En el foro “Retos y Oportunidades de la población LGBTQI+ en Puebla”, activistas y servidores públicos destacaron la urgencia de medidas legislativas y sociales para garantizar los derechos fundamentales de las personas LGBT+ en el estado. Entre las principales demandas se encuentran el aval del Congreso a las infancias trans, el reconocimiento del término “transfeminicidio” en el Código Penal, la creación de un censo actualizado que visibilice a esta comunidad y la inclusión de miembros LGBT+ en cargos políticos y gubernamentales.
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Marisol Calva, directora de Género en la Secretaría de Gobernación Estatal, fue quien dio el mensaje de bienvenida. Detalló que en el país, la población LGBT+ asciende a los 5 millones, lo que representa el 5.1 por ciento de la población de 15 años y más, mientras que en Puebla la cifra es del 5.4 por ciento, colocando al estado en la sexta posición a nivel nacional por registrar más diversidad sexual.
Desde su óptica, estas cifras demuestran que la comunidad debe de ser atendida, visibilizada y escuchada. En este punto recordó que, es la primera vez que la SEGOB cuenta con una Dirección de Género y este tipo de foros, buscan escuchar a los protagonistas de la comunidad en primera persona, pues ellos son los que saben la verdadera situación a la que se enfrentan.
“Las personas de la diversidad sexual tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, sin discriminación, en donde sus personalidades puedan ser desarrolladas sin ningún tipo de odio. La Secretaría de Gobernación, cuya función principal es mantener la gobernabilidad y la paz social en el estado, sabe que debe de trabajar por la seguridad de todas las personas y es también nuestra responsabilidad. Por ello, abrir un foro como este, escuchando las voces de todos los activistas es primordial”, destacó
Una de las participantes fue Gabriela Chumacero, líder del Grupo Trans en Puebla, quien dio a conocer que una de las peticiones más apremiantes es el aval de las infancias trans por parte de la próxima legislatura poblana. Esta medida no solo busca reconocer y respetar la identidad de género desde una edad temprana, sino también proteger a los menores trans de discriminación y exclusión social, promoviendo así su desarrollo integral en un ambiente de aceptación y apoyo.
Otro punto es el reconocimiento del término “transfeminicidio” en el marco jurídico. En su opinión, es crucial para visibilizar y abordar de manera específica los crímenes de odio contra personas transgénero. Esto permitiría una mejor recolección de datos estadísticos y la aplicación de políticas públicas orientadas a prevenir y sancionar este tipo de violencia, garantizando justicia y reparación para las víctimas y sus familias.
Asimismo, habló de la discriminación contra la comunidad transgénero, ya que es el resultado de una combinación de factores sociales, culturales, legales y estructurales que perpetúan la exclusión y la desigualdad. Para abordar este problema de manera efectiva, se requieren políticas públicas inclusivas, educación sobre diversidad de género y acciones concretas para proteger y promover los derechos humanos.
Por su parte, el activista Tuss Fernández sugirió la creación de un censo actualizado de la población LGBT+ en Puebla, pues es fundamental para comprender las necesidades específicas de esta comunidad en áreas como salud, educación y empleo. Este censo permitiría diseñar políticas públicas inclusivas y efectivas que promuevan la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
De igual modo, enfatizó la importancia de que la comunidad LGBT+ ocupe cargos importantes en la política y el gobierno. Esta inclusión no solo garantiza una representación genuina de la diversidad social, sino que también asegura que las políticas y decisiones públicas sean inclusivas y equitativas, promoviendo una sociedad más justa y democrática para todos los ciudadanos.
“Hago un cuestionamiento a los funcionarios que están aquí presentes y les pregunto ¿cuántas personas trans tienen contratadas en su estructura de gobierno?, y casi adivino la respuesta. No me la digan, la podemos adivinar y cuántas de estas personas, además de las trans, están siendo contabilizadas de acuerdo a sus ingresos o a su educación (…) los partidos políticos también abusaron y las autoridades electorales abusaron de no garantizar el acceso a los cargos de elección popular, cuál fue el resultado, que vamos a pasar tres años más sin poder impulsar estas agendas, dependiendo de aliados”, criticó.
También estuvieron presentes Betucky Camacho, coordinador de la Diversidad Sexual de Morena, Flor Cipriano directora de Red la Morada A.C., y Laura León, de la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población.
Las demandas expresadas en el foro reflejan un llamado urgente a la acción por parte de las autoridades y la sociedad civil para avanzar hacia la plena igualdad y respeto de los derechos humanos de la comunidad LGBT+ en Puebla. La implementación de estas medidas no solo fortalecerá el tejido social, sino que también posicionará al estado como un ejemplo de progreso y justicia social en Puebla.
