La reciente actualización del Protocolo Alba en Puebla, que establece los lineamientos para agilizar la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, sólo será efectiva si se capacita a las autoridades a cargo de la atención a víctimas y familiares, así como a las policías, entre otras, pues son quienes la mayoría de las veces propician la dilación y revictimización en estos casos, coincidieron activistas y especialistas.
Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió nuevos lineamientos para implementar la búsqueda inmediata de mujeres en la entidad, entre ellos la priorización de las primeras 24 horas, así como la participación de las familias y la delimitación de las obligaciones de autoridades en dichos casos, activistas consideraron que la eficacia del nuevo protocolo dependerá de la voluntad del gobierno para destinar mayores recursos económicos y humanos en su ejecución.
En entrevista, Natalí Hernández Arias, directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social A.C. (CAFIS), señaló que la preparación de las y los funcionarios a cargo de recibir las denuncias, así como de quienes ejecutan las búsquedas de mujeres reportadas como extraviadas, deben prepararse adecuadamente para la aplicación del protocolo, pues en el pasado dicho estatuto tuvo fallas debido a su cuestionable aplicación.
Análogamente, la periodista Aranzazú Ayalá Martínez, quien ha investigado y documentado por más de una década decenas de historias de desaparición en México y Puebla, compartió que, desde su experiencia como espectadora en múltiples casos de personas reportadas como extraviadas, las deficiencias en la búsqueda de víctimas en la entidad se deben a carencias estructurales, además de la falta de voluntad.
Por su parte, Shanik Amira David George, maestra en Derechos Humanos y responsable del Observatorio Con los Ojos Abiertos: Por el Derecho a la Verdad, de la Universidad Iberoamericana Puebla, reconoció que las nuevas adecuaciones al protocolo solventan muchas deficiencias que el estatuto presentó en su última actualización de 2019.
Entre las principales mejoras del precepto, según la académica, destacaron la mejor definición de atribuciones y responsabilidades de las autoridades durante las primeras 24 horas de haber presentado un reporte, la inclusión de las familias en los procesos, así como la supresión de un grupo multidisciplinario que era el único responsable de activar el Protocolo Alba en cada caso, y que muchas veces atrasaba la implementación del mismo.
No obstante, la también investigadora hizo hincapié en que la actualización del estatuto en Puebla se dio a partir de una indicación nacional para homologar los diversos protocolos existentes en el país.
Capacitación urgente
En la reciente versión del Protocolo Alba, que entró en vigor la semana pasada en la entidad, se estableció que, además de la FGE, diversas instituciones y dependencias del Estado poblano participarán en los diversos procesos de la indagatoria para localizar a las mujeres y niñas desaparecidas.
A decir de Hernández Arias, las autoridades ministeriales en la entidad muchas veces son quienes cometen actos de revictimización o provocan que las búsquedas sean más tardadas y se desaprovechan minutos vitales para dar con el paradero de las víctimas.
“Es importante que las autoridades no sólo se capaciten para identificar cuáles son los formularios que tienen que llenar o en lo que dice la legislación sobre este tipo de delitos (...) sino, y sobre todo, que atiendan esta necesidad que tenemos como sociedad, de que toda mujer que es reportada como desaparecida sea localizada con vida y no se dilaten las acciones”, declaró.
Según su experiencia acompañando algunos casos de desaparición, en ciertos escenarios las autoridades ministeriales argumentan que las familias de personas extraviadas deben esperar hasta 72 horas para iniciar un reporte de búsqueda, lo cual es falso, pues la ley indica que el proceso se activa desde el momento en que se genera la denuncia.
“Hay muchos prejuicios en torno a la desaparición de mujeres, sobre todo mujeres adolescentes o jóvenes, y hay muchas prácticas que se han normalizado durante años que no son adecuadas con relación a la búsqueda de mujeres”, agregó.
Por si esto fuera poco, además de los obstáculos comunes de la impartición de justicia, algunos funcionarios ministeriales perpetran diversos prejuicios contra las mujeres que desaparecen, principalmente jóvenes.
Al respecto, la maestra David George reconoció que los recursos económicos que perciben la FGE y el resto de instituciones involucradas deben aumentar, pero principalmente para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, es decir, a partir de la inversión en capacitación, infraestructura, etcétera.
“Ahora van a tener que saber qué tienen que hacer las policías Estatal y Ministerial, todos los que tienen alguna participación, ahora deben saber qué van a hacer”, expuso.
Socializar derechos
Ayala Martínez, quien en 2021 dio a conocer que activistas, colectivos y familiares de personas desaparecidas en la entidad denunciaron ante el Comité Contra las Desapariciones Forzadas, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las deficiencias del Estado poblano en cuanto a la búsqueda de la población, mencionó que el Protocolo Alba no se aplicó del todo en años pasados.
Con base en los casos que documentó en años recientes, la periodista observó que la FGE sólo activaba, en la mayoría de veces, el protocolo una vez que esto era solicitado por los familiares. Es decir, los consanguíneos de la víctima necesitaban pedir a las autoridades la implementación del lineamiento, pues, de lo contrario, la institución no lo hacía.
Aunque reconoció que no se trató necesariamente de una intención de dolo, algunos funcionarios ministeriales no informaban siempre a los familiares sobre la disponibilidad del protocolo para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas, lo cual atentó contra su derecho a la impartición de justicia.
Al respecto, Hernández Arias puntualizó que, con la entrada en vigor del nuevo estatuto, el Estado poblano tiene la obligación de intensificar la difusión de derechos de la población respecto a las herramientas que ofrece la autoridad para agilizar los trabajos de búsqueda.
“Se requiere la difusión amplia a la ciudadanía de qué hacer cuando desaparece una persona, muchas veces ocurre que las familias no saben o las personas no conocen lo que tiene que hacer, y a veces llegan a la FGE buscando respuestas y no les informan adecuadamente”, comentó.
Aspectos positivos de la actualización
La académica de la Ibero Puebla destacó que las adecuaciones del Protocolo Alba subsanaron las deficiencias que presentó la versión anterior, que permaneció vigente por aproximadamente cuatro años.
Enfatizó que en el nuevo precepto definió con mayor claridad las obligaciones de la autoridad en la búsqueda de mujeres y niñas. Por ejemplo, se estableció que durante las primeras 24 horas de haber reportado la ausencia las o los agentes del ministerio público deberán autorizar la búsqueda activa con las policías de los tres niveles de gobierno. En la versión anterior del documento ese plazo se dedicada a la elaboración de entrevistas y recopilación de evidencias, precisó.
“El protocolo solventa mucho de lo que habíamos comentado nosotros, en cuanto a la necesidad de que fuera una búsqueda inmediata, que las primeras 24 horas son necesarias, además de la necesidad de que se contara con claridad de quiénes son las autoridades que tienen que participar en las búsquedas. Todo viene muy bien detallado en el protocolo. En el Observatorio lo vemos como un documento que sí solventa mucho”, comentó.
También refirió que se reforzó la participación de las familias en los procesos de búsqueda, pues en el pasado sólo se mencionaba de forma ambigua. Además, el lineamiento es claro en señalar que la obligación de llevar a cabo la investigación es de las autoridades, con la colaboración de familiares, y no viceversa.
Por otro lado, la catedrática subrayó que la FGE desapareció al grupo técnico del que dependía la activación del protocolo en cada caso. Con la actualización, al reportar cada caso, dependiendo de las características del mismo, la autoridad ministerial está obligada a iniciar las primeras acciones de indagatoria, sin que exista un cuerpo colegiado que deba evaluar la situación.
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En meses pasados David George encabezó la presentación del análisis técnico sobre dicho protocolo en donde, entre otras cosas, se determinó que el mismo era inoperante en Puebla, toda vez que la autoridad ministerial no lo utilizó una sola vez, desde su implementación en 2019 hasta los primeros meses de 2023.
Cabe recordar que la propia FGE reconoció, en el decreto a través del cual se emitieron los nuevos lineamientos del estatuto, que la aplicación del mismo demostró que era necesaria su actualización. En otras palabras, demostró que el precepto no obtuvo los resultados esperados para el contexto actual de Puebla.
A propósito, Hernández Arias hizo hincapié en que la renovación de los criterios de búsqueda para localizar a mujeres desaparecidas era necesaria, pues el Protocolo Alba surgió a partir de una sentencia emitida hace más de 10 años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El Protocolo Alba tiene que permitir a las familias conocer los avances del proceso, intervenir y aportar información. El protocolo también sirve para prevenir otras conductas violentas que puedan generarse en contra de las familias buscadoras”, destacó.
Seguimiento es fundamental
La profesora David George señaló que la eficacia del nuevo protocolo no será cuantificada hasta que se desarrollen los primeros análisis sobre su implementación. No obstante, precisó que es importante que se vigile que la FGE cumpla con la aplicación de los lineamientos.
Finalmente, la catedrática universitaria precisó que, en cuanto al banco forense, que se establece en el nuevo protocolo, todavía existen dudas sobre su uso e implementación, por lo que es necesario que la autoridad dé a conocer más detalles sobre dicho sistema.
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