La administración estatal no dejará de pagar la deuda generada por los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) y de Asociación Publicó Privada (APP), ya que afectaría la calificación crediticia de la entidad y eso repercute en la hacienda, explicó la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro.
La funcionaria detalló que estos pasivos se establecieron en contratos, tienen un origen legal y son obligaciones de pago, por lo que no se pueden desconocer, sin embargo, se buscarán mejores condiciones de liquidez para cubrir esta deuda.
Durante su toma de protesta, el gobernador informó que la deuda pública asciende a los 44 mil millones de pesos, al respecto, la secretaria expresó que la entidad se encuentra en posibilidad de hacer una reestructuración para buscar mejores condiciones de cumplimiento de estos compromisos.
Aunque no hizo el desglose de los 44 mil millones de pesos, reveló que la mayoría del monto proviene de los compromisos generados por los PPS y APP, así como convenios, laudos y pagos pendientes a proveedores; si bien no todo está tipificado como deuda, representa una obligación de pago.
“El gobierno no puede tomar esa decisión (dejar de pagar), sería una forma irresponsable de hacerlo, se tiene que hacer el estudio, renegociar, restructurar y buscar las mejores condiciones, si algo nos ha pedido el gobernador son finanzas responsables y equilibrio, no estamos desconociendo las obligaciones, pero sí estamos buscando un mejor equilibrio”, expuso.
Cuando se realicen los ajustes legales necesarios, agregó la secretaria, la disminución de los pagos se hará visible incluso en el Presupuesto de Egresos, donde se asientan las obligaciones programadas durante el ejercicio fiscal, pero no hay un plazo para concluir con este proceso de restructuración.
Por otra parte, la secretaria informó que la administración tiene pendientes pagos a proveedores de diferentes dependencias del estado, hay contratos no solventados desde el 2017.
Teresa Castro señaló que se hacen revisiones exhaustivas en dependencias como Infraestructura, Salud y Educación, en los que no se contaba con los recursos para pagar en el momento pero los proveedores exigen el pago de sus facturas.
