La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) solicitó a la Hacienda Pública 350 millones de pesos para preparar el plan carretero del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.
La dependencia prevé realizar 61 estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de infraestructura carretera durante 2025, esto bajo esquemas de concesión y de asociaciones públicoprivadas.
Se trata de estudios de demanda, análisis de costo beneficio, proyectos ejecutivos y estudios medioambientales, entre otros, de acuerdo con un proyecto inscrito en la Cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda.
Entre los trabajos que destaca el proyecto están la integración de expedientes, así como trabajos técnicos y jurídicos, además de la formulación de convenios en ejidos por donde pasan autopistas, con un costo estimado de 50 millones de pesos.
Para los estudios de demanda y factibilidad de obras, así como dictámenes de expertos, la Secretaría de Infraestructura prevé destinar entre 35 y 38.5 millones de pesos.
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De acuerdo con el programa de obras de autopistas que tiene a su cargo la Dirección General de Desarrollo Carretero (DGDC), es necesario contratar los estudios y proyectos que permitan conocer la viabilidad de proyectos de esta índole, así como contar con los elementos para llevar a cabo la construcción y modernización de la red carretera.
“Resultaría inviable técnica y económicamente que la SICT realice el Programa de Estudios y Proyectos con sus propios recursos, debido a los requerimientos de personal especializado y recursos materiales involucrados en su realización”, indicó la autoridad.
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El documento inscrito en la Cartera de Inversión señala que entre los principales riesgos en caso de no efectuarse el programa están problemas sociales como bloqueos de carreteras y manifestaciones, demandas, retrasos en obras, con el consecuente incremento de costo en las mismas, así como no contar con proyectos de concesión para los próximos años.
“El impacto que esto podría acarrear es el no estar en posibilidades de ejecutar obras, lo que implicaría subejercicios, problemas contractuales con las empresas contratistas e incumplimiento del programa de construcción y modernización de carreteras y autopistas”, añadió la dependencia.