/ domingo 10 de noviembre de 2024

Activistas piden intervención del gobierno federal ante despojo de tierras a ejidatarios en Puebla

Denunciaron que en los últimos años grandes empresas inmobiliarias y funcionarios públicos han “arrebatado” predios a ejidatarios para crear clusters habitacionales

Habitantes y defensores del medio ambiente de ocho municipios de Puebla solicitaron la intervención del gobierno federal para frenar el despojo de tierras a ejidatarios por parte de constructoras mediante irregularidades para después convertirlos en viviendas.

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Encabezados por Ricardo Jiménez Ávila y Adán Xicale Huitle, ex preso político, denunciaron que en los últimos años grandes empresas inmobiliarias y funcionarios públicos han “arrebatado” predios a ejidatarios para crear clusters habitacionales de alta plusvalía sin cumplir normas ambientales, de uso de suelo, tampoco de protección civil e infraestructura.

Detallaron que en el municipio de Coronango, específicamente en el fraccionamiento Misiones de San Francisco, los habitantes de enfrentan a la falta de agua y la nula existencia de áreas verdes.

En el municipio de Santa Clara Ocoyucan exhibieron que en el ejido de Santiago Coltzingo se registró un despojo de 87 hectáreas, parcelas de ejidatarios y particulares, presuntamente a cargo de la firma Grupo Proyecta, a cargo del empresario Rafael Posada Alonso, con el objetivo de ampliar fraccionamientos.

De igual manera, advirtieron que en el municipio de Atlixco empieza a proliferar el desorden inmobiliario, la escasez de agua en las comunidades más alejadas, agua de mala, calidad y contaminación en campos de cultivo y mantos freáticos.

Ante esto, Jiménez Ávila y Xicale Huitle señalaron que los derechos de ejidatarios y comuneros han sido pisoteados por inmobiliarias, cobijadas por funcionarios públicos, provocando problemas al destruir la flora y la fauna, así como agravar la distribución de agua para todos, afectando a las familias más pobres de las zonas.

Por ello, solicitaron la intervención de la jefa de gobierno federal Claudia Sheinbaum, así como del gobernador electo Alejandro Armenta y de los ediles recién entrantes para frenar la expedición de cambios de uso de suelo, así como permisos de Semarnat y Profepa.

También pidieron la creación de un equipo multidisciplinario e interinstitucional que se encargue de elaborar un estudio integral para establecer reservas naturales protegidas.

Además de reuniones con colectivos para determinar proyectos de reconstrucción del tejido social relacionado con áreas verdes, campos deportivos, escuelas y problemas de movilidad.

Finalmente, apuntaron que mañana formalizarán la petición ante autoridades y no descartaron hacer concentraciones en puntos estratégicos de la entidad poblana para dar a conocer la información a las y los ciudadanos.

Habitantes y defensores del medio ambiente de ocho municipios de Puebla solicitaron la intervención del gobierno federal para frenar el despojo de tierras a ejidatarios por parte de constructoras mediante irregularidades para después convertirlos en viviendas.

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Encabezados por Ricardo Jiménez Ávila y Adán Xicale Huitle, ex preso político, denunciaron que en los últimos años grandes empresas inmobiliarias y funcionarios públicos han “arrebatado” predios a ejidatarios para crear clusters habitacionales de alta plusvalía sin cumplir normas ambientales, de uso de suelo, tampoco de protección civil e infraestructura.

Detallaron que en el municipio de Coronango, específicamente en el fraccionamiento Misiones de San Francisco, los habitantes de enfrentan a la falta de agua y la nula existencia de áreas verdes.

En el municipio de Santa Clara Ocoyucan exhibieron que en el ejido de Santiago Coltzingo se registró un despojo de 87 hectáreas, parcelas de ejidatarios y particulares, presuntamente a cargo de la firma Grupo Proyecta, a cargo del empresario Rafael Posada Alonso, con el objetivo de ampliar fraccionamientos.

De igual manera, advirtieron que en el municipio de Atlixco empieza a proliferar el desorden inmobiliario, la escasez de agua en las comunidades más alejadas, agua de mala, calidad y contaminación en campos de cultivo y mantos freáticos.

Ante esto, Jiménez Ávila y Xicale Huitle señalaron que los derechos de ejidatarios y comuneros han sido pisoteados por inmobiliarias, cobijadas por funcionarios públicos, provocando problemas al destruir la flora y la fauna, así como agravar la distribución de agua para todos, afectando a las familias más pobres de las zonas.

Por ello, solicitaron la intervención de la jefa de gobierno federal Claudia Sheinbaum, así como del gobernador electo Alejandro Armenta y de los ediles recién entrantes para frenar la expedición de cambios de uso de suelo, así como permisos de Semarnat y Profepa.

También pidieron la creación de un equipo multidisciplinario e interinstitucional que se encargue de elaborar un estudio integral para establecer reservas naturales protegidas.

Además de reuniones con colectivos para determinar proyectos de reconstrucción del tejido social relacionado con áreas verdes, campos deportivos, escuelas y problemas de movilidad.

Finalmente, apuntaron que mañana formalizarán la petición ante autoridades y no descartaron hacer concentraciones en puntos estratégicos de la entidad poblana para dar a conocer la información a las y los ciudadanos.

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