La Comisión de Derechos Humanos en el estado de Puebla negó que quiera revivir la Ley Bala en la entidad, sin embargo, nuevamente reafirmó que apoya la creación de un protocolo de reacción inmediata o un manual de procedimiento de actuación para el personal de seguridad en casos de linchamientos.
A través de un comunicado de prensa, el organismo indicó que el presidente de la comisión, José Félix Cerezo Vélez, presentó su informe semestral en el Congreso de Puebla y en dicho encuentro dijo que es importante cumplir con la recomendación 18/2022 la cual habla de dicho protocolo.
Lo anterior sería un complemento al Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamiento en el Estado que se encuentra vigente y en el que se debe proporcionar el marco legal adecuado para la conformación de un grupo especial de reacción inmediata en casos de intentos de linchamientos.
El grupo especial al que se hace referencia deberá de contar con personal capacitado para realizar negociaciones con los pobladores en los casos de intentos de linchamientos, con la intención de que puedan llevar a cabo la extracción de las posibles víctimas.
Asimismo, alberga las estrategias adecuadas, disuasión o el uso de la fuerza “apegados a los derechos humanos” y en concordancia a lo que establece la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, la cual tiene carácter como su nombre lo dice, nacional.
“La CDH no tiene entre sus facultades la de presentar iniciativas de ley, además que reconoce que si bien la “ley paga proteger los derechos humanos y que regula el uso de la fuerza”, de encuentra abrogada, la existencia de la LNUF obliga a que cualquier acto de austeridad en que se haga uso de la fuerza, proceda en concordancia con ella” se pudo leer.
Lo anterior luego de que el Colectivo Voz Ciudadana se opuso a los dichos de José Félix y argumentó que el Ombudsperson quiere revivir la Ley Bala con ayuda de los diputados locales.
Fue Luis Soriano Peregrina, quien rechazó que Félix Cerezo quiera hacer dicha propuesta, ya que sería un retroceso en materia de seguridad y sugirió que sólo se capacite a los elementos, que se trabaje en la prevención y que las autoridades trabajen en incrementar la confianza hacía los policías.
Desde su óptica, esta propuesta dejará indefensa a la ciudadanía y dará pie a atropellos por parte de los elementos policiacos, es decir, el uso ilegítimo de la fuerza, que tendrá como consecuencia la privación del derecho a la vida.