El líder moral de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UVPA) 28 de Octubre, Rubén Sarabia “Simitrio” pedirá al gobierno estatal disculpas públicas y la reparación del daño por el asesinato de su hija Meztli Sarabia, que consiste en la modernización de las instalaciones comerciales y que se les devuelva espacios de trabajo.
Esto a más de dos años del homicidio que calificó como una ejecución extrajudicial y que tiene que investigarse por el contexto político en que ocurrió.
Pero además Simitrio pedirá indemnización económica por las costas que se generaron, desde los gastos que tuvo que hacer cuando estuvo en prisión –de 2014 a 2017– por ejemplo, para hacer una llamada, recibir visitas, comer o que sus familiares lo pudieran ver.
El líder de la 28 de Octubre también anunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) considera ampliar las líneas de investigación para esclarecer el asesinato de Meztli en el contexto político, pues fue ultimada cuando él había ganado amparos para salir de la cárcel.
“Está considerando por petición nuestra, abordar otras líneas de investigación, tales como la que se refiere a la circunstancia política del momento que fue asesinada”, comentó.
Incluso, dijo que el Secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, está dispuesto a sostener una reunión con la organización de vendedores ambulantes y el fiscal, Gilberto Higuera Bernal, a finales de este mes o principios de septiembre para retomar el caso.
“De última hora se modificó la agenda del secretario y nos pidieron que estuviéramos atentos para agendar la reunión para estos días que faltan de la semana o en el curso de la próxima, el secretario dice que considera prioridad el caso de Meztli”, dijo.
Simitrio aseguró que las autoridades estatales se comprometieron a continuar las investigaciones a fin de esclarecer el homicidio de su hija el 29 de junio de 2017, el cual calificó como una ejecución extrajudicial.
A su vez, el abogado Tonatiuh Sarabia, afirmó que la ejecución fue extrajudicial porque así lo cataloga el lenguaje de derechos humanos y es cuando el gobierno “manda a matar” por cuestiones políticas o activismo, por lo que exigió que la investigación considere el contexto político y las amenazas que recibió Meztli Sarabia un año antes de su asesinato.