Durante el 2023, se registraron en el estado de Puebla un total de 2 mil 688 conflictos laborales, lo que significó un incremento del 23.0 por ciento, con respecto al 2022, donde fueron 2 mil 184, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
A través de sus Estadísticas sobre Relaciones Laborales de Jurisdicción Local (ERLAJUL), detalló que el 62.3 por ciento de estos problemas fueron ocasionados por despidos injustificados.
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Otros motivos fueron el incumplimiento en el pago de las utilidades, con un 4.4 por ciento; violación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), con un 3.8 por ciento, y rescisión de contrato laboral, con un 0.9 por ciento.
Ante todas estas situaciones, los empleados, que iniciaron un juicio en contra de sus empresas, pidieron principalmente una indemnización de ley, con el 22.6 por ciento.
Le siguieron los pagos de días de descanso, con un 19.5 por ciento; aguinaldo, con un 19.5 por ciento; prima de antigüedad, con un 17.2 por ciento, y la reinstalación, con un 5.3 por ciento.
Los sectores con más conflictos laborales fueron el comercio, servicios de apoyo a negocios, industrias manufactureras, transporte, hoteles, restaurantes y en la construcción.
En la lista también apareció la agricultura, minería, electricidad, información en medios masivos, servicios financieros, servicios inmobiliarios, servicios educativos y de salud.
Durante el 2023, la entidad poblana fue colocada en la novena posición de los 32 estados de la República Mexicana, por registrar la mayor cantidad de conflictos laborales.
Solo fue superada por la Ciudad de México que tuvo 15 mil 394 casos; México, con 7 mil 839; Guanajuato, con 7 mil 070; Nuevo León, con 5 mil 796; Jalisco, con 3 mil 460; Coahuila, con 3 mil 156; Chihuahua, con 2 mil 876, y Querétaro, con 2 mil 762.
El 43% de los casos se solucionó
Según el instituto, de los 2 mil 688 conflictos laborales individuales registrados en la entidad durante el año pasado, el 43.3 por ciento fueron solucionados, es decir, mil 164; el resto, continúa en proceso.
De estos, 596 fueron por convenio, lo que significa que ambas partes llegaron a un acuerdo para darle fin al problema, derivado de la intervención de autoridades mediadoras del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y del Centro Local de Conciliación y Registro Laboral (CLCRL).
Por su parte, 119 conflictos tuvieron un laudo absolutorio, que se refiere a que el demandado ganó el juicio; mientras que 77 fueron por un laudo condenatorio, donde el demandante tuvo un fallo a su favor.
En Puebla hay una alta incidencia por su volumen de empresas y trabajadores
De acuerdo con Alan Ortega, abogado laborista, la entidad poblana concentra una alta incidencia de conflictos laborales por su gran volumen de empresas y trabajadores.
“Una gran oferta de compañías, sin duda, termina en un gran volumen de conflictos laborales. Por eso, es que el estado concentra tantos casos, al ser hogar de empresas importantes, como Volkswagen y Audi, que tienen una amplia plantilla laboral”, explicó.
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Desde su perspectiva, existen otros factores que han generado el incremento de juicios, como es el rezago de problemáticas a causa de la pandemia por la Covid-19, así como las malas prácticas por parte de los patrones.
“A raíz de la pandemia hay conflictos que se siguen presentando, por eso, podemos notar un aumento en los casos. También influyen los comportamientos de los empleadores, quienes, en muchas ocasiones, abusan del trabajador. Esto no es algo nuevo, pero día a día, es más común”, agregó.
La educación ayudaría a reducir los conflictos
Desde la lógica de Aranzazu Mariana Paredes Cruz, abogada laborista, la educación e información sobre los derechos y obligaciones del trabajador y el patrón, ayudaría a reducir los conflictos laborales en la entidad.
De esta manera, ambas partes sabrán, desde el inicio de su relación laboral, qué pueden hacer y qué no en temas como salarios, horarios, descansos, bonos, entre otras prestaciones.
“Lo primero que hay que hacer para acabar con esto, sería que los empleados y empleadores tengan plena consciencia sobre sus derechos y obligaciones. Esto solo se logrará estudiando y dejando las reglas claras desde un principio”, acotó.
Explicó que otras soluciones al problema, podría ser que todas las empresas formalicen sus relaciones laborales por medio de un contrato de trabajo, mínimo de tres meses, que sería una forma de protegerse y, a su vez, mantener informado a su trabajador.
La última parte le tocaría al gobierno, específicamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ya que debe encargarse de generar constantemente cursos, talleres y pláticas sobre las relaciones laborales para mantener informada a la sociedad.
“Todo esto es el punto medular, ya que, se necesita la fuerza de voluntad del trabajador para informarse, de la empresa para regularizar sus relaciones y, del gobierno, para capacitar”, concluyó.
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