Embargar los bienes materiales y cuentas bancarias de los padres sentenciados por el delito de feminicidio para cubrir la pensión alimentaria de los hijos es la propuesta que presentó la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Aurora Sierra Rodríguez, al Congreso del Estado.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Metropolitanos busca hacer diversas modificaciones al Código Civil, Código Penal y Ley Estatal de Asistencia Social de Puebla con el fin de garantizar el bienestar de las hijas e hijos menores de 18 años donde el padre esté acusado por el asesinato de la madre de sus hijos.
Sierra Rodríguez expuso en los argumentos que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a mayo del año en curso se cometieron nueve feminicidios en la entidad, por lo que, el estado se ubicó en el lugar número 14 con más casos a nivel nacional.
A la par, comentó que cuando las mujeres mexicanas son asesinadas y los cadáveres son intervenidos por médicos legislas se ha podido identificar el vínculo del homicida con ella, mediante los cuales ha resultado que en cada cuatro de 10 casos el presunto asesino era su pareja, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
“Cuando los cadáveres de mujeres mexicanas asesinadas han sido intervenidos por médicos legistas y han podido identificar el vínculo del homicida con ellas, ha resultado que, en cuatro de cada 10 casos el asesino era su pareja, de acuerdo con datos del INEGI”.
Las reformas de la legisladora local que se ha caracterizado por su trabajo a favor de las mujeres, especifica que cuando exista un delito por feminicidio y el agresor haya procreado un hijo con la víctima se asegure el interés del menor, se garanticen los alimentos y su estudio.
“En los casos de feminicidio en los que el imputado haya sostenido una relación con la víctima y/o haya tenido hijos o dependientes por afinidad o consanguinidad en línea recta ascendiente o descendente sin límite de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado, los bienes materiales y cuentas bancarias del agresor serán embargados con el objetivo de asegurar el pago de alimentos al dependiente económico de tal manera que todas sus necesidades sean cubiertas de manera satisfactoria”.
Por ello, propuso confiscar los bienes materiales y las cuentas bancarias del varón sentenciado por el delito de feminicidio para velar por el bienestar del o los hijos.
Asimismo, el Sistema Estatal DIF en el ámbito de sus competencias se encargará de darle seguimiento de manera permanente al tutor que tenga la custodia del menor para procurar el desarrollo de los infantes hasta que cumpla la mayoría de edad.
Las modificaciones fueron enviadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y posible aprobación.