El acceso para interrumpir un embarazo de forma segura y gratuita en Puebla no fomenta el aborto, mucho menos incita a desistir de la protección anticonceptiva. Se trata de un derecho que está estrictamente relacionado con la salud pública, no con ideologías, advierten académicas y autoridades educativas de la entidad.
A decir de Mario Ernesto Patrón Sánchez, rector de la Universidad Iberoamericana Puebla y quien representa a una institución que, asegura, no se postula a favor del aborto, sí es necesaria la no criminalización de las mujeres que realizan este procedimiento en el estado porque, además de que hay precedentes judiciales que lo avalan, es un tema que no va de la mano con la postura conservadora de algunos grupos.
Postularse a favor de la llegada de siete unidades médicas para realizar este procedimiento, en un estado donde el Poder Legislativo es omiso a debatir sobre la despenalización del aborto, no está relacionado con la ética ni con la moral, sino con la certeza de que el derecho penal no debe señalar a las mujeres por abortar. “No nos parece que las mujeres tengan que ser criminalizadas por este tema”, afirmó.
Es decir, una persona puede estar de acuerdo o no con el aborto, pero este pensamiento no brinda el privilegio de sentenciar a las mujeres por realizar este procedimiento.
Interrumpir un embarazo no es una decisión fácil, tampoco es sinónimo de diversión o libertinaje, es un derecho y estos no deben cuestionarse ni restringirse, agregan Anayuri Güemes Cruz, doctora en Ciencias Antropológicas e investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y Marcela Cuautle Méndez, maestra en Lectoescritura y doctora en Educación por la Universidad Santander Puebla.
Conservadurismo no debe afectar prácticas médicas
No debe ser una preocupación que, con la llegada de estas unidades a Puebla, más mujeres hagan uso de este servicio que, además, es un decreto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Lo realmente preocupante es que, por la intervención de grupos conservadores con esta nueva orden, no asistan mujeres a ellos, alerta Anayuri Güemes.
“Si no se tiene cuidado en el proceso de esta atención médica, ellos mismos pueden traer consigo una visión conservadora que afecte la accesibilidad a la información y sobre todo a ese servicio, afectando que se abra un espacio para ellas”, opina.
El origen de la idea de que “más mujeres abortarán por diversión” con el servicio gratuito parte de una mentalidad conservadora, que condenó a la mujer a tener relaciones sexuales con el único objetivo de reproducirse. Esto se acentuó aún más en el estado que, lamentablemente, aún ve mal a aquellas que deciden sobre su propio cuerpo, critica.
“Lo que el Estado debe garantizar, además de estas unidades, es que, en la práctica médica de quienes asistirán a estas mujeres no existan actos discriminatorios en su contra, que intenten convencerlas de no abortar”, añade Marcela Cuautle.
Abortar puede seguir como una restricción si influyen en ella actores contrarios a este derecho. De tal manera que, el Estado debe garantizar que este servicio irá de la mano con un acompañamiento para ellas que no las obliguen a desistir, coinciden las especialistas.
“De ninguna manera decidir un aborto se asemeja a cualquier otra decisión, implica una carga afectiva, incluso es una práctica que aunque no es aceptada se ha visto durante toda la historia, pero en la ilegalidad, por razones económicas familiares, de salud y emocionales”, explica Marcela.
Conservadores deben aceptar decisión
Ahora, lo que resta para los grupos conservadores, también llamados “provida”, es acostumbrarse a esta implementación, no hay más. El aborto es un derecho y estos no se cuestionan, independientemente de la ideología predominante de una región, acentúa Anayuri.
“La implementación de estos módulos no va a sensibilizar a las posturas contrarias y tampoco buscan hacerlo, porque la lucha de los grupos a favor del aborto no es para hacerlos cambiar de opinión, sino para que las mujeres tengan acceso a este servicio”, comparte.
No resultará sorprendente que, paulatinamente, con el funcionamiento de estos módulos, estos grupos aumenten sus manifestaciones de rechazo excusándose en su religión. No obstante, dichas protestas serán en vano, la despenalización del aborto no tiene retroceso, agrega.
Unidades médicas obligan al Poder Legislativo
Por otra parte, el rector de la universidad jesuita afirma que ya existe una presión, de orden federal, que obliga al Congreso local a debatir la despenalización del aborto en Puebla para que este servicio no se reduzca a siete unidades y esté disponible en todos los centros médicos del estado.
“Es un tema insoslayable en la agenda legislativa y tendría que ser la actual legislatura la que de cuenta del señalamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para tener una derivación local”, señala.
Acentúa que existen precedentes judiciales desde el 2021 cuando la SCJN declaró anticonstitucional penalizar a las mujeres por abortar, y la eliminación del aborto como un delito por un juez federal en 2023.
Asimismo, expone que hay un amparo, concedido a colectivos a favor del aborto en la entidad, con el que el Estado se ve restringido a negar este servicio a las mujeres poblanas.
