/ lunes 13 de mayo de 2024

Acusan a alcaldesa de Chinantla de retener a víctima de violencia y sus hijos

Tras varios jaloneos y gritos en la comandancia, la autoridad ingresó a Haimé en un salón en donde la obligaron a estar con su exsuegra y su expareja

Azucena Zafra Chino, presidenta municipal de Chinantla, retuvo 14 horas a una mujer víctima de violencia y a sus dos hijos, para que pudiera “llegar a un acuerdo de custodia” con su ex pareja. A la edil, no le importó que este hombre tiene denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), y la obligó a convivir, pese a que esta acción no está dentro de sus facultades. Hoy, la víctima pide que investiguen a la primera regidora y a todos los servidores públicos involucrados.

En conferencia de prensa, Haymé Hernández, la víctima de esta situación, compartió que hace unos años se enamoró y se fue a vivir con Carlos N., con quien tiempo después tuvo a sus dos hijos. Este hombre la obligó a dejar su trabajo y cuando ella quiso retomar sus estudios le dijo que “estaba tonta”, que ella “no servía para eso”, que se enfocara en cuidar exclusivamente a sus hijos.

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Como la obligó a dejar su trabajo, cuando necesitaba dinero tenía que recurrir a él, pero Carlos comenzó a controlarle el dinero y había ocasiones en donde no le daba nada para alimentar a sus hijos. Esta situación hizo que nuevamente le pidiera permiso para trabajar, pero se negó, argumentando que ella era “una inútil” y que no servía para eso, que se las arreglara para que le alcanzara con lo poco que tenía.

Ante esta situación, la mujer decidió separarse, pero esto sólo trajo más problemas a su vida, ya que este hombre la golpeó y la amenazó con quitarle a sus niños, promesa que cumplió más adelante y hasta tuvo el apoyo de la madre de Haymé, quien luego fue denunciada por sustracción.

Como había denuncias de por medio, la “abuela agresora” le avisó que le entregaría a los menores en el Ayuntamiento de Chinantla, pero cuando ella fue a recogerlos, la abuela de los niños pidió apoyo del juez de paz, quien acudió con elementos municipales y le prohibieron llevarse a las infancias. Posteriormente las trasladaron a la comandancia, en donde llegó la edil de Chinantla, su esposo, quien es el director del DIF y la obligaron a convivir con el violentador.

La presidenta hablaba por teléfono y amenazaba a Haymé diciendo que no se podía ir hasta que llegara un delegado de gobernación (del cual no saben el nombre). Incluso, quería obligar a la mujer a firmar “un acuerdo” para que todos pudieran irse. “En Gobernación Estatal ya saben de este caso desde el primer momento”, decía la edil para que la mujer y sus hijos no se fueran.

La organización “Sorora Mujeres en Desarrollo” respaldó a Haimé y llegaron a la presidencia municipal para ayudarla a que no les quitaran a sus hijos. En este punto, las activistas le señalaron a la edil que no tenía facultades para hacer este tipo de acciones, pero Carlos N., comenzó a agredir a las feministas, diciendo que ellas tampoco, además, amenazó con demandarlas.

Tras varios jaloneos y gritos en la comandancia, la autoridad ingresó a Haimé en un salón en donde la obligaron a estar con su ex suegra y su ex pareja. En suma, querían que firmara un acuerdo con su agresor y que, si no lo hacía, personal del DIF se iba a llevar a sus hijos y ya no los volvería a ver. No obstante, ella no firmó y la dejaron retirarse con los menores de edad.

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Haymé y las mujeres de “Sorora Mujeres en Desarrollo” hacen público el caso debido a que temen por su seguridad y existe el temor de que este hombre nuevamente intente quitarle a los niños por venganza de lo ocurrido. También ya levantaron una queja en la CDH en contra de la edil de Chinantla y a las autoridades en general piden que se investigue todo lo ocurrido y sancionen a los servidores involucrados.

Azucena Zafra Chino, presidenta municipal de Chinantla, retuvo 14 horas a una mujer víctima de violencia y a sus dos hijos, para que pudiera “llegar a un acuerdo de custodia” con su ex pareja. A la edil, no le importó que este hombre tiene denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), y la obligó a convivir, pese a que esta acción no está dentro de sus facultades. Hoy, la víctima pide que investiguen a la primera regidora y a todos los servidores públicos involucrados.

En conferencia de prensa, Haymé Hernández, la víctima de esta situación, compartió que hace unos años se enamoró y se fue a vivir con Carlos N., con quien tiempo después tuvo a sus dos hijos. Este hombre la obligó a dejar su trabajo y cuando ella quiso retomar sus estudios le dijo que “estaba tonta”, que ella “no servía para eso”, que se enfocara en cuidar exclusivamente a sus hijos.

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Como la obligó a dejar su trabajo, cuando necesitaba dinero tenía que recurrir a él, pero Carlos comenzó a controlarle el dinero y había ocasiones en donde no le daba nada para alimentar a sus hijos. Esta situación hizo que nuevamente le pidiera permiso para trabajar, pero se negó, argumentando que ella era “una inútil” y que no servía para eso, que se las arreglara para que le alcanzara con lo poco que tenía.

Ante esta situación, la mujer decidió separarse, pero esto sólo trajo más problemas a su vida, ya que este hombre la golpeó y la amenazó con quitarle a sus niños, promesa que cumplió más adelante y hasta tuvo el apoyo de la madre de Haymé, quien luego fue denunciada por sustracción.

Como había denuncias de por medio, la “abuela agresora” le avisó que le entregaría a los menores en el Ayuntamiento de Chinantla, pero cuando ella fue a recogerlos, la abuela de los niños pidió apoyo del juez de paz, quien acudió con elementos municipales y le prohibieron llevarse a las infancias. Posteriormente las trasladaron a la comandancia, en donde llegó la edil de Chinantla, su esposo, quien es el director del DIF y la obligaron a convivir con el violentador.

La presidenta hablaba por teléfono y amenazaba a Haymé diciendo que no se podía ir hasta que llegara un delegado de gobernación (del cual no saben el nombre). Incluso, quería obligar a la mujer a firmar “un acuerdo” para que todos pudieran irse. “En Gobernación Estatal ya saben de este caso desde el primer momento”, decía la edil para que la mujer y sus hijos no se fueran.

La organización “Sorora Mujeres en Desarrollo” respaldó a Haimé y llegaron a la presidencia municipal para ayudarla a que no les quitaran a sus hijos. En este punto, las activistas le señalaron a la edil que no tenía facultades para hacer este tipo de acciones, pero Carlos N., comenzó a agredir a las feministas, diciendo que ellas tampoco, además, amenazó con demandarlas.

Tras varios jaloneos y gritos en la comandancia, la autoridad ingresó a Haimé en un salón en donde la obligaron a estar con su ex suegra y su ex pareja. En suma, querían que firmara un acuerdo con su agresor y que, si no lo hacía, personal del DIF se iba a llevar a sus hijos y ya no los volvería a ver. No obstante, ella no firmó y la dejaron retirarse con los menores de edad.

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Haymé y las mujeres de “Sorora Mujeres en Desarrollo” hacen público el caso debido a que temen por su seguridad y existe el temor de que este hombre nuevamente intente quitarle a los niños por venganza de lo ocurrido. También ya levantaron una queja en la CDH en contra de la edil de Chinantla y a las autoridades en general piden que se investigue todo lo ocurrido y sancionen a los servidores involucrados.

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