Un daño patrimonial de 201 millones de pesos recibió la actual administración, además de que en la administración de Rafael Núñez se duplicó la deuda a dos mil millones de pesos, reveló Norma Layón, presidenta municipal, tras el análisis de la documentación del proceso de entrega-recepción.
En rueda de prensa, la alcaldesa explicó que hubo varias irregularidades como falta de documentación, por lo cual llamarán a comparecer a cada una de las personas involucradas y se comprometió a seguir la investigación hasta sus últimas consecuencias.
Informó que durante el análisis que se tuvo sobre los 35 anexos recibidos del proceso de entrega-recepción, encontraron irregularidades, como en el anexo 5, el cual refiere que la documentación comprobatoria de la fuente de financiamiento e ingresos de gestión, no se entregó completa.
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“Del periodo de enero a octubre del 2018 (cuando aún estaba como alcalde Rafael Núñez), otros faltan facturas originales, autorizaciones de pago comprobante de bienes adquiridos o servicios recibidos”, puntualizó la alcaldesa Norma Layón.
Por lo cual, adelantó que durante los próximos quince días se citarán a los servidores públicos para que aclaren o expongan a lo que su derecho convenga, para que se cuente con la información de los ingresos y egresos.
Cabe señalar que durante las diversas anomalías, destaca aun el no pago de varios impuestos de la antepasada administración municipal, en la que hubo dos alcaldes, Carlos Sánchez y Teodoro Ixtlapale Caporal, en la cual no se pagaron los respectivos impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT).
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Entre otras irregularidades ejemplificó obras como la de un preescolar que se encontró abandonado por la empresa, y en la que no existe documentación que respalde pagos o suspensión.
Fue así como Norma Layón abundó que la deuda supera los dos mil millones de pesos, la cual, se incrementó durante la gestión del empresario zapatero Rafael Núñez.
Por lo cual, la alcaldesa texmeluquense refirió que se van a empezar a liquidar deudas, así como buscar el apoyo de las autoridades estatales y federales, ante el juicio legal donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó el pago de mil millones de pesos por los terrenos del tianguis.
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