Ixtacamaxtitlán, Pue. – Con enojo y desconfianza, los habitantes de la Sierra Norte de Puebla recibieron la noticia de que la minera Almaden Minerals ha entablado una demanda por 200 millones de dólares contra el gobierno de México. Esta acción legal surge después de que se cancelaran las concesiones de exploración de la minera en la región, impidiéndole continuar con el proyecto Ixtaca, mediante el cual pretendía explotar una veta de oro y plata en este territorio.
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La demanda fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo dependiente del Banco Mundial, solicitando arbitraje internacional. Almaden Minerals argumenta que las acciones del gobierno mexicano violan el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), a través de acciones que bloquearon el desarrollo del proyecto Ixtaca y finalmente rescindió retroactivamente las concesiones minerales de la Compañía, causando la pérdida de las inversiones.
La noticia ha generado una reacción de enojo entre los habitantes de la región. Una fuente consultada, que prefirió mantenerse en el anonimato, expresó:
No sólo representaban un riesgo para el medio ambiente y el acceso igualitario al agua, también mintieron, dañaron el tejido social, violentaron la ley y vulneraron a los pueblos indígenas. ¿Cómo es que demandan por no habernos defendido de ellos?
Diversos grupos, activistas y colectivos han decidido fijar su postura hasta la próxima semana, mientras que los pocos habitantes que accedieron a dar su opinión lo hicieron sin dar su nombre, en un intento de respetar la decisión de los colectivos y no contribuir a la desestabilización social.
Los habitantes confirmaron que las oficinas de la empresa en un edificio público ya no tienen los logotipos de la compañía, y no pudieron precisar si están abandonadas las bodegas que utilizaba la Minera Gorrión, subsidiaria de Almaden Minerals.
La comunidad ha ido recuperando la calma y trabajando en un programa de ordenamiento municipal que ha generado conciencia comunitaria. Sin embargo, persiste la desconfianza de que la minera esté buscando regresar.
"Esta demanda es la actitud de un mal perdedor porque desde el principio violentaron la ley, cometieron varias irregularidades, mentían no sólo a los socios sino a las autoridades mexicanas ambientales", señaló otra de las fuentes.
Violaciones y fallo judicial
En febrero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió las concesiones a petición de la comunidad indígena de Tecoltemi, que se opuso al proyecto Ixtaca. La Corte consideró "insubsistentes" los permisos otorgados en 2003, argumentando que no se realizó una consulta pública con la comunidad antes de otorgar los permisos federales, lo que violaba los derechos de los pueblos originarios.
Los habitantes de la región enfatizan que Almaden Minerals no cumplió con los requisitos legales básicos, lo que llevó a la anulación de las concesiones.
Nos quitaron nuestra cualidad de pueblo originario, no cumplieron con lo básico y eso lo determinó una corte. Esta demanda sólo habla de que de cualquier manera buscan cuidar sus intereses, sin importar nada más. Sólo esperamos que no regresen, que esta demanda no proceda y que la minera aprenda la lección. Si no, pues le volverá a suceder concluyó la fuente.
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La demanda ante el CIADI representa un conflicto internacional para el gobierno mexicano y un caso emblemático sobre la relación entre inversiones extranjeras y los derechos de las comunidades locales, al igual que como ocurre con las empresas que pretendían extraer litio en el norte del país.
