A 25 años del sismo del 15 de junio de 1999, que tuvo su epicentro en Tehuacán, y que derrumbó parcialmente varias estructuras de la ciudad de Puebla, como fue la sede del ayuntamiento, la reglamentación para nuevas construcciones se fortaleció en la capital del estado. No obstante, múltiples inmuebles antiguos y viviendas irregulares esparcidas por la demarcación presentan riesgo de colapso o fractura ante terremotos, advirtieron especialistas.
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Luego de cumplirse dos décadas y media del suceso que sacudió la vida de decenas de poblanos, y ocasionó la caída de varios inmuebles, sobre todo religiosos y algunos públicos y privados, esto debido a la ocurrencia de un movimiento telúrico de magnitud 7.0, ingenieros civiles poblanos consideraron que los aprendizajes en torno a la prevención de colisión de estructuras han sido lentos, pues persiste un importante rezago en la dictaminación de riesgos en edificios construidos en épocas pasadas, lo que representa un alto grado de vulnerabilidad.
Aunque no existe un cálculo exacto del número de edificios con riesgo de caída en el municipio de Puebla, José Rangel Ramírez, maestro en Ingeniería Civil por la Universidad de Aalborg, en Dinamarca, y maestro en Ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que los inmuebles viejos con amenaza de fractura en la ciudad se calculan en decenas.
El experto arguyó que el sismo de 1999 evidenció la necesidad de proteger los edificios que albergan el patrimonio cultural local, debido a que la mayoría de los inmuebles afectados en ese entonces eran antiguos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha materializado ninguna normativa efectiva para proteger todas esas edificaciones, opinó el investigador.
La opinión vertida por Rangel Ramírez es idéntica a la evaluación que hizo Eduardo Ismael Hernández, doctor en Ingeniería especializado en Ingeniería Sísmica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
Desde la perspectiva del catedrático de la UPAEP, los avances normativos desde 1999 a la fecha han sido insuficientes, especialmente en relación a la evaluación de edificaciones antiguas que, por su composición, presentan varios riesgos de protección civil.
Al respecto, el titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla, José Felipe Velázquez Gutiérrez, detalló que la presente administración reforzó la localización de estructuras dañadas en todo el municipio, entre ellas algunas antiguas situadas en el Centro Histórico. Pese a ello, reconoció que la capacidad humana y técnica de la dependencia limita la posibilidad de hacer una identificación similar en toda la demarcación.
Por otra parte, José Eduardo Torres Bautista, ingeniero civil y maestro en Construcción por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), quien además es secretario del XXVIII Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, consideró que la capital del estado logró gestar una de las normativas más vanguardistas de la región central del país en cuanto a la edificación de nuevas construcciones. Lo anterior estuvo influenciado por las lecciones aprendidas en 1999, cuando el rezago en materia de protección civil era alto.
Inmuebles antiguos representan peligro
De acuerdo con Rangel Ramírez, también investigador del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, desde 1999 la normatividad en materia de construcciones en Puebla capital ha evolucionado paulatinamente, sin embargo, los avances se han enfocado en nuevos inmuebles.
No obstante, señaló que una de las lecciones que dejó el sismo de 1999 es que los edificios más antiguos se encuentran en mayor vulnerabilidad de caída o fractura. En ese sentido, destacó que la adopción de reglamentos en ese sentido ha sido lenta, pues, a pesar de los esfuerzos de investigación, no se ha materializado una norma aún.
“Es hora de pensar que tenemos que evaluar lo que ya tenemos, y eso creo que es lo más importante, es donde se debería enfocar el esfuerzo (...) Al parecer no hay una iniciativa que esté pensando en inmuebles antiguos”, consideró.
Aunque subrayó que el tiempo no se ha desperdiciado desde entonces, Rangel Ramírez apuntó que es necesario que las autoridades promuevan el establecimiento de una nueva normatividad enfocada a las construcciones antiguas, pues es necesario identificar riesgos antes de que ocurran siniestros naturales, como sismos.
“¿Quién tiene que iniciar esto? Desafortunadamente [debe ser] la autoridad, pues tiene esa responsabilidad porque es quién pone los espacios, quien pone la intención de poder finalizar y concretar esto, quien tiene que tener la intención es realmente la autoridad”, expuso.
El académico consideró que en México muchas veces se realizan modificaciones a la ley después de que un suceso fatídico ocurre, sin embargo, consideró que en Puebla hay organismos académicos y cuerpos colegiados capaces de colaborar con los gobiernos municipal y estatal para establecer una nueva normativa de seguridad estructural.
Dicho lo anterior, el experto egresado de la UNAM opinó que los reglamentos de construcción en la entidad son de vanguardia. Es decir, el desarrollo de nuevas estructuras tiene garantía de minimización de riesgos.
No obstante, desde su perspectiva, al igual que en otras ciudades del mundo, en Puebla perdura el fenómeno de construcciones irregulares, o bien desapegadas a la normatividad. Esta situación agudiza los riesgos de colapso y, por ende, de protección civil.
Desde la perspectiva de Ismael Hernández, investigador de la UPAEP, las autoridades municipales se enfocaron en desarrollar, desde 1999, reglamentos para garantizar que las nuevas construcciones tuvieran riesgos mínimos de colapso o fractura frente a otros movimientos telúricos.
“No se ha avanzado de manera suficiente, y esto lo puedo decir porque, en términos de la evaluación y rehabilitación de estructuras existentes, apenas en México se tiene el primer documento normativo, que es precisamente de la Ciudad de México (...) Es un tema que amerita reflexión profunda de quienes nos dedicamos a este estudio, pero también de voluntad política de las autoridades”, declaró.
Sin embargo, el especialista consideró que la exigencia actual de la seguridad estructural en Puebla es dictaminar la seguridad y la fragilidad sísmica de los edificios antiguos, pues incluso en 1999 este tipo de inmuebles fueron los más dañados. No obstante, expuso que en este momento se desconoce con exactitud la totalidad de construcciones viejas con afectaciones.
Muchos de los recintos culturales y religiosos del municipio fueron hechos con mampostería u otro tipo de materiales rígidos. Por lo tanto, en caso de no verificar sus condiciones y no rehabilitar su estructura, se pone en peligro su estabilidad en un sismo futuro.
“Cuidar el patrimonio es importante, sin duda, pero también proteger la vida de las personas que usan estas construcciones antiguas también es muy importante; y lo dejo abierto, porque hay muchos edificios dañados en la ciudad de Puebla desde el terremoto de 2017, y eso es también una bomba de tiempo”, expuso el investigador de la UPAEP.
Daños a edificios patrimoniales en 1999
Este diario documentó que al menos una decena de inmuebles históricos resultaron perjudicados durante el movimiento telúrico ocurrido durante la tarde del 15 de junio de 1999. Uno de ellos fue el edificio del ayuntamiento de Puebla, cuya estructura se averió en 70 por ciento, según el reporte de autoridades municipales. La mayoría de edificaciones hechas escombros fueron templos, centros de salud, escuelas y viviendas de mampostería.
El hecho ocasionó el desgaje de paredes y muros, pero también de objetos ornamentales de gran volumen, como los inconfundibles dragones de concreto que posaban en un edificio situado en la calle 2 Poniente, en esquina con la calle 5 de Mayo.
También las viviendas particulares, como las casonas de la calle 3 Oriente, entre 4 Sur y bulevar Héroes del 5 de Mayo, situada en una zona altamente transitada por peatones y vehículos que ingresan al zócalo de la ciudad, tuvieron fracturas que, por cierto, no se han rehabilitado a la fecha, por lo que su estructura ha sufrido un grave deterioro desde entonces.
Según el reporte de la Estación Central del Departamento de Geofísica del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el sismo tuvo una duración total de 35 segundos, de los cuales 27 fueron de oscilación y el resto de aceleración. Los daños se acentuaron principalmente en la zona metropolitana de la capital del estado.
Las autoridades del municipio identificaron en ese momento daños en múltiples templos religiosos, como La Soledad, Santa Clara, San Agustín, Santo Domingo, La Concepción, La Compañía, Iglesia de La Luz, Iglesia de Los Remedios, entre otros. En su momento, la catalogación de daños quedó a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
El hecho congregó a los entonces presidente de México, Ernesto Zedillo; gobernador de Puebla, Melquiades Morales; y alcalde de Puebla, Mario Marín.
Ayuntamiento enfrenta obstáculos para identificar daños estructurales
En entrevista con este medio, Velázquez Gutiérrez, secretario de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla, sostuvo que el sismo de 1999 influyó en la modernización de las normas técnicas para construir nuevos espacios en la ciudad.
Destacó que a nivel municipal la normatividad tiene varias similitudes con los estatutos similares que se desarrollaron en la Ciudad de México a partir del terremoto de septiembre de 1985.
No obstante, el funcionario argumentó que en la capital poblana se comenzó a priorizar la gestión de riesgos a partir del evento ocurrido hace 25 años, donde al menos 15 personas fallecieron y 188 más resultaron lesionadas, esto de acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).
Prueba de ello, remarcó, es el mecanismo denominado Padrón de Inmuebles del Centro Histórico en Riesgo, en el que se materializó un catálogo de estructuras con eventuales riesgos de fractura, y que se reforzó durante la presente administración.
Pese a ello, reconoció que aún existen varias propiedades sin dictaminar debido a varios factores. Uno de ellos es la incapacidad técnica y humana para visitar todo el territorio municipal, mientras que otro es la resistencia social y legal de los propietarios para permitir a las autoridades ingresar a un domicilio con posibles riesgos de fractura o derrumbe.
Aunque señaló que la meta es extender dicho programa a otros puntos de la ciudad, particularmente a las colonias y juntas auxiliares lejanas a la cabecera municipal, el funcionario sostuvo que esta forma de identificar los daños estructurales permite robustecer la prevención de riesgos ante sismos y otros desastres naturales.
Por otra parte, el funcionario sostuvo que la mayoría de inmuebles antiguos con la amenaza de agrietarse o derrumbarse durante un sismo suelen estar abandonados. En ese sentido, remarcó que un aspecto importante para determinar la inhabitabilidad de un espacio es la falta de cuidado.
A propósito, el titular de la dependencia expuso que durante 2024 se han detectado al menos 245 edificios con riesgos estructurales, tan sólo en el Centro Histórico de Puebla, de los cuales 19 por ciento presentaron daño elevado alto, 35 por ciento daño medio y el resto daño bajo.
Autoconstrucción es también un reto
En otro asunto, Velázquez Gutiérrez expuso que la autoconstrucción es uno de los fenómenos más relevantes para su dependencia, especialmente por el riesgo estructural que constituye.
Según el funcionario, su oficina carece de personal suficiente para verificar la totalidad de obras que se desarrollan en el municipio de Puebla. Pese a ello, defendió que muchas de las construcciones irregulares son pequeñas y, en su mayoría, se ponen blocks de concreto y láminas, por lo que no se ejerce un peso fuerte sobre las estructuras.
“Generalmente sí hay mucha autoconstrucción, es algo que tratamos de desincentivar, pero es muy difícil. Hay zonas muy alejadas de la mancha urbana, del centro, y no tenemos personal suficiente para estar yendo a verificar eso. Lo que te puedo decir es que, generalmente, cuando son autoconstrucción, son construcciones pequeñas”, acotó Velázquez Gutiérrez.
Mejoró normativa tras sismo
Por otro lado, Torres Bautista, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Puebla, expuso que el sismo del 15 de junio de 1999, que tuvo su epicentro a 20 kilómetros al sur de Tehuacán, con una magnitud de 7.0, no influyó para que la normativa en materia de construcción cambiara drásticamente en el municipio de Puebla, como sí ocurrió tras el terremoto de septiembre de 1985 a nivel regional.
Dicho de otra manera, si bien los lineamientos para erigir nuevas edificaciones en la capital poblana han tenido actualizaciones en las últimas dos décadas, esto se ha sustentado principalmente en las actualizaciones profesionales de la ingeniería y arquitectura, así como en la implementación de nuevas tecnologías, y no al propio desastre natural vivido entonces.
No obstante, el especialista reconoció que en algunas zonas del municipio de Puebla es notable la falta de supervisión sobre los reglamentos de construcción, que derivan en la cimentación de estructuras inseguras y vulnerables ante movimientos telúricos futuros.
A decir de Torres Bautista, la mayoría de inmuebles dañados durante el sismo de junio de 1999 tenía varios años de antigüedad, esto en contraste con las edificaciones modernas, que en ese momento tuvieron afectaciones menores. Por ese motivo se consideró innecesario realizar una nueva configuración de los reglamentos de construcción de aquel entonces.
Por el contrario, el especialista opinó que donde no se ha notado el aprendizaje humano tras el desastre es precisamente en la protección civil, particularmente en la preparación de la población ante este tipo de fenómenos naturales, pues todavía se requiere mayor responsabilidad y prevención en ese sentido.
Según Torres Bautista, es imposible ignorar que en el municipio de Puebla existe un problema de falta de supervisión de obras en algunos lugares. El especialista consideró que, aunque la autoridad municipal realiza diversos esfuerzos para verificar que las construcciones estén apegadas a la norma, en ocasiones la ciudadanía construye de forma clandestina y ello deja en un alto grado de vulnerabilidad a las personas que conviven dentro y fuera de los inmuebles.
Desde su perspectiva, la cimentación de obras sin planeación ni autorización es uno de los mayores riesgos que enfrenta la capital poblana en materia de infraestructura civil. No obstante, enfatizó que muchos de estos hechos se cometen en la ciudad por la falta de responsabilidad de la ciudadanía, así como la insuficiencia humana y técnica para evaluar todas las obras.
Ley actual es vanguardista
Pese a ello, el ingeniero civil egresado de la BUAP reconoció que la normativa municipal vigente es anticuada, pues la misma funge como una copia casi fidedigna del reglamento de construcción de la Ciudad de México.
No obstante, el experto hizo hincapié en que, aunque hace falta integrar al estatuto nueva reglamentación en temas de materiales, por mencionar algunos, la normatividad tiene requerimientos de infraestructura bastante sólidos, que han servido para mantener un nivel de seguridad civil alto en el municipio.
“Estoy seguro de que estamos a la vanguardia. Tenemos construcciones seguras, lo que siempre hay que cuidar es que sean especialistas quienes diseñen (...) Sí hay seguridad estructural en Puebla, aunque todavía falta mucho. De repente vemos estructuras mal hechas, pero son estructuras hechas usualmente por particulares”, enfatizó.
Ante ese contexto, Torres Bautista explicó que los cambios a la normatividad municipal en materia de construcción durante las últimas décadas ha sido paulatina, aunque señaló que las modificaciones han sido muy breves, y casi no se relacionan a los materiales o estructuras, sino más bien a las responsabilidades de los funcionarios de obra, entre otras.
Recordó que la última transformación relevante en ese sentido se realizó luego del terremoto de 1985, donde la devastación en la zona centro del país fue mayor debido a que los requerimientos de infraestructura no eran lo suficientemente sólidos.
Por otra parte, el especialista recordó que la normatividad busca minimizar los riesgos estructurales a nivel habitacional, patrimonial, etcétera. No obstante, subrayó que existen otros factores, como la contratación de especialistas en construcción, que influyen en la seguridad de la infraestructura. Asimismo, destacó que, como los sismos responden a criterios probabilísticos, no existe certeza total de que un inmueble resistirá este tipo de eventos.
Desde la perspectiva de Torres Bautista, en la entidad poblana existe un rezago importante en materia de reglamentación de construcciones, pues un importante porcentaje de municipios no cumplen con esta obligación aún.
En ese sentido, el especialista consideró que la Ley de Construcciones del Estado de Puebla aprobada en febrero pasado representó un avance importante para hacer imperativa la necesidad de contar con normativa en la materia, dicho estatuto no ofrece modificaciones o requerimientos técnicos.
Cabe recordar que en la actualidad los estatutos en la materia se rigen en el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (Coremun), que está vigente desde hace 20 años. No obstante, actualmente se busca reformar el precepto en diversas categorías, entre ellas la reglamentación de construcciones.
Finalmente, Torres Bautista remarcó que una de las apuestas jurídicas a nivel estatal debe ser la homologación de un cuerpo normativo que, dependiendo de las características del suelo y otros factores, ofrezca lineamientos de construcción específicos. De esta manera se combate el rezago municipal en ese sentido y se ahorran costos de elaboración de dichos parámetros, subrayó el también académico.
