Outsourcing en Puebla aumenta 38% en 10 años; están en riesgo 127 mil empleos

La propuesta de López Obrador no distingue entre una empresa formal y una evasora

Víctor Hugo Juárez | El Sol de Puebla

  · viernes 27 de noviembre de 2020

Foto: EFE

La subcontratación de trabajadores u outsourcing se convirtió en una tendencia creciente durante la última década en Puebla, con casi 300 mil empresas poblanas que contratan a otras y más de 127 mil trabajadores bajo esta modalidad de empleo, la cual está a punto de extinguirse con la reforma a la Ley Federal del Trabajo propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el Censo Económico 2019, realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), hasta 2018 se registraron 298 mil 183 empresas que contrataron un servicio mediante outsourcing, lo que significa 46 mil 865 más de las registradas en el censo previo de 2013 y 82 mil 895 más que en el censo de 2008, es decir, un aumento del 38.5 por ciento en los últimos 10 años.

Pero esto también se vio reflejado en el número de trabajadores subcontratados, pues de los 82 mil 525 registrados en 2008 pasó a 109 mil 749 en 2013 y para la última medición de 2018 subió a 127 mil 737, lo que representa un crecimiento del 54.7 por ciento en los últimos 10 años.

La reforma que López Obrador entregó a la Cámara de Diputados plantea eliminar la subcontratación, que nació de una reforma a la Ley Federal del Trabajo aprobada en 2012, en el sexenio del entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.

En la justificación de la reforma, el documento precisa que esta modalidad provocó que muchos empresarios incurrieran en malas prácticas para evadir el pago de impuestos o registrar a sus trabajadores con un salario menor al que realmente perciben, lo que afecta directamente sus prestaciones laborales.

“La mencionada reforma a la Ley Federal del Trabajo resultó insuficiente para evitar las prácticas indebidas de algunos patrones, con consecuencias en materia laboral, de seguridad social, fiscal y penal, implicando a su vez la proliferación y crecimiento de grupos de empresarios que han incrementado esquemas de subcontratación simulada”, indica el documento.

La iniciativa no pretende extinguir el outsourcing, solo la subcontratación, pues la propuesta consiste en permitir la contratación de otras empresas para servicios u obras especializadas que no forman parte del objeto social ni de las actividades económicas de la empresa contratante, para lo cual se requerirá de una autorización previa emitida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Gráfico: El Sol de Puebla

RADIOGRAFÍA DEL OUTSOURCING EN PUEBLA

A nivel estatal, el sector que ocupa más subcontratación a través del outsourcing es el comercio en todas sus modalidades, con un total de 43 mil 928 trabajadores registrados bajo este esquema hasta el 2018, según el último Censo Económico del INEGI.

Esto representa un crecimiento del 18.7 por ciento a comparación del censo previo que se realizó cinco años antes, en 2013, cuando había 36 mil 993 trabajadores por outsourcing en el sector comercio.

El segundo sector es el manufacturero con un total de 39 mil 86 trabajadores, sin embargo, a diferencia del comercio, este refleja una reducción del 3.9 por ciento comparado con el censo previo, cuando se documentaron 40 mil 686 trabajadores.

El crecimiento más alto en esta modalidad se dio en el sector de servicios, pues con 37 mil 286 trabajadores, reflejó un aumento del 32.9 por ciento en los últimos cinco años, ya que en 2013 había 28 mil 60 empleados.

No obstante, Puebla es de los estados con menor porcentaje de personal contratado por outsourcing en comparación al total de trabajadores, con un 11.4 por ciento, cuando la media nacional fue de 17.3 por ciento.

La entidad se ubica lejos de Quintana Roo, que con 35.9 por ciento fue el estado con el porcentaje más alto de trabajadores de outsourcing, mientras que el más bajo fue Oaxaca con 7.2 por ciento.

Gráfico: El Sol de Puebla

EL OUTSOURCING LEGAL E ILEGAL

Para el especialista en derecho laboral, Jorge Jiménez Alonso, uno de los huecos en la reforma que propone López Obrador es que no distingue entre las empresas que llevan a cabo un outsourcing legal y las que ocupan esta figura para evadir al fisco y vulnerar el derecho de los trabajadores.

“Lo malo que yo veo es distinguir el outsourcing que es legal del ilegal porque realmente aquí me da la impresión que el señor presidente toma pareja todo el asunto y trata de aniquilar todo el outsourcing y dejarlo solamente para los trabajos eventuales o trabajos especializados. A ese tipo de empresas de outsourcing ilegal, ese sí debe combatirse frontalmente y yo no veo que esta iniciativa lo combata directamente… Es como decir que vamos a evitar los accidentes de tránsito prohibiendo la circulación de los vehículos de todo tipo”.

Consideró que la solución de fondo es combatir la simulación y evasión fiscal de empresas que solo se dedican a facturar sin garantizar las prestaciones completas de sus trabajadores.

No obstante, reconoció que, de fondo, esta iniciativa busca salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores que se ven afectados con estos esquemas, pues afirmó que en varias de las ramas de la economía el 80 por ciento de los ingresos se va para la producción de las empresas y solo el 20 por ciento para la remuneración de sus trabajadores.

“Es una buena propuesta porque tiende a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en México, a darles certeza jurídica y al hablar de certeza jurídica estoy hablando de quién es su empleador, cuál es la empresa en la cual trabaja y cuáles son sus prestaciones, su salario real, comprendiendo el concepto de salario integral”.

En ese mismo sentido se pronunció el especialista Administración Financiera de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Anselmo Chávez Capó, al señalar que la solución de fondo es ir directamente contra las empresas que cometen irregularidades.

“El diagnóstico está bien, la parte de operación del diagnóstico es con la que yo no coincido. Una vez que te has dado cuenta de esto por qué no revisas a esas empresas que observan esas prácticas y entonces castigas empresas, y a las empresas que están trabajando de manera adecuada los dejas seguir trabajando, aquí lo que hicieron fue contra todos y esa es la parte en que mucha gente nos hemos quejado con respecto a las decisiones del Ejecutivo, no puedes hacer una operación a corazón abierto con machete”.

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TORCIERON LA LEY: DIPUTADO

“Los dueños del poder económico” fueron quienes “torcieron” la ley para beneficiarse del outsourcing a costa de los derechos laborales de sus trabajadores, manifestó Saúl Huerta Corona, diputado federal de Morena y secretario en la Comisión de Hacienda y Patrimonio de la Cámara de Diputados, donde se discutirá esta iniciativa del presidente de la República.

“Los trabajadores históricamente han tenido conquistas laborales que han sido plasmadas a rango constitucional, sin embargo, la clase capitalista, los dueños del poder económico en México tenían a su servicio una clase política dorada, sumisa, una clase política que a efecto de que estuviera sometido a esos dueños del dinero, dejaron corromperse. Entonces torcieron la ley, aprovecharon lagunas y esas conquistas laborales de los trabajadores las torcieron a través de ir contratando cada mes o cada tres meses y eso priva a los trabajadores de acceso a seguridad social, de acceso a Infonavit, a reparto de utilidades, etcétera”.

Para el legislador, el cumplimiento de los patrones con sus obligaciones laborales no es un regalo para sus trabajadores, sino un derecho que les fue arrebatado con la complacencia de una ley que les permitía beneficiarse económicamente.

“No es algo que se les vaya a regalar a los trabajadores, es algo que legítimamente les corresponde y que por torceduras de la ley o circunstancias fueron vejados en sus derechos constitucionales, pero no había quien los representara, hoy los trabajadores están bien representados en el Poder Legislativo y también tenemos un hombre que saca la cara por los que menos tienen, el presidente de México”.

La pandemia provocada por el coronavirus tampoco es impedimento para aprobar esta ley, pues a pesar de la crisis económica que trajo, el diputado federal aseguró que no se está pidiendo más a las empresas que lo que les corresponde por ley.

“No se están generando nuevos impuestos ni mucho menos, simplemente si ya le retuvieron al trabajador que entreguen el impuesto, pero se lo robaban, defraudaban al fisco. Esas maquinaciones se van a castigar porque son delito… ¿qué tiene que ver la pandemia con que estén haciendo negocios turbios a costa de la clase trabajadora?”.

Recordó que para la discusión de esta iniciativa se convocó a un parlamento abierto que fue inaugurado este lunes, donde se tuvo la participación de especialistas y los actores involucrados para que emitieran su opinión y sean consideradas todas las voces antes de su aprobación, que se prevé sea este mismo jueves.

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NO TODAS SON ILEGALES: EMPRESARIOS

Si bien el sector empresarial manifestó su aprobación a esta iniciativa enviada por el presidente de la República, enfatizó que no todas las empresas que recurren al outsourcing lo hacen de manera ilegal y externaron que se deben tomar en cuenta.

“No quiere decir que todas sean malas, hay empresas que están manejando el outsourcing como Dios manda, con todos los protocolos que les marca Hacienda y algunos pagan por otras. Yo creo que está bien, nada más hay que ser muy neutral y que sigan operando las empresas que están con todas las de la ley y las que no que les den toda la mano dura para que las eliminen”, dijo a El Sol de Puebla el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco.

En ese sentido, dijo que de 100 empresas que recurren a la contratación de otra para ciertos servicios, el 85 por ciento lo hace de manera legal.

En el sector restaurantero la percepción es similar, pues se reconoce que hay empresas que cumplen con los requisitos que marcan la ley y otras que abusaron de esta figura para sacar provecho y contratar a trabajadores a través de otra razón social.

“También ha habido gente que ha abusado y ha lastimado los intereses de los trabajadores al no tenerlos en el seguro social, al no estar cotizando con los sueldos reales o estar pagando las prestaciones a las cuales tienen derecho y también hay empresas que lo han hecho muy bien y que han apoyado mucho”, manifestó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Puebla, Olga Méndez Juárez.

La representante de este sector señaló que las cámaras empresariales deben ser tomadas en cuenta para la discusión de esta reforma, además de que los legisladores deben fijar tiempos de gracia para que las empresas puedan adaptarse a las nuevas reglas.

“Dar un tiempo de plazo para que las empresas que están obteniendo estos trabajos de outsourcing pudieran ajustar sus movimientos, sus tiempos y sus presupuestos. El hecho de sacar las leyes desde un escritorio, siempre lastiman a la iniciativa privada porque no se ponen en empatía, ni los tiempos, ni los conceptos, ni las aplicaciones de las leyes”.

Finalmente, consideró que un reto para el gobierno federal es evitar la corrupción que se pueda generar con estas nuevas reglas, sobre todo al momento de solicitar las autorizaciones ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

“La bandera del gobierno es erradicar la corrupción y lo que hemos visto es que no se ha erradicado, que al contrario han aumentado por la falta de conocimiento que tienen muchas personas. Al abrir una pequeña puerta yo creo que sí es viable que se preste a temas de corrupción para poder obtener un registro que la certifique como empresas avaladas para poder dar este servicio”.