Al interior del Congreso local, los representantes de los partidos emitieron ayer una serie de posicionamientos por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Afuera, las ventanas y puertas del recinto permanecieron cerradas por la serie de manifestaciones que habrá este viernes. La escena con dos panoramas opuestos representa el actuar de la LXI Legislatura con ese sector de la población: incongruente, porque no se han atendido totalmente sus demandas sociales, consideraron activistas.
Desde tribuna y por separado, los diputados locales, Erika Patricia Valencia, Carlos Navarro Corro, Miriam Avila Peralta, Azucena Rosas Tapia y Guadalupe Leal Rodríguez, señalaron la importancia del 8M, reconocieron el trabajo de las mujeres para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y coincidieron en que queda un amplio camino por recorrer para llegar a la igualdad:
“Es importante reconocer el papel fundamental que desempeñamos todas las mujeres en las áreas, en el hogar, sin su contribución, nuestro mundo sería incompleto”, dijo Miriam.
Y es que, aunque la principal exigencia de las colectivas ha sido aprobar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), no existe fecha para analizarlo y se le suman pendientes como el aval para considerar la violencia estética o la reforma para pagar compensación de hasta 50 por ciento a la pareja tras divorcio, con el fin de ayudar a las mujeres.
En entrevista con El Sol de Puebla, la activista Esthefania Meraz consideró que el panorama resulta doloroso porque las mujeres son violentadas cotidianamente y las autoridades prefieren proteger las paredes, además, envían un claro mensaje: “Prefieren proteger sus edificios a decir, qué vamos a hacer para que las mujeres salgan a las calles sin miedo y es un recordatorio de qué tenemos que seguir exigiéndolos a las autoridades. Ellos solo están con las mujeres los días que les conviene”.
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La mujer que apoyó desde el activismo la serie de reformas bautizadas como la Ley Monzón, que llevan el apellido de la abogada asesinada en mayo del 2022, recordó que no existe un censo para conocer el número de menores de edad que viven o vivieron con su padre, aun cuando sea acusado por el presunto feminicidio en contra de la madre.
También se encuentra la serie de reformas que presentó el diputado local con licencia, Fernando Morales Martínez para atender la violencia patrimonial, que se define como la agresión donde una mujer es controlada por medio de los ingresos, debido a que no tiene independencia financiera.
Sobre ese punto, la activista expuso que es fundamental el manejo del dinero en la sociedad porque permite separarse del posible agresor, caso contrario cuando la mujer depende económicamente del mismo porque la mantiene bajo su yugo, sobre todo en los casos donde hay hijos de por medio.
En junio del 2022, la entonces presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Mónica Silva Ruiz, presentó otra propuesta para incluir en la Ley para el Acceso a una Vida Libre de Violencia, la agresión estética en los siguientes términos: “Es cualquier acto u omisión que afecte, dañe, degrade o lesione la dignidad, integridad y libertad de la mujer, o restrinja o excluya de cualquier entorno, por no cumplir con estereotipos de belleza”.
Se perfila carpetazo al aborto
Además de lo mencionado, para Esthefania Meraz y Viridiana Ramírez, embajadora de Fire Woman, la gran deuda del Congreso del Estado con mayoría de representantes populares de izquierda es la falta de voluntad política para aprobar la despenalización del aborto.
En voz de Viridiana Ramírez, es innecesario realizar amplios consensos por lo antecedentes que se tienen como las propuestas presentadas en el tema y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Es una de las necesidades más fuertes, porque es causante de muerte, por las mujeres que abortan de manera clandestina, insegura, sin ese apoyo que se necesita. Una de las principales limitantes del Congreso de Puebla, es lo conservador que es el estado y las personas del poder”, dijo.
Cabe mencionar que únicamente le quedan siete meses a la actual legislatura y no se tienen avances en el tema. De acuerdo con lo último que dio a conocer el presidente de la Gobierno y Coordinación Política, Edgar Garmendia de los Santos, el tema no está dentro de la agenda de los legisladores que recientemente rindieron protesta, por la salida de los propietarios para buscar un cargo en la elección de este año.
Recientemente, siete unidades médicas realizan abortos desde diciembre del año pasado, gracias al amparo que ganaron colectivas. Se trata de El Hospital de La Mujer, la clínica hospital de Tehuacán (ISSSTE), Teziutlán (ISSSTE), Huachinango (ISSSTE), La Margarita del IMSS, el Hospital General 35 de Cuautlancingo y el Hospital de Especialidades del ISSSTEP serán las clínicas que darán este servicio.
Sin embargo, es necesario hacerlo por medio de CAFIS A.C., ODESYR y/o GIRE. Actualmente, el artículo 340 del Código Penal del Estado castiga de seis meses a un año de prisión “a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar” y únicamente está permitido por las siguientes causales: Cuando el embarazo sea producto de una violación, se diagnostiquen malformaciones en el feto, la vida de la mujer corra peligro o por un aborto espontaneo.
Según el reporte legislativo elaborado por la UPAEP en colaboración con otras instituciones, durante el segundo año legislativo los que más versaron fueron Justicia y Estado de derecho a nivel general, Justicia y Estado de derecho en temas relacionados con mujeres y sobre Educación y Cultura (lo cual se mantiene desde el primer año legislativo).
Mientras que la mayor parte de las iniciativas aprobadas fueron sobre los temas de: primero Justicia y Estado de derecho a nivel general.