La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo órdenes de aprehensión contra Inés “N”, su esposo Víctor Manuel “N” y un grupo de personas por su posible participación en delitos de delincuencia organizada como operaciones de recursos de procedencia ilícita.
En un comunicado destacó que de los imputados solo tres se encuentran recluidos y el resto huyeron del país, por lo que ya se obtuvieron sus fichas rojas correspondientes ante organismos como la Interpol.
LAS INVESTIGACIONES EN CONTRA DE LA CONDUCTORA
La Fiscalía en conjunto con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) iniciaron sus investigaciones en contra de la conductora de diversos espacios de espectáculos en Tv Azteca y Televisa como contra su esposo en noviembre de 2019.
Junto a ellos se investigó a Edgardo Mauricio “V”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas que manejaban debido a su participación en delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo a las pruebas, el grupo se coludió para simular operaciones y dotar de recursos a su organización criminal. Para lograrlo, ocultaron operaciones y bajaron cargas tributarias con el objetivo de dificultar el rastreo de los recursos.
La Fiscalía señaló que Víctor Manuel “N” e Inés “N” eran quienes estaban a cargo de la operación principal y los que operaban con supuestos representantes de personas morales. La forma en que lograban obtener los recursos fue por medio de presuntos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación.
Se utilizaron comprobantes fiscales digitales por internet y se encubrieron operaciones falsas que aparentaban ser actos de comercio como de prestación de servicios que no se llevaron a cabo. Lograron lavar dinero al disfrazar los delitos con actividades lícitas, pero que no existían.
LAS DISTINTAS PERSONAS INVOLUCRADAS
Al realizar la investigación, la Fiscalía obtuvo información sobre un grupo encargado de realizar operaciones bancarias a nombre de personas morales que estaba conformado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C” y Yareli “C”. Junto a ellos, se descubrió a diversos funcionarios públicos que facilitaron los recursos al celebrar los contratos ilegales, quienes eran Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”.
Se detalló que un ejemplo de sus operaciones es una empresa representada por Héctor “Z”, la cual habría recibido más de dos mil 500 millones de pesos a causa de las operaciones. También, se encontraron dos contratos firmados con los Centros Federales de Readaptación Social por un valor de 2 mil 950 millones de pesos.
Solo se mantiene en investigación el caso de Gabriel “M”, quien era accionista en una de las empresas, pero vendió sus acciones en un tiempo anterior al inicio de las operaciones delictivas, por lo que se indaga su posible participación.
“A los principales responsables de la probable comisión de estos delitos, se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondiente, y tres de ellos ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal”, explicó la FGR.
INÉS "N" Y SU CASO
Fue en septiembre del año pasado cuando el juez Iván Aarón Zeferín de control del Centro de Justicia Penal Federal otorgó la orden de captura en contra de la conductora y su esposo. Los cargos fueron por delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de tres millones de pesos.
Desde el 2016 la pareja era investigada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al encontrar irregularidades en su declaración. El caso pasó a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) hasta que Inés “N” solicitó la intervención del Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
A pesar de llegar a un acuerdo por 10 millones de pesos para resolver el caso, el Ministerio Público Federal determinó que la cantidad no era suficiente para la reparación de los daños, a lo que el procurador Carlos Romero Anda declaró improcedente el acuerdo.
Inés “N” realizó su última aparición pública el 14 de octubre por medio de sus redes sociales en donde denunció una persecución en su contra y acusó a las autoridades de hacer pública la información sobre su casa. Sobre su paradero, distintos medios señalan que habrían huido a una de sus residencias en Miami, Estados Unidos, pero no se sabe más sobre ellos.