Luego de que el Tercer Tribunal Colegiado en el Estado de Quintana Roo otorgó un amparo a José Kamel Nacif Borge, liberándolo de toda responsabilidad por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho, la organización Artículo 19 dio a conocer que, la sentencia denota desconocimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y tiene una clara intención de exonerar a todos los autores intelectuales.
Por su parte, María Lydia Cacho Ribeiro, denunció a la magistrada titular del tribunal, Selina Ahidé Avante Juárez y la secretaria en funciones de magistrada, Graciela Carrasco, por haber recibido un presunto soborno para emitir el amparo a Kamel Nacif.
En conferencia de prensa virtual, la periodista y miembros de la organización lamentaron que el órgano antes mencionado haya avalado el amparo bajo el argumento de que la aprehensión, así como tortura, no tiene relación con la publicación del libro “Los Demonios del Edén: el poder de la pornografía infantil en México”.
En su opinión, el análisis estuvo sesgado, ya que al momento de valorar las conversaciones telefónicas entre el exgobernador de Puebla, Mario Marín, referenciado en ellas como “el gober precioso”, y Kamel Nacif, reveladas en febrero de 2006, el Tercer Tribunal Colegiado consideró que, cuando Marín dice que acababa de dar “un pinche coscorrón a esta vieja cabrona (sic)”, se trata de una afirmación “vaga y genérica” que en México es utilizada para identificar a una mujer; pero ante la falta de precisión de algún nombre, no puede concluirse que entre todas las mujeres del mundo, se estén refiriendo a Lydia.
También mencionaron que las magistradas consideraron que “no hay pruebas fehacientes” sobre la existencia de una orden para torturar a la periodista por publicar el libro y que, todo lo sucedido y vivenciado por ella, se reduce a la responsabilidad de los dos policías que detuvieron a Cacho. Incluso, consideraron poco relevante que automóviles propiedad de Nacif acompañaran de forma ilegal a los policías judiciales durante el traslado de Cacho en el trayecto de Cancún-Puebla.
Por esta situación, Cacho Ribeiro, lamentó la corrupción, así como falta de justicia en su caso y acusó complicidad de diversos funcionarios con la delincuencia organizada. En este punto, dijo que las fuentes que tiene dentro del Poder Judicial Federal le informaron que el amparo se dio gracias a que Avante Juárez y Graciela Carrasco recibieron un presunto soborno.
Así tras los señalamientos en el amparo a Kamel Nacif, tanto Lydia Cacho como la organización Articulo 19 solicitaron una investigación pronta, imparcial, independiente y eficaz sobre los presuntos actos de corrupción acontecidos en el seno del Poder Judicial de la Federación. En suma, exhortaron al ministro presidente, Arturo Zaldívar, sobre la necesidad de depurar el aparato judicial federal y que se garantice justicia en el proceso en contra de los otros autores materiales e intelectuales.