El siguiente paso en el andamiaje institucional tras la despenalización de la interrupción del embarazo en Puebla es reformar a la Ley Estatal de Salud, con la finalidad de garantizar el derecho absoluto al aborto de mujeres y personas gestantes en cada rincón de la entidad. El objetivo es asegurar que las instituciones de salubridad cuenten con el presupuesto e infraestructura necesarios para realizar intervenciones seguras, pero también para que existan profesionales con la capacidad requerida para ello, coincidieron activistas y especialistas.
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Aunque las modificaciones hechas recientemente al Código Penal del Estado, para suprimir las penas contra las mujeres o personal médico que realice un aborto consensuado, son un avance histórico en el reconocimiento y respeto a los derechos humanos de las personas gestantes en Puebla, todavía quedan algunas deudas en materia legislativa y de ordenamiento institucional, pues existen rezagos significativos, sobre todo en la capacitación de funcionarios.
Rocío García Olmedo, maestra en Política Pública y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México (FLACSO México) y exdiputada local de la LX legislatura, consideró que el Estado poblano debe asegurarse que cada mujer y niña de la entidad pueda acceder a la interrupción legal del embarazo en condiciones justas y sanas.
Detalló que el siguiente paso en la ruta institucional en la materia debe ser el establecimiento de mecanismos y normas que garanticen que todos los servicios de salud pública a nivel local tengan la capacidad e insumos, así como personal capacitado, para llevar a cabo este tipo de procedimientos, que pueden ser o no quirúrgicos.
Sobre el tema, la diputada local Mónica Silva Ruiz, del Partido del Trabajo (PT), expuso que será la próxima legislatura, que es de “mayoría de izquierda”, la que analice las iniciativas de reforma a las leyes estatales de Salud y Educación, donde se incluye, entre otras cosas, implementar políticas de prevención y educación sobre derechos sexuales y reproductivos.
Por su parte, Lizeth Mejorada Barrios, consejera del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y activista en Puebla, reconoció que la despenalización del aborto retirará una barrera que por muchos años impidió a mujeres y especialistas realizar esta acción de forma segura por temor a una penalización. Ahora, sin embargo, las instituciones de salubridad estatal carecen de capacitación y preparación, razón por la cual enfatizó que es urgente obligar al Estado poblano a etiquetar los recursos suficientes para brindar este servicio a la población.
En tanto, Cynthia Ramírez, integrante del colectivo Redefine Puebla, señaló que la voluntad política de las próximas administraciones estatal y federal jugará un papel determinante en el establecimiento de protocolos de atención médica más robustos, que ofrezcan el servicio a cualquier persona que lo requiera, pese a que exista personal médico que se rehuse a practicarlo mediante el ejercicio de su derecho a la objeción de conciencia.
Despenalización no es única deuda con las mujeres
De acuerdo con García Olmedo, la despenalización del aborto en México se constituyó como un triunfo histórico obtenido por activistas, legisladoras, personal especializado y mujeres de todo el país y estado, sin embargo, enfatizó que se requieren reforzar las instituciones de salud pública en la entidad para asegurar la accesibilidad de esta práctica a quien lo requiera.
En ese tenor, la exdiputada local, quien presentó en su momento una iniciativa para despenalizar el aborto, señaló que una vez que las reformas al Código Penal local sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado (POE) será cuestión de tiempo para que las y los integrantes de la próxima legislatura en el Congreso de Puebla trabajen en mejorar las leyes vigentes en materia de salud pública.
A partir de ello (la despenalización) se deben establecer las rutas que se van a seguir para la atención de este tema en las instituciones de salud pública, con el antecedente de que con el amparo que lograron organizaciones civiles ya están dando este servicio. Se trata de que se amplíe todo el sector de salud pública estatal, para que las mujeres puedan atenderse de manera regular afirmó la exlegisladora poblana.
Destacó que en la actualidad ya existen iniciativas presentadas ante el parlamento poblano para legislar en la materia, sin embargo, en la actualidad siguen en análisis, por lo que es muy poco probable que se discutan en el presente periodo de sesiones parlamentarias.
Para García Olmedo, es necesario que este procedimiento sea ampliado a todo el sistema de salud a nivel local, pues esto reducirá la brecha de accesibilidad que existe para diversas mujeres, sobre todo de las periferias urbanas y del interior del estado.
Al respecto, Silva Ruiz confió en que la próxima legislatura del Congreso local, al ser de “mayoría de izquierda”, sea capaz de intervenir las leyes estatales en Salud y Educación para garantizar el acceso a los derechos reproductivos y sexuales de la población.
“¿Qué sucede después? Tenemos ya cubierto todo lo que implicaría el servicio y la no criminalización, pero los siguientes compañeros diputados tienen que seguir avanzando con las reformas a la Ley Estatal de Salud y a la propia Constitución, pero es importante mencionar que en la Ley Estatal de Salud estamos esperando cómo va a terminar de funcionar con el tema del IMSS-Bienestar, [por ejemplo], que implicará una nueva normativa. Pero decirte que todo el sector Salud tenía ya aprobados lineamientos para el aborto seguro”, comentó.
Resaltó que con las reformas necesarias ambos preceptos pueden fijar políticas públicas en materia de prevención y educación sexual, además de obligaciones a las instituciones de salubridad, para que se amplíen los servicios de aborto a más poblanas y personas gestantes.
Crear instituciones en lo particular nos llevaría a limitar el acceso para muchas mujeres al interior del estado, y lo que tenemos que garantizar es que todas las mujeres que tengan esta inquietud o quieran realizarse esta intervención puedan acceder a ella sin tener que trasladarse a algún sitio (...) Nuestra siguiente lucha será tener siempre personal no objetor que esté dispuesto a realizar la intervención expuso la diputada local del PT.
Amparo de colectivas sentó precedente en Puebla
Las reformas aprobadas recientemente por el Congreso local estaban inicialmente planeadas en paquete junto a otras modificaciones a la Ley Estatal de Salud, sin embargo, terminó siendo un solo precepto el que se puso a discusión en el Pleno legislativo, apuntó Ramírez.
No obstante, la también activista resaltó que esta situación no pone en riesgo la solidez de otras sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la materia, razón por la cual no debe restringirse el acceso a los servicios de interrupción legal del embarazo.
En ese sentido, Ramírez expuso que el amparo logrado recientemente por las colectivas GIRE, CAFIS y ODESYR, mismo que logró que las mujeres acompañadas por estas agrupaciones puedan acceder a este servicio en los sistemas de salud pública estatal y federal, sentó un precedente para la despenalización de esta práctica.
El acceso ya se brinda vía amparo, entonces, más allá de la reforma a la Ley de Salud es que el personal médico conozca sobre esto (...) seguramente nos enfrentaremos a otras problemáticas, como la objeción de conciencia y resistencia del personal de salud a tocar estos temas comentó.
Lo anterior debido a que, si bien hubo varios obstáculos en su aplicación, dicha medida permitió a algunas dependencias, sobre todo del ámbito local, desarrollar mecanismos para atender este tipo de casos.
Esto, sin embargo, no sustituye la responsabilidad del Estado poblano de desarrollar mecanismos bien establecidos para salvaguardar la vida de las pacientes y proteger la práctica médica.
Una de las apuestas grandes que va a ser es la ampliación al servicio, que no solamente se brinde en los hospitales y se descentralice, que no quede sólo en Puebla y Tehuacán (...) Estaremos buscando que en la próxima legislatura se reforme la Ley Estatal de Salud agregó.
Debido a lo anterior, Ramírez señaló que las nuevas administraciones federal y estatal deberán demostrar la voluntad política para fortalecer lineamientos y protocolos en los sistemas de salubridad pública para salvaguardar la salud reproductiva y sexual de la población.
En ese sentido, destacó que la capacitación del personal médico es de vital importancia, pero también lo es contemplar mecanismos de acción frente a casos de objeción de conciencia, es decir, profesionales de la salud que se nieguen a emplear sus conocimientos para cualquier tratamiento debido a sus creencias personales.
Se requiere compromiso presupuestario
Desde la perspectiva de Mejorada Barrios, la mayor urgencia del Estado poblano tras la despenalización del aborto es la planeación presupuestaria para lograr que esta práctica pueda realizarse de forma segura en los centros de salud pública.
La consejera nacional de Inmujeres hizo hincapié en que las sanciones contenidas en el Código Penal del Estado eran el único impedimento para llevar a cabo la interrupción del embarazo bajo ciertos contextos. Dicho de otra manera, al levantar este candado normativo, las instituciones tienen ahora plenitud legal para implementar estos tratamientos.
“Ahora necesitamos que se presupueste lo necesario para que se garantice el acceso a este servicio (...) Lo ideal sería que en todos los hospitales tengan servicios de salud sexual y reproductiva, y que puede ser con medicamentos, auto procurados, con Misoprostol, y por el otro lado puede ser el AMEU, que es una aspiración manual uterina, que es procedimiento sencillo y dura menos de 10 minutos, porque los legrados ya no están recomendados”, expuso.
Destacó, además, que en la entidad poblana se ejecutaron algunos protocolos de actuación a consecuencia del amparo promovido ante la SCJN, por lo que ahora la apuesta de los gobiernos federal y estatal debe ser analizar y mejorar los lineamientos, para que estos sean accesibles en todo el estado, y no sólo en algunas clínicas y hospitales, como ahora sucede.
Sobre el tema, la también activista consideró que existieron varios obstáculos durante los primeros meses de aplicación de esta medida. Uno de ellos fue el que protagonizaron dependencias federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues a consecuencia del desconocimiento de protocolos violentaron algunos casos de mujeres que deseaban hacer un aborto con el acompañamiento de las colectivas antes mencionadas.
Mejorada Barrios remarcó que todos los centros de salud pública en la entidad deben contar con dichos servicios, pues resaltó que ambos métodos, tanto el de medicamentos como el quirúrgico, hoy en día son fáciles y seguros de implementar con la capacitación necesaria.
Al respecto, destacó que no sólo el personal de salud debe recibir información sobre los protocolos, sino también los directivos de los hospitales, pues la toma de decisiones para la compra de equipamiento e insumos depende en la mayoría de casos de ellos.
Por otra parte, afirmó que los directos deben tener firmeza para asumir que el aborto es un servicio obstétrico más que debe brindarse sin dificultades en todas las unidades médicas.
Se necesita mucha capacitación y que crezca la infraestructura del sistema de salud (...) necesitamos también mano firme de las y los altos funcionarios de la Secretaría de Salud. Con la despenalización se quita la sanción y el estigma de que las mujeres, así como las y los funcionarios de salud que ayuden a lograr un aborto, van a estar en la cárcel. En Puebla ya se podía abortar si eras víctima de una violación, pero como estaba la pena, con la desinformación, muchos servidores públicos no se animaban a hacerlo. Eso provocó varias violaciones a los derechos humanos detalló Mejorada Barrios.
No obstante, agregó que, si bien puede ser complejo llevar este tipo de servicios a todas las clínicas y hospitales, lo ideal sería que se tome en cuenta ofrecer este tipo de tratamientos en al menos cada una de las jurisdicciones sanitarias de la Secretaría de Salud estatal.
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Para finalizar, Mejorada Barrios hizo hincapié en que la enseñanza sobre derechos sexuales y reproductivos necesita ser una constante en todas las áreas gubernamentales, como es el caso de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde a través de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 se obliga a las instituciones a promover capacitaciones en materia de género y diversos tipos de violencia.