Activistas en contra del funcionamiento del relleno sanitario intermunicipal de Cholula presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado argumentando que hubo uso de la fuerza pública el pasado 30 de abril, cuando camiones recolectores de diversos municipios intentaron ingresar al tiradero.
Juan Carlos Flores acusó que presuntamente la policía reprimió a pobladores de comunidades aledañas al relleno sanitario, principalmente de Coapan, quienes se organizaron para impedir que tras el retiro de sellos de clausura por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), los 21 municipios que hacían uso del tiradero retomaran la tira de residuos.
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El activista aseguró que fueron los efectivos dispararon ante la organización de los pueblos cholultecas, además de que detuvieron para golpear y posteriormente liberar a algunos de los participantes en la protesta.
Indicó que prueba de sus dichos son al menos 30 casquillos que quedaron en el lugar de los hechos, además de cinco personas que fueron lastimadas durante la intervención de la policía.
Piden diálogo abierto el 14 de mayo.
Respecto al llamado al diálogo que ha hecho el gobierno estatal, los activistas indicaron que no están dispuestos a entablar una mesa de diálogo a puerta cerrada con la autoridad; por lo que han convocado a que el encuentro ocurra de manera pública el próximo 14 de mayo, en la Plaza de La Concordia en Cholula.
Flores argumentó que aunque el gobierno estatal ha insistido en que hay tres estudios técnicos que demuestran el correcto funcionamiento del relleno sanitario, al momento no los ha presentado a quienes exigen la clausura definitiva del sitio.
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En este sentido, señaló que quienes bloquean el acceso al relleno sanitario desde el pasado 21 de marzo cuentan con un estudio elaborado por la Universidad Autónoma de México que demuestra la contaminación provocada por el tiradero en los pozos de agua de aquella región y ese es su principal argumento para mantenerse en la postura de exigir su cierre.
