Más de una decena de abogados litigantes en materia laboral, así como sus respectivos clientes, se manifestaron este martes 18 de junio por el cierre definitivo de la Junta Especial Federal de Conciliación y Arbitraje número 33, con sede en el estado de Puebla.
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Mildred Mabel Rodríguez Porras, una de las inconformes, explicó que, de acuerdo a un decreto publicado en el Diario Oficial por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se anunció la desaparición de la dependencia, por lo que los más de 10 mil expedientes que ahí se albergan serán remitidos a los estados de Tlaxcala y Oaxaca.
Dijo que esta situación traerá como consecuencia un retraso en la resolución de los casos, pues una vez enviados, serán estudiados, analizados y se irán otorgando nuevas fechas para su seguimiento.
Por si fuera poco, también ocasionará una incertidumbre para los trabajadores, debido a que no sabrán qué pasará con sus juicios y, realizarán gastos para los traslados que no tenían contemplados.
“De un día para otro se suprime la junta. Nos manifestamos porque nosotros representamos a un grupo vulnerable que es el sector obrero, y ahora cómo les explicamos que todos sus casos los tenemos que ver en otros estados (…) Es algo injusto e inhumano, ya que muchas personas habían terminado su juicio y solo esperaban sus pagos, pero ahora no tendrán que esperar solo 15 días, sino que medio año, como mínimo”, aseveró.
Por su parte, Alan Ortega, otro abogado inconforme, hizo un llamado a las autoridades federales para que no cierren la junta hasta que se concluyan todos los asuntos pendientes, con el fin de evitar las problemáticas antes mencionadas.
De no ser posible esta primera solicitud, pidió que los juicios no se lleven hasta Oaxaca, sino que todos se concentren en Tlaxcala, para que puedan movilizarse de manera más rápida.
La Junta Especial Federal de Conciliación y Arbitraje de Puebla se hacía cargo de más de 10 mil expedientes por pensiones, despidos, devolución de aportaciones, etc.
Todos estos, de personas que iniciaron un juicio en contra de Volkswagen de México, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Audi de México, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otros.
