Amanda Gómez Nava, auditora Superior del Estado (ASE), aseguró que la ley le impide hablar u opinar sobre las supuestas irregularidades financieras cometidas al erario poblano, mientras ella se desempeñaba como secretaria de la Función Pública (SFP).
En entrevista con medios de comunicación, Gómez Nava descartó que el Congreso de Puebla pueda llamarla a comparecer por las transacciones fallidas que ocurrieron al amparo de las finanzas públicas, tal como han pedido diversos diputados locales, principalmente los emanados del Partido Acción Nacional (PAN).
Argumentó que la ASE determinó el 6 de junio de 2022, mediante un acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), que la titular de ese organismo fiscalizador estaría excusada de opinar sobre su gestión como secretaria de la Función Pública.
“En el comunicado está la excusa por la cual no puedo opinar, supervisar, auditar ni cualquier tema que tenga que ver con el Ejecutivo en el tiempo en el que yo fui secretaria de la Función Pública”, expuso.
Por ello, a partir de ese decreto, ella defendió estar imposibilitada de rendir cuentas sobre su actuación en el servicio público, aun sin importar que en ese periodo se hayan cometido supuestas irregularidades.
“No puedo opinar al respecto porque la ley me lo impide a través de ese comunicado, que incluso lo pueden consultar en la página del Periódico Oficial del Estado, es un comunicado que se emitió el 2 de junio”, declaró.
No hay que olvidar que los principales casos que prendieron alarmas de la actual administración estatal fueron, en primer lugar, la inversión fallida de 600 millones de pesos realizada en Banco Accendo, una institución que se declaró en bancarrota en 2021.
El segundo caso fue el endeudamiento de 722 millones de pesos, que también heredó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina de la administración de Barbosa Huerta. Esta anomalía se detectó luego de que el Poder Ejecutivo local no gravó adecuadamente el concepto de despensas entregadas a servidores públicos.
No obstante, los diputados locales también buscan que se esclarezcan los motivos por los cuales el gobierno de Barbosa Huerta siguió pagando el litigio relacionado al endeudamiento que dejó el exmandatario Rafael Moreno Valle Rosas por 2 mil 609 millones de pesos, a partir de que se cometieron supuestos actos de doló contra la Hacienda nacional.
No hay que olvidar que este último compromiso fiscal fue liquidado por la administración de Céspedes Peregrina, pues, de lo contrario, los contribuyentes seguirían pagando los procesos judiciales emprendidos para excusar al Estado poblano de pagar dicha deuda.
Finalmente, cabe recordar que en días recientes, algunos legisladores locales denominados “diputados obradoristas”, se sumaron a las voces de sus compañeros panistas que pidieron llamar a comparecer a Gómez Nava, esencialmente por las anomalías financieras detectadas en la administración del exgobernador Miguel Barbosa Huerta.
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