamente 37 por ciento del personal que tenía antes de que Rafael Moreno Valle llegara al Poder Ejecutivo y despidiera a miles de burócratas.
Esta situación hizo que el personal tenga una sobre carga laboral, ya que ahora se encargan de levantar las audiencias, redactar lo que las partes informan, coser los expedientes y turnarlos con los actuarios, foliar, sellar, recabar firmas y aparte tienen que desahogar las audiencias.
Cuéllar Delgado agregó que a este déficit se le sumaba la falta de papelería, de viáticos y hasta de vehículos para que se pudieran llevar a cabo las notificaciones correspondientes.