La agresión de la que fueron víctimas diversos defensores de la tierra y el medioambiente de Zacatepec, Puebla, durante el 2019, fue clasificado como uno de los casos con mayor grado de criminalización y uso desproporcionado del sistema de justicia contra activistas en México y en el mundo, reveló el informe “México, tierra y libertad”, realizado por el movimiento global Aministía Internacional.
Con sede en la Universidad Iberoamericana Puebla, Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, expuso que este caso dio cuenta de la injusticia con la que el Estado amedrentó la protesta pacífica de los activistas que se opusieron a la contaminación del Río Metlapanapa, ubicado en dicha comunidad.
Aseguró que en este caso, así como en otros tres registrados en México (dos en Chiapas y uno en Yucatán) se documentó que el gobierno usó el sistema penal en contra de un grupo de personas que defendían la tierra y el medio ambiente, lo que dañó gravemente sus derechos humanos.
“Hemos venido a este estado a recordarle a las autoridades poblanas que la manifestación pacífica es un derecho, la protesta es una vía para apelar y denunciar violaciones a los derechos humanos”, sentenció.
La directora afirmó que esta agresión, así como otros casos de resistencia pacifica a la deforestación, la minería y la extracción de agua en Puebla, se observa a nivel internacional con signos de alerta, toda vez que la entidad es el segundo lugar a nivel nacional con mayor registro de asesinatos a defensores ambientales (tres ejecuciones).
¿Qué pasó en 2019?
De acuerdo con el informe, a mediados del 2019 la comunidad de Zacatepec se organizó para luchar en contra de la contaminación de este río, producto de la construcción de un drenaje de aguas residuales provenientes de Ciudad Industrial en Huejotzingo.
En agosto de ese mismo año, la Asamblea Municipal de Zacatepec acordó no permitir la descarga de los desechos tóxicos, sin embargo, un mes adelante iniciaron las labores de construcción de este drenaje, custodiado por elementos de la Guardia Nacional.
“Después de varios intentos de que se respetaran sus derechos, más de 100 personas protestaron pacíficamente para frenar la construcción, el Estado respondió con represión, lastimando a mujeres y adultos mayores”, narró Edith.
Tras diversos detenciones arbitrarias y múltiples violaciones a los derechos humanos, los activistas siguen de pie, buscando justicia y respeto a sus tierras, finalizó.
