A un año de la autorización del aumento del pasaje en Puebla, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), a cargo de Guillermo Aréchiga Santamaría, admitió que el 60 por ciento de las unidades en todo el estado incumplieron con la modernización del transporte, porque no cuentan con cámaras de vigilancia, botones de pánico, torretas, GPS, ni unidades nuevas. Mientras, los concesionarios justificaron la falta de recursos para invertir y los operadores desmienten que la incidencia delictiva disminuyera.

La dependencia estatal suspendió el 31 marzo el pase de revista vehicular, que permitía al gobierno de Puebla verificar el cumplimiento con la instalación de los equipos tecnológicos y hasta la fecha no han dado una cifra exacta de las unidades concesionadas ni las rutas que atendieron los lineamientos de mejora establecidos en el Periódico Oficial del Estado Puebla.

El 12 de octubre de 2019, el pasaje en el transporte público aumentó a 8 pesos para las unidades tipo van y 8.50 para los microbuses y autobuses, lo que representó un incremento de 41 y 45 por ciento respecto a los costos de ese año. A cambio, los concesionarios se “comprometieron” a cumplir diversos lineamientos, principalmente en mejora de infraestructura y de seguridad.

Un año ha pasado y no se ha cumplido, algunas unidades circulan con desperfectos en asientos, pasamanos, focos, asimismo, no tienen las cámaras instaladas. Otros denuncian que el sistema no funciona o que demora en llegar un uniformado cuando se reporta una emergencia.

EMPRESAS NO CUMPLEN; DUEÑOS SIN CAPITAL

El representante de la Unión de Transportistas de Puebla, Samuel Méndez, reconoce que más del 70 por ciento de los concesionarios no ha cumplido, pero también acusó que hay empresas que quedaron a deber con la instalación por falta de capacidad.

“El 6 de octubre tuvimos dos audiencias de mediación con el Tribunal Superior de Justicia porque Cerberus no nos ha cumplido con la instalación de cámaras. Ahora, el problema no solo somos nosotros son las empresas (...) No nos instalaron el 70% de lo que quedaron con las rutas con las que acordaron. Hay gente que pagó la mitad de la instalación desde enero”, agregó.

Las empresas que tienen autorización de la SMT, dijo Méndez, también han hecho complicada la contratación porque subió el dólar, no se han dado abasto con la demanda y algunos equipos que son de exportación, no han llegado a México.

Aunque, por otra parte, afirmó una concesionaria –de manera anónima– que presta servicio en la zona oriente de la capital, que en su caso no han instalado todo el equipo porque no han pagado totalmente el contrato, debido a los bajos ingresos que tienen por la pandemia de la Covid-19.

Hasta el momento, adeuda más de 800 mil pesos por la instalación de 50 cámaras: “son 16 mil 400 por unidad más 400 del internet al mes. Nos están cobrando, pero no hay donde pagar, ni los intereses, nos afectó mucho la pandemia”.

Por otra parte, relató que es triste ver cómo sus compañeros hicieron esfuerzos por comprar unidades y al no poder pagar la mensualidad, les quitaron la unidad sin regresar un estimado de 250 mil pesos, más las mensualidades abonadas.

De manera general, Samuel Méndez refirió que el aumento de pasaje se reduce a menos de dos pesos y que algunos casos, como Ruta 2000, decidieron abandonar el servicio, por falta de liquidez.

El concesionario reconoció que “cargan con culpas y errores”, sin embargo, que desde la Unión de Transportistas de Puebla han pedido formalmente que se mejoren los mecanismos de modernización con la contratación de cámara de video-grabación, descontando la contratación del internet.

Además, que el cambio de unidades sea a 15 años, como sucede a nivel federal, incluso retirar el descuento de estudiantes, porque hasta la fecha no hay reglas para identificarlos, por ejemplo, aún carecen de una credencial. Aunado a una regulación de las rutas por región, con el respaldo de transportistas y especialistas universitarios.

CORONAVIRUS Y CONFLICTO POLÍTICO

La pandemia por SARS-CoV-2 también afectó a los concesionarios no solo al bajar sus ingresos, sino que también les ganó la batalla.

“El hecho de que no hayamos puesto las cámaras es por la misma situación. Antes del semáforo naranja las cuentas estaban al 30 por ciento, una urban estaba dejando 200 o 150 pesos. No ayudaban para pagar las letras de unidades nuevas contratadas”, dijo Antonio Méndez, de la organización de Transportes Unidos Región Valsequillo Independiente (TURVI).

Asimismo, recrimina los recientes señalamientos de la dirigente del PAN, Genoveva Huerta, sobre la falta de modernización del transporte y que pedía la salida del titular del SMT, Guillermo Aréchiga.

“Si Genoveva (Huerta) da esas declaraciones es porque no investiga, porque no checa y realmente no saca datos para poder hablar”, planteó al decir que se ha complicado mantener un contrato de equipo de seguridad porque el costo es de 17 a 24 mil pesos, más 500 pesos mensuales de internet.

“Las empresas no fueron a poner las cámaras en tres meses para evitar riesgo por el Covid-19, ahorita se van a seguir instalando (…) nosotros pedimos tolerancia y clemencia, porque se nos han enfermado 200 personas, se han muerto 5 delegados y los tratamientos de coronavirus son costosos”, agregó.

LOS ROBOS NO DESAPARECIERON

Aunque de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) los robos al transporte público disminuyeron 62.9 por ciento en la entidad de enero a agosto de 2019 con el 2020 al pasar de 329 a 122 denuncias, en la percepción, los operadores refieren que no han disminuido.

“No bajaron las incidencias, lo que pasó es que nadie quiere decirlo”, dijo un operador de la ruta 17, al referir que se mantiene el cobro por derecho de piso en el Centro Histórico en la capital.

En “Los Morados”, como es conocida la ruta JBS, asegura que los puntos más peligrosos son el Barrio de San Antonio y El Refugio.

“El problema de la cámara es que la policía no llega a tiempo, a pesar de que se pagan 400 pesos de internet al mes, nosotros como concesionarios solo tenemos acceso a ver 15 segundos diarios de video. Los videos si te los dan, pero si es un tema de robo o algo fuerte, tienes que pedirlo a la Secretaría, y eso no tiene que ser, porque nosotros pagamos las cámaras y el internet”, acusó otro concesionario del Sur, de manera anónima.

Mientras, operadores de la ruta 52, refirieron que ahora con el uso de cubrebocas es más complejo identificar a los sospechosos. Estimaron que diariamente hay de dos a tres robos a diversas rutas y que, en su caso, hay ocasiones que los pasajeros los han golpeado porque los vinculan con los delincuentes.

Algunos choferes de la ruta 72 relataron que “ligeramente” han bajado los robos, pero es porque han evitado caminos sin iluminación, pues pasar por barrios como El Alto y La Acocota, los hace “blanco fácil” de los hampones.

Asimismo, ante El Sol de Puebla encendieron una unidad con la torreta para alertar de un robo y a pesar de que pasaron 15 minutos, no hubo una llamada de la policía para preguntar que todo estaba bien, ni la llegada de un elemento.

Tras referir que los caminos están en malas condiciones, los operadores de la ruta 2A señalaron que la inversión en la modernización no se refleja por los caminos de terracería por donde realizan su recorrido. “El dueño no invierte, pero no nos ayudan los caminos ni los baches. Por pasar en la barranca le di un golpe a la unidad esta semana”.

En general, los conductores también informaron que perdieron ingresos por la pandemia de Covid-19.

SMT, EN AUDITORÍA

Por otra parte, la SMT informó que atiende de manera inmediata toda denuncia o sospecha de corrupción sin tolerar ni aceptar la impunidad, en la operación de las cámaras de seguridad. Por esta razón, inició un proceso de auditoría para detectar “decisiones jurídico administrativas fuera del marco de la ley para proceder a las acciones legales correspondientes”.

Esto luego de que el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, calificó como un fracaso el proyecto de conectividad de las unidades del transporte público con el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, y Cómputo (C5) como parte de la estrategia de seguridad, pues reveló que en realidad muchas unidades estaban conectadas a una plataforma privada y no al centro especializado en seguridad pública.

“Respecto a la conexión ha sido un fracaso, tengo información, todo va a cambiar pronto. Ahora resulta que una plataforma privada es a donde se conectan algunas de las unidades de transporte, no al C5, yo voy a corregir todo”, declaró el pasado 5 de agosto.

La Secretaría de Movilidad y Transporte expuso que reconoce el esfuerzo de los concesionarios que ya incorporaron equipo de videovigilancia a sus unidades, y a los que han renovado su parque vehicular.

“A pesar de la pandemia, el consecuente descenso del aforo en el transporte público y la caída de los ingresos de los concesionarios, en el presente año el 40 por ciento de las unidades en todo el estado se encuentran equipadas y conectadas en tiempo real directamente al C5, sin intermediarios y sin un solo peso invertido por parte del Gobierno del Estado”, destacó.

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