A pesar de que la mayoría de los alcaldes que rindieron protesta el 15 de octubre del 2021 prometió incrementar la seguridad, atender las calles descuidadas e invertir recursos en materia de obra pública, algunos de ellos solo se quedaron con las buenas intenciones en los discursos porque durante su primer año de administración se han visto envueltos en diversas polémicas.
La mala ejecución de las obras, los presuntos actos de corrupción, los nexos con grupos delictivos y el aumento de la inseguridad, son algunos de los factores que han ocasionado que al menos seis alcaldes y presidentas municipales emanados de Morena y el PAN hayan estado, como se expresa coloquialmente, en el ojo del huracán.
Se trata, en orden de aparición para este texto, de Norma Layón, de Texmelucan; Paola Angon, de San Pedro Cholula; Ignacio Mier, de Tecamachalco; Pedro Tepole, de Tehuacán; Arturo Cajica, de Acatlán de Osorio, y Armando Pimentel, de Quimixtlán.
De acuerdo con el doctor en Ciencias de Gobierno y Política y catedrático de la BUAP, Hervey Rivera González, las administraciones polémicas pueden dañar la imagen del partido que representan las autoridades municipales, pero estas también tienen la posibilidad de modificar la percepción negativa y reencauzar sus acciones en favor de los ciudadanos.
El colapso de un tanque a dos días de su inauguración
Tras el colapso de un tanque elevado en la colonia San Baltazar Temaxcalac, ubicada en el municipio de San Martín Texmelucan, que dejó como saldo dos personas muertas y una herida, las críticas hacia el gobierno de la alcaldesa de ese ayuntamiento, Norma Layón Aarun, han incrementado exponencialmente en los últimos días. Sin embargo, al margen de ese hecho, la administración de la presidenta municipal emanada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se ha caracterizado por el incremento de la inseguridad y descontento de los pobladores.
La empresaria de 53 años gobierna por segunda ocasión el municipio después de consumar su reelección en el proceso electoral del 2021. De acuerdo con información en internet, la poblana proviene de una familia dedicada a los negocios y en el año 2018 tomó la decisión de incursionar en el mundo de la política. Cuando era la presidenta de la asociación civil “Creando la Felicidad” se afilió al partido de izquierda y obtuvo la presidencia municipal de Texmelucan, ubicado en la zona del Triángulo Rojo en Puebla.
Uno de los primeros escándalos en los que se vio envuelta la empresaria se dio por el adoquinamiento de la calle “Las Ánimas” en la colonia San Damián, donde se ubica su empresa Capillas de Velación San Martín. De acuerdo con el contrato de obra pública DOP-055-RAMO33/28, la inversión fue de 7 millones 646 mil 626.28 pesos, y aunque el argumento del gobierno municipal para intervenir la vialidad fue el presunto beneficio a los estudiantes de la preparatoria Emiliano Zapata de la BUAP porque es cercana al punto que se arregló, meses después salió a la luz que presuntamente fue para beneficiar su negocio.
En 2019, Norma Layón emitió un decreto para reestructurar el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Texmelucan (SOSAPATEX) con el que buscaba poder tomar decisiones de la empresa. La acción que tomó la empresaria fue mal recibida por los pobladores del municipio, que acusaron que el decreto que se presentó ante el Congreso del Estado quería privatizar el servicio de agua potable, por lo que, en junio del mismo año retuvieron a la alcaldesa por más de cinco horas en un restaurante hasta que aceptó cancelar la iniciativa.
Un año después, Francisco N., que se desempeñó como director de la Policía Municipal, fue detenido por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), acusado por el delito de secuestro. Esta casa editorial informó que fue aprehendido bajo el expediente 258/2016, es decir, que el señalamiento por el que se le imputó es del año 2016 por este delito.
El escándalo más reciente contra la alcaldesa se dio en septiembre del año en curso, luego de que se desplomó un tanque elevado de agua que tenía dos días de ser inaugurado por las autoridades municipales y en el cual se invirtieron 2.3 millones de pesos. Tal como lo reveló El Sol de Puebla, la obra cuenta con algunas irregularidades, entre ellas que en el 2019 la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceaspue) había emitido un primer dictamen en el que advirtió que ya se había acabado la vida útil de la infraestructura.
Los índices delictivos también han ido en aumento en el municipio desde el 2018 (año en el que Norma Layón asumió la presidencia municipal). Según datos de la FGE, hace cuatro años se registraron 797 robos contra vehículos automotores, un año después la cifra subió a 992. En el 2020 y 2021 hubo un ligero descenso y se contabilizaron 925 y 803 casos respectivamente, mientras que en lo que va del 2022 van 378 atracos.
En 2018 hubo 54 homicidios dolosos y de enero a agosto del 2022 van 42, es decir, tan solo 12 muertes menos a las de hace cuatro años, pero en un periodo menor.
Mal manejo de los recursos
La administración de la alcaldesa de San Pedro Cholula, Paola Angón Silva, ha sido señalada por la presunta mala ejecución de los recursos públicos y la opacidad en la rendición de cuentas, situación que ocasionó los regidores del Cabildo le revocaran a la panista la facultad de firmar contratos por parte del ayuntamiento
Dos semanas después de que la mujer asumió el cargo se vio envuelta en su primera polémica porque un reo escapó del penal de San Pedro. Versiones periodísticas documentaron que el 27 de octubre Luis Gerardo se encontraba en su celda y obtuvo una boleta de liberación por parte de dos elementos del departamento jurídico, así como de un custodio, por lo que abandonó la cárcel por la puerta principal.
Cuando las autoridades municipales se percataron de que el documento no le correspondía a Luis Gerardo dieron aviso a los elementos de las distintas corporaciones de seguridad para dar con el paradero del reo, pero no lo han logrado localizar.
En diciembre del 2021, una patrulla fue captada mientras circulada en las calles 5 Poniente y 3 Sur del municipio con varias botellas de cerveza en la cajuela. Lo anterior ocasionó una serie de críticas por parte de los internautas en las redes sociales, que señalaron no era la primera ocasión en la que gente de seguridad tenían un desempeño deficiente en el ejercicio de sus labores.
Días después de la divulgación de la fotografía la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los policías que llevaban cervezas dentro de la cajuela fueron sancionados y suspendidos de sus funciones.
A inicios del año en curso nuevamente le llovieron críticas a Paola Angon, aunque en esa ocasión no fue por temas de seguridad, sino porque el municipio con categoría de pueblo mágico se llenó de basura debido a que no operaba el servicio de recolección de basura, lo que generó que grandes cantidades de desechos se acumularan en las calles. Alrededor de dos semanas después regresó a operar el servicio y hasta el momento ya no se han registrado quejas por dicha situación.
El pasado julio, la legisladora local de Acción Nacional, Aurora Sierra Rodríguez, presentó un exhorto para que la presidenta municipal de San Pedro Cholula transparentara los contratos que ha realizado desde el inicio de su administración porque a ocho meses no se encontraban en la página de transparencia.
Indicó que de acuerdo con información del Portal Nacional de Transparencia, el ayuntamiento de San Pedro Cholula reportó en el expediente LPN/ADJ/0001/2022 que se adquirieron bajo licitación pública 15 patrullas en arrendamiento con el proveedor Lumo Financiera por un costo total de 82 millones 658 mil 675.23 pesos, lo que significa que cada unidad tuvo un valor de cinco millones, 510 mil pesos.
Por los presuntos sobrecostos, los regidores del Cabildo revocaron a la presidenta municipal la facultad de firmar cualquier contrato por parte del ayuntamiento de San Pedro Cholula. A la par, pidieron al tesorero entregar a la brevedad la información relacionada para detectar si existe alguna anomalía.
Las inconformidades con la gestión de la alcaldesa ocasionaron que su primer informe de gobierno se viera opacado por golpes y señalamientos derivados del supuesto mal manejo de los recursos. Durante la sesión de Cabildo, el regidor de Morena, Alejandro Oaxaca, ventiló presuntos sobrecostos y anomalías financieras. Entre ellas que el árbol de navidad colocado en diciembre pasado costó más de cuatro millones de pesos.
A lo anterior se sumó que cuando Paola Angon salió del Palacio Municipal de Cholula, un grupo de pobladores inconformes protagonizaron una trifulca con elementos de la policía municipal, luego de que unos regidores opositores intentaron abrirles el paso. Tras algunos jaloneos y golpes, los agentes de seguridad se retiraron, lo que le permitió a los quejosos hacer pronunciamientos sobre el informe y la forma en la que se desarrolló.
El asesinato de agentes ministeriales
El morenista Carlos Ignacio Mier Bañuelos, hijo del diputado federal y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, ha estado en el ojo del huracán desde que ganó la presidencia del municipio de Tecamachalco con el respaldo de Morena porque se le acusó de ser impuesto por su padre.
Una de las personas que criticó el triunfo de Mier Bañuelos fue Marisol Cruz, militante de la fuerza política de izquierda y exalcaldesa del municipio, quien buscó la reelección en el cargo.
A un mes de que el hijo del legislador federal asumiera las riendas de Tecamachalco se enfrentó a su primera crisis de seguridad, que todavía es condenada por la opinión pública. El asesinato de tres agentes ministeriales a manos de elementos de la seguridad en el municipio.
La noche del 19 de noviembre se difundieron videos a través de redes sociales en donde se observó cómo los miembros de la policía municipal arremetieron contra los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE). Un día después se confirmó la detención del secretario de Seguridad Pública, Alejandro Santizo, su escolta y 12 policías municipales como presuntos responsables.
El titular de la FGE, Gilberto Higuera Bernal, señaló en entrevista que los efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones, José Guillermo, Adrián y Miguel, fueron asesinados con el tiro de gracia. Durante la ceremonia en honor a los policías caídos el gobernador Miguel Barbosa prometió ir hasta las últimas consecuencias de los hechos para esclarecerlos.
En medio de la crisis, Ignacio Mier Bañuelos se fue a la Ciudad de México sin justificar el motivo por el que decidió abandonar la demarcación que tiene a su cargo y reapareció en el municipio que gobierna el 24 de noviembre.
El escándalo más reciente del hijo del legislador federal ocurrió la noche del 5 de octubre, cuando sujetos armados a bordo de una motocicleta llegaron a las instalaciones de un puesto de tacos y les dispararon a dos varones. De inmediato los vecinos de la colonia dieron aviso al número de emergencias 9-1-1, informaron que se había registrado una balacera sobre el bulevar, las autoridades municipales activaron el protocolo de seguridad y protección civil.
Al lugar arribaron elementos de la Policía local y paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes brindaron la atención a los hombres lesionados, que posteriormente fueron trasladados al Hospital General del municipio de Tecamachalco.
Sin embargo, alrededor de las 23:00 horas del mismo día se informó que el ayudante del taquero de aproximadamente 35 años de edad falleció por las heridas de arma de fuego que recibió. Hasta el momento se desconoce el origen del hecho y el presidente municipal no se ha pronunciado respecto al tema.
Tiraderos de basura a cielo abierto
En la lista de los alcaldes más polémicos se encuentra el morenista Pedro Tepole Hernández, del municipio de Tehuacán, el segundo más importante de Puebla.
En septiembre del 2022 fueron localizados cuatro cuerpos en estado de descomposición al interior de una fosa clandestina localizada en la comunidad de Santa Cruz Acapa.
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, aseguró que las cuatro personas que fueron asesinadas tenían vínculos criminales con el líder de una banda dedicada al narcomenudeo y detalló que los cuatro homicidios se cometieron en momentos distintos.
El funcionario informó que el caso ya ha sido esclarecido en su totalidad, porque autoridades ministeriales ya indagaron a profundidad el perímetro y descartaron la presencia de más restos humanos.
A lo anterior se suma la reciente crisis ambiental por el mal manejo de su basura, ya que desde hace un año fue clausurado su único relleno sanitario, ubicado en la junta auxiliar de Santa María Coapan, en donde se depositaban las más de 200 toneladas de residuos que generan diariamente sus 327 mil habitantes.
A pesar de esta problemática, el ayuntamiento no ha implementado soluciones, lo que se ve reflejado en un mal servicio de recolección de basura.
Una emboscada y ejecución
El pasado 9 de mayo, el entonces presidente municipal de Acatlán de Osorio, Arturo Cajica Gómez, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la policía estatal por los delitos del uso indebido de sus funciones al nombrar agentes de seguridad presuntamente de manera irregular y tras la ejecución de su director policial y esposa en una emboscada en agosto.
A finales de abril, Héctor García Álvarez y su esposa fueron asesinados en la carretera federal Puebla-Huajuapan, en un tramo que pertenece a Piaxtla. De acuerdo con información que brindó el gobernador Miguel Barbosa, el funcionario regresaba con su familia de una fiesta, en Tecomatlán, cuando fueron asesinados.
Posteriormente, se detuvieron 27 policías municipales, de los cuales solamente tres fueron liberados y el resto, 24, se quedaron presos tras ser vinculados a proceso por los delitos de usurpación de funciones y uso indebido de condecoraciones.
Un presidente municipal prófugo
Por ser objeto de una investigación debido a su presunta colusión con grupos criminales, el presidente municipal de Quimixtlán emanado del Partido Acción Nacional (PAN), Armando Pimentel Gómez, pidió licencia permanente y huyó de su ayuntamiento, reveló el gobernador Barbosa durante su conferencia de prensa matutina.
Aunque el mandatario estatal no detalló los ilícitos que se le acusan al alcalde, indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) sumó a su nombre varios expedientes porque presuntamente existen pruebas que acreditan su participación en diversos actos ilegales.
El escape del alcalde ocurrió después de que el pasado 31 de agosto la FGE detuvo a 20 elementos de la policía municipal porque se descubrieron sus supuestos vínculos con grupos criminales. El aseguramiento de los uniformados en el municipio se llevó a cabo en un operativo encabezado por la Agencia Estatal de Investigación y la Guardia Nacional en el que se les revisó el armamento y situación administrativa a los efectivos.
De este acontecimiento fueron vinculados a proceso los 14 uniformados de nombre Gaudencio, Salvador, Leobardo, José Armando, Jair Ulises, Felipe, Erubiel, Miguel, Tomás, Gelacio, Carmen Uriel, José Luis, Luis Enrique y Everardo, según dio a conocer días después la FGE.
Tras la fuga del exalcalde, el Cabildo de Quimixtlán aprobó la designación de José Manuel Pimentel como nuevo alcalde del municipio que colinda con Veracruz, en la región del Pico de Orizaba. Fue registrado como suplente al cargo en la planilla ganadora de la elección de 2021.
El desgaste puede revertirse en algunos casos: académico
Las administraciones con alcaldes o alcaldesas que han experimentado algún tipo de polémica pueden generar en los habitantes incertidumbre, desconfianza y una percepción de inseguridad, opinó el doctor en ciencias de gobierno y política y Profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Hervey Rivera González.
El experto declaró en entrevista que el desgaste que puede sufrir cada autoridad municipal dependerá de la polémica en la que se vea inmersa porque cada situación es diferente y depende de muchos factores, entre ellos la demarcación que se gobierne, si se trata de una primera gestión o reelección y la relación que se tiene con los ciudadanos.
“Aquí lo que tenemos que hacer es analizar cada caso y considero que eventualmente todavía pueden recomponerse, si estuviéramos hablando así de escasos meses sería muy complicado y la gente sí tendría esos datos, pero eventualmente si se componen las acciones, cierran con más resultados de como iniciaron, pueden tener todavía una oportunidad”, expresó.
Desde su óptica, la principal demanda que exigen los ciudadanos a los gobiernos municipales es la seguridad pública y la gente cada vez pide soluciones en un menor tiempo.
El catedrático de la máxima casa de estudios opinó que los presidentes municipales tienen la posibilidad de limpiar su imagen, aunque para ello deberán redoblar esfuerzos con el fin de demostrarle a la gente que realmente están enfocados en trabajar a favor de ellos.
Hervey Rivera expuso que la cercanía con la gente, campañas para el siguiente proceso electoral, manejo de crisis y acciones concretas pueden ayudar a disminuir el impacto de una polémica.
