Ser un defensor medioambiental o del territorio en Puebla es difícil, pero serlo sin saber leer o escribir es condenarse a la impunidad y a la corrupción de los organismos de procuración de justicia, alertan académicos, abogados y activistas en el estado, a propósito del Día Internacional de la Alfabetización, que se conmemora hoy.
Eduardo García Vázquez, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla, asegura que del total de denuncias que presentan estos defensores ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de quienes representan una amenaza para los espacios que defienden, menos del 10 por ciento se judicializan y culminan en una sentencia favorable para sus causas.
Pero esto solo pasa cuando los activistas del territorio poblano logran poner sus quejas ante la FGE, ya que los defensores que completan este proceso forman parte de una minoría, agrega Rodolfo Cruz Vadillo, investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). El especialista coincide con Armando García Ariza, académico de la Escuela Libre de Derecho de Puebla (ELDP), en que los trámites legales son el paso más difícil para los activistas con analfabetismo, toda vez que los organismos garantes de justicia en el estado tienen deficiencias para acercarlos y acompañarlos durante el proceso de presentación de una denuncia. En lugar de ayudarlos, se convirtieron en el principal sujeto de discriminación en su contra.
Aunque la falta de alfabetización de estos defensores da cuenta de la deuda que el sistema educativo estatal tiene con ellos, también evidencia la violación a los derechos humanos que el Estado realiza en contra de estos grupos que no son vulnerables, sino vulnerados, afirman los académicos.
Ante este panorama, los grupos en defensa del territorio o del medio ambiente están a la merced de recibir apoyo de un líder (que sí cuente con estas habilidades), o de actores externos que simpaticen con ellos y tengan la voluntad de ayudarlos. Aún con este apoyo, su situación es y será desfavorable, pues además de tratar de tener acceso a los servicios educativos y de justicia, deben enfrentarse a la persecución y las amenazas de muerte que reciben por continuar su lucha, sentencia Cruz Vadillo.
De acuerdo con el quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el último año Puebla se mantuvo entre los cinco estados del país con mayor número de población de 15 años y más que no sabía leer y escribir, con un índice del 6.4 por ciento.
Durante el año 2021, con tres casos registrados, la entidad poblana se posicionó en segundo lugar a nivel nacional con mayor número de asesinatos de defensores ambientales y del territorio, según reveló el Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2022, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Analfabetismo se tradujo en impunidad
En 2019 un grupo de activistas de Santa María Malacatepec, junta auxiliar del municipio de Ocoyucan, fue agredido mientras resguardaba el Cerro La Sombra, una zona que ha sido de interés para diversas empresas inmobiliarias y de construcción. Cerca de 60 personas, incluidos adultos mayores y niños, recibieron golpes y fueron amenazados con armas de fuego para dejar libre esta zona, comparte Emiliano Zambrano Aguilar, representante del Campamento de la Resistencia y Lucha en Defensa de la Tierra y Agua en esta demarcación.
Sofía Pastrana Vázquez fue una de las diversas mujeres que fueron víctimas de estos actos. Ella no sabe leer y escribir, pero esto no fue impedimento para que decidiera sumarse a esta lucha. Tras lo acontecido en ese año, con evidentes daños en el cuerpo y junto a sus compañeros, asistió a un Ministerio Público para dar cuenta de lo sucedido y se iniciara con el debido proceso para dar con los responsables. La denuncia no procedió y hasta ahora, cuatro años después, sigue sin recibir justicia.
“Desde que entramos nos ignoraron porque vieron que no sabíamos leer y escribir, con ayuda de una de mis niñas le pedí que me ayudara a leer los documentos y después fuimos a la Fiscalía a que nos tomaran nuestras declaraciones (…) más tarde dieron con uno de los hombres que nos agredió, pero lo tomaron más en cuenta y a nosotros nos hicieron a un lado”, lamenta.
La realidad en el estado es que hay gente que no puede ni pensar en acceder a la educación, porque sus prioridades están enfocadas en sobrevivir, en cuidar el territorio donde crecieron y donde tienen un arraigo cultural, sostiene Cruz Vadillo.
Si bien la alfabetización no resolverá sus problemas, les puede dar la oportunidad de construir redes de apoyo con agentes externos que sí pueden acceder con mayor facilidad a los sistemas de seguridad y justicia, especialistas en Derecho, o que tengan al alcance la información o las herramientas que ellos necesitan para que su lucha no sea invisible ante las autoridades, insiste.
Ahora, el problema radica en acercar este derecho de forma inmediata, pero garantizando que al priorizar su educación no será olvidada su lucha, remarca. “Es importante que tengan el conocimiento, pero también que se les de acceso a la justicia y esto implica que, sin importar su condición, tengan la certeza de que en estos organismos encontrarán un aliado y no una barrera”, comparte.
“Pueden decirles ‘firma aquí’, pero ellos no tienen el apoyo para saber qué están haciendo, el analfabetismo ya no solo es una barrera comunicativa, sino también tiene que ver con una barrera legal, por eso se levantan en armas, es el reflejo de que no son vistos, da cuenta de dónde el sistema fracasó”, hace hincapié.
La educación no responde a sus necesidades
La educación no responde a las necesidades de estos sectores sociales, que en su mayoría pertenecen a grupos indígenas o de alta marginación, por eso es visible y persistente el analfabetismo entre los defensores del territorio, alerta Gabriel Mendoza Zárate, académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla.
“Hay escuelas, pero no responden a las necesidades culturales e identitarias de este sector, no es que no quieran aprender o que no les guste asistir a clases, es que el sistema educativo no reconoce esa pluralidad y no se ponen los medios necesarios para integrarlos, aun cuando tengan los mismos derechos”, afirma.
En este sentido, es importante evidenciar que hay fallas para ellos, insiste. La calidad de los espacios educativos, los materiales de apoyo, la lengua con la que reciben la enseñanza y los contenidos quedaron cortos a sus necesidades.
“Se tiene la idea errónea de que la educación tiene que ser universal, que tiene que ser la misma para todos, pero ellos tienen necesidades en torno a su propio territorio, necesitan una enseñanza orientada a su propia cultura y desarrollo tal y como ellos la entienden y quieren avanzar, sobre qué quieren aprender, y, principalmente, que en este proceso se respete la relación que tienen con la naturaleza y la tierra”, solicita.
Hay una discriminación hacia estos grupos que sigue marcada en las instituciones por no saber leer y escribir. “Se metieron denuncias que no procedieron porque no tenemos justicia”, expresa Manuela García, integrante del movimiento en Malacatepec y de quien su esposo fue arrestado por defender el mismo territorio.
Casos como el suyo se replican mayormente en las mujeres de este colectivo, quienes no asistieron a la escuela no por falta de voluntad, sino porque sus condiciones de vida no se los permitieron.
“Yo sí iba a ir a la escuela, pero mi papá murió cuando mis hermanas y yo éramos muy chicas, mi mamá se quedó sola y trabajaba para darnos de comer, ¿qué le iba a alcanzar para llevarnos a la escuela? Apenas y podíamos juntar para vivir”, narra.
Sobre la discriminación
“¿De qué sirve el estudio si no defienden al pueblo, si no demuestran tantita compasión?”, reclama Francisca García, también activista en defensa del mismo cerro. En la cima de este lugar existen alrededor de 25 viviendas, todas hechas de madera o lámina, en ellas viven niños, adultos mayores y los activistas, quienes denuncian que tras la agresión que sufrieron hace cuatro años no cesó la violencia en su contra.
No encuentran justicia y tampoco paz. Al menos una vez al mes ven pasar un dron en lo alto de este cerro que suponen los está ‘vigilando’, por eso no pueden abandonar esta base de resistencia.
“En los trámites recibimos ayuda de un licenciado que se llama Hilario Alonso, hay quienes se compadecen cuando ven que nos hace a un lado la autoridad, entramos y desde que nos ven nos miran feo y le hacen caso a otra gente, yo pienso que ellos conocen bien de política y tienen mucha economía, la sueltan y por eso nos hacen menos a nosotros”, añade Emiliano Zambrano.
Estos grupos no solo muestran una exclusión en el ámbito educativo, sino que esta carencia les provocó una vulnerabilidad ante la discriminación por parte de las autoridades e incluso de la propia sociedad, opina el especialista de la UPAEP.
“Vivimos en un estado donde lamentablemente la discriminación es estructural”, opina el académico de la ELDP. A su decir, esta es una barrera adicional para que la procuración de justicia sea efectiva en el estado para estas personas.
“Incluso, en una estadística de los procedimientos que se ventilan en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH), me atrevería a decir que aproximadamente la mitad de los casos que recibe al año por actos de discriminación tienen relación con luchas sociales”, asegura.
El activismo es resistencia
No hay un número exacto de defensores ambientales y del territorio en el estado, pero podemos nombrar algunas de las causas que aquejan a estos grupos. Se lucha para defender el derecho humano al agua en Atlixco, se busca frenar la tala ilegal de árboles, el proyecto hidroeléctrico y minero en Ixtacamaxtitlán. En Tetela de Ocampo hay reportes de un trabajo ilícito de minería. En Cuetzalan y Coyolapa hay amenazas de otro proyecto hidroeléctrico y un intento de privatización del agua en Ocotepec, así como en Zacatepec, en donde la unión de los pueblos logró cerrar el abastecimiento de agua a la empresa Bonafont.
De acuerdo con el CEMDA, en el año 2021 Puebla perdió tres activistas, todos defensores de la comunidad nahua en Coyomeapan. Son Teófilo y Omar de 24 y 15 años, se dedicaban a la agricultura. También Marcelo de 45 años, quien era albañil. La lucha no terminó con ellos, agregan los académicos, continúa, pero requieren del apoyo más importante, el del Estado.
“Estas personas van a seguir resistiendo a pesar del desgaste, porque su defensa es por la dignidad y no en contra del sistema (…) el activismo debe ser visible porque refleja la deuda del Estado hacia ellos”, expresa García Vázquez.
El especialista de la Ibero Puebla hace un llamado para atender con urgencia la carencia educativa que persiste en estos grupos y los efectos negativos que esta provocó. Advierte que la reparación de los daños no es una tarea sencilla, debido a que sus necesidades van más allá de lo material.
“Hay impactos a nivel familiar y comunitario que es difícil reparar, estas personas no están esperando dinero, están tratando de tener justicia con las herramientas que tienen a la mano, eso los pone en una circunstancia de complejidad que debemos analizar”, refiere.
En tanto, el especialista de la UPAEP subraya que las acciones encaminadas a la alfabetización y acompañamiento de los defensores del territorio en Puebla deben empezar lo antes posible, pues el desplazamiento, el despojo y las amenazas de las que son víctimas no son a futuro, están sucediendo ahora mismo.
“No nos vamos a dar por vencidos y ahora tenemos más valor, dicen que nos van a matar, pero solo Dios va a decidir, estamos acabando nuestra vida aquí”, concluye Ángeles Ramírez, activista del mismo grupo.
