El cierre de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) número 33, con sede en el estado de Puebla, generó manifestaciones en la entidad por parte de abogados y trabajadores inconformes debido a todas las afectaciones que esto representará, como es el atraso de medio año, como mínimo, en la resolución de todos aquellos juicios que estaban por concluir dentro de los próximos 15 días.
Un grupo de abogados en materia laboral, bloqueó por más de tres horas la avenida 31 Poniente, a la altura de la 29 Sur y la Diagonal de la 16, para expresar su inconformidad por el cierre de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) número 33, con sede en el estado de Puebla.
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Durante la manifestación, que inició a las 10 de la mañana y concluyó después de las 13:00 horas, dieron a conocer que al suprimir la dependencia, se vieron afectadas más de 10 mil personas que tenían ahí sus diferentes juicios por despidos injustificados, pensiones, reinstalaciones, entre otros.
Todos ellos, ahora tendrán que trasladarse a los estados de Oaxaca y Tlaxcala para darle seguimiento a sus respectivos casos, tal y como lo estableció la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el Diario Oficial.
Por ello, los litigantes exigieron a las autoridades para que la junta continúe con sus funciones hasta que concluyan todos los juicios, así como para que los expedientes no sean sacados de las instalaciones.
Con el fin de que sus demandas sean escuchadas y a manera de presión social, cerraron la avenida 31 Poniente y bloquearon los accesos de la junta por tiempo indefinido.
Presidente de la junta se deslinda de responsabilidades
Ante esta situación, Ricardo Paz Ugalde, presidente de la JFCA, se deslindó del cierre de la dependencia, pues dijo que él solo recibió indicaciones de Marath Bolaños López, secretario del trabajo federal.
Incluso, expresó en entrevista con medios de comunicación, que tiene órdenes de preparar el cierre administrativo de la junta, así como el traslado de todos los expedientes.
“Fue una decisión del secretario, yo solo sigo órdenes e instrucciones. Todavía tengo facultades como presidente de la junta, pero solo me encargaron cerrar y trasladar”, expuso.
Gobernación estatal ofrece su apoyo
Tras el caos vial que ocasionó la manifestación, Gabriela Cerón, comisionada de la Secretaría de Gobernación de Puebla, se presentó con los inconformes para ofrecerles su apoyo, a pesar de tratarse de un tema federal.
Incluso, recordó que el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, está buscando gestionar una reunión con las autoridades de la STPS para que la junta retome sus funciones.
“De parte del gobierno tienen todo nuestro apoyo. Solo les pedimos que nos den oportunidad de que nuestro gobernador gestione las respectivas reuniones y podamos encontrar una solución”, indicó.
Se sabe que este viernes 21 de junio a las 11:00 horas, abogados y trabajadores tendrán una reunión con personal de la dependencia federal, donde también habrá funcionarios estatales, para encontrar de manera coordinada una solución al tema.
Cierre de la junta afectará a trabajadores, abogados y empresas
Para entender más a fondo todas las problemáticas que ocasionará el cierre de la junta, Alan Ortega y Aranzazu Mariana Paredes, abogados laboristas e integrantes del movimiento, explicaron a esta casa editorial los detalles.
Desde su perspectiva, los afectados serán los trabajadores, los abogados, así como toda la parte patronal, es decir, los dueños de las empresas que han sido demandadas por algún conflicto laboral.
En el caso de los trabajadores, indicaron que sus juicios, principalmente los que ya estaban por concluir en un máximo de 15 días, van a demorar medio año más, como mínimo, pues las nuevas dependencias todavía tienen que recibirlos, registrarlos, asignarles un nuevo número y después atenderlos.
En el tema económico, las personas tendrán que desembolsar un dinero que no tenían contemplado, para poder trasladarse a Oaxaca o Tlaxcala y así, darles seguimiento a sus respectivos casos.
Por su parte, los abogados también tendrán consecuencias financieras, no solo por los viajes, sino que deben destinar más tiempo para atender un solo caso en aquellas entidades, descuidando así, sus otros asuntos pendientes en la entidad poblana.
Esta situación ya no sería algo rentable para ellos, a menos que, incrementen de manera considerable el costo por sus servicios, aunque no todas las personas podrían pagarlo.
De una u otra manera, los litigantes corren el riesgo de perder esos casos, por lo que sus finanzas se verán reducidas de manera significativa debido al cierre de la junta.
Mientras tanto, la parte patronal también tendrá una pérdida económica que no estaba planeada, pues deberán gastar más por los servicios de un profesional para que siga atendiendo sus juicios.
Lo anterior, debido a que ahora deben cubrir los viáticos de un abogado, como casetas, gasolina, transporte y alimentos, siempre que sean requeridos en aquellas entidades.
