No importa cuánto tiempo pueda ganarle a una persona un recurso de amparo, pues eventualmente la ley se aplicará pese a cualquier circunstancia, indicó este día el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, luego de conocer que el alcalde de Tulcingo de Valle, José Édgar N y el regidor de Gobernación, Jorge Humberto N, se ampararon ante una orden judicial librada en su contra para investigar su posible involucramiento en el asesinato del extitular de la Policía Municipal de ese lugar el mes pasado.
Ante los ojos del mandatario estatal, cualquier ciudadano tiene el legítimo derecho a interponer un amparo judicial, no obstante, detalló que la ley es quien da la última palabra, especialmente en aquellos casos en los que se cometen “errores”.
“Tienen derecho a la defensa, todos tienen derecho, y podrán promover mecanismos de defensa, entre ellos el juicio de amparo, pero tiempo más, tiempo menos, la ley se aplica y nadie que cometa ese tipo de errores va a quedarse sin sanción, la sanción de la ley bajo los procedimientos legales”, precisó.
No hay que olvidar que antier autoridades judiciales emitieron órdenes de aprehensión contra tres gendarmes de Tulcingo de Valle, así como el edil y el regidor, no obstante, los últimos dos apelaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para evitar ser detenidos.
Ante ese contexto, Barbosa Huerta indicó que, técnicamente, José Édgar N sigue al frente de su ayuntamiento, pues recordó que, ante la eventual incapacidad de un alcalde para asumir su cargo, sólo el Congreso del Estado puede actuar en consecuencia para suplir esa posición, no obstante, nada de esto ha sucedido todavía.
“No hay ninguna resolución, ningún decreto del Congreso [por el] que se suspendan las actividades de ningún integrante del ayuntamiento y, hasta donde estoy enterado, los mandamientos de búsqueda no son contra todos los servidores”, acotó.
Además, enfatizó que el asesinato de Maurilio Herrera, excomandante de la Policía Municipal de Tulcingo de Valle, estuvo marcado por la colusión de funcionarios con grupos delictivos.
“Sí hubo una vinculación muy preocupante de autoridades municipales con el crimen en la zona de Tulcingo, y está todo esclarecido (...) [Hago] un llamado a la reflexión para todos los alcaldes, no pueden tener en sus mesas de gobierno la voz de los delincuentes, jamás”, opinó.
Justifica gobernador aplazo de reforma para castigar ediles que contraten policías sin CUP
Luego de que las y los diputados de la LXI Legislatura del Congreso de Puebla pospusieron la votación de la reforma enviada por el Ejecutivo local, que busca interponer castigos de hasta seis años de cárcel a los alcaldes que contraten gendarmes sin Certificado Único Policial (CUP), Barbosa Huerta aclaró que la decisión se debió a un cambio que hizo de último momento el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
A decir del mandatario, este organismo federal amplió el plazo para que la emisión de certificaciones en materia policial dure hasta 2024. Por lo tanto, esto puede provocar que haya personas laborando en las corporaciones municipales sin este documento, pero argumentando que el mismo se encuentra en trámite.
En ese tenor, precisó que su administración evaluará con el parlamento poblano cuáles deben ser las modificaciones necesarias para que la reforma cumpla con sus objetivos, sin embargo, admitió que este proceso no estará listo para lo que resta de 2022, por lo que tendrá que aplazarse hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones.
Pese a ello, reiteró que no retira su compromiso de robustecer los mecanismos de selección de gendarmes en las estructuras municipales, pues se busca acabar con el fenómeno de incluir delincuentes en las policías.
No hay que olvidar que la iniciativa que estaba previsto a ser votada ayer tiene contemplado modificar los artículos 418 y 419 del Código Penal del Estado; así como el artículo 209 de la Ley Orgánica Municipal, esto con el objetivo de interponer sanciones de hasta seis años de cárcel a los ediles que sean omisos sobre la contratación de uniformados sin CUP, y de hasta siete años para las personas que acepten un cargo aun sin contar con esa acreditación.