El Congreso local aprobó una reforma a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla para permitir que las empresas de redes de transporte como Uber, DiDi y Cabify cobren en efectivo, conforme al sistema de pagos nacional.
Aunque en la práctica algunas plataformas ya aceptan pagos en efectivo por mandato judicial, la ley estatal aún lo prohibía, por ello este miércoles el Pleno del Poder Legislativo aprobó por unanimidad de votos la iniciativa del diputado de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, que consiste en reformar el artículo 12 Bis.
Lo anterior se propuso luego que en 2019 el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito ordenó al Congreso de Puebla que proveyera las medidas necesarias para hacer posible que las personas físicas o morales que utilizan el servicio ejecutivo de transporte pueden pagar en efectivo.
El dictamen señala que, al no permitir este cobro se violan los artículos 28, 73, fracción XVII y 117 fracción III concatenados con el artículo VII de la Ley Monetaria, en los cuales se establece que las obligaciones de pago se resolverán mediante la entrega por su valor nominal por billetes del Banco de México o monedas metálicas, lo que hace claro que la regulación estatal no puede limitar el uso de estas para liquidar las obligaciones de pago por la prestación del servicio.
La Ley de Movilidad y Transporte estatal solo reconocía el pago electrónico por la prestación del servicio que ofrecen plataformas como Uber, DiDi y Cabify.
En el caso de Uber, el 8 de diciembre de 2017 dejó de aceptar el pago en efectivo, ante lo ordenado por las autoridades a partir de las reformas a la Ley del Transporte que el Congreso aprobó con el fin de regular el servicio que ofrecían Uber y Cabify y otorgar mayor seguridad a los usuarios, tras el homicidio de la estudiante Mara Castilla a manos de un chofer de Cabify que está en prisión.
Sin embargo, el 10 de julio de 2019 la empresa estadounidense volvió a cobrar en efectivo, luego de que un Tribunal Federal emitió una suspensión definitiva en la que reconoció que prohibir el cobro en esta modalidad, es inconstitucional.