Población víctima de corrupción en Puebla incrementa 8% en ocho años

El principal lugar a donde los poblanos experimentaron al menos un acto de corrupción fue con las autoridades de seguridad pública

Javier Zambrano | El Sol de Puebla

  · sábado 10 de diciembre de 2022

En los últimos ocho años, del 2013 al 2021, incrementó en un 8.5 por ciento la población de 18 años y más. Foto: Freepik

En los últimos ocho años, del 2013 al 2021, incrementó en un 8.5 por ciento la población de 18 años y más que ha sido víctima de corrupción en el estado de Puebla.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que en 2013 el 11.1 por ciento de las personas habían sufrido este delito, y para el 2021, la cifra se elevó a 19.6 por ciento.

Es importante mencionar que el dato más reciente fue considerado como el segundo más alto de la República Mexicana, solo por debajo de Quintana Roo con un 20.4 por ciento.

Comenta que existe la posibilidad de que culmine su mandato sin haber erradicado estos actos. Foto: Cortesía Twitter @MBarbosaMX

El principal lugar a donde los poblanos experimentaron al menos un acto de corrupción fue con las autoridades de seguridad pública, con el 65 por ciento de los casos.

Le siguieron los trámites ante el Ministerio Público con un 24.0 por ciento; permisos relacionados con la propiedad, con 22.3 por ciento; trámite para abrir una empresa, con el 21.9 por ciento, y trámites con juzgados o tribunales, con el 20.9 por ciento.

También destacan los trámites municipales con el 13.8 por ciento de los casos de corrupción; trámites vehiculares, con el 11.1 por ciento; servicios municipales, con el 10.0 por ciento, y los trámites del servicio de energía eléctrica, con el 7.4 por ciento.

Según el Inegi, en 2021 cada persona tuvo que gastar en promedio 3 mil 044 pesos por el tema de corrupción; mientras que el monto de las empresas, ascendió a 7 mil 419 pesos.

Pese a esta situación, se dio a conocer que el estado de Puebla ocupó en 2021 el primer lugar a nivel nacional con el mayor número de personas capacitadas en materia de anticorrupción en las administraciones públicas estatales.